25/06/2025
ENTROPÍA POLÍTICA
Por Edgardo Lopez Robles
¿QUÉ PUEDE ESPERAR HUAUCHINANGO, SI YA LES QUITARON HASTA LA BANDERA?
Querido lector,
Han pasado más de 15 años desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y en municipios como Huauchinango y Juan Galindo, cerca de 30 mil cuentas —según la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica— siguen sin pagar el servicio. Viven sin un suministro confiable y sin una regularización legal, atrapadas en una disputa donde el gobierno ha evadido su responsabilidad y el SME, junto con sus aliados políticos, ha convertido la electricidad en moneda de cambio.
Se trata de un conflicto que, en los hechos, ya fue resuelto. Cuando el SME, encabezado por Martín Esparza y Miguel Márquez, convocó a sus agremiados a liquidarse para luego constituirse en una cooperativa y empresa (Generadora Fénix), fueron sus propios líderes quienes dieron por cerrado el capítulo de Luz y Fuerza del Centro. Es fundamental tenerlo claro: el SME ya no es un sindicato del Estado mexicano. Es una entidad del sector privado y por tanto carece de legitimidad para actuar como interlocutor ante la Comisión Federal de Electricidad, en el nombre de los usuarios de la región. Sus fines ya no son colectivos ni de interés público, sino de naturaleza estrictamente privada y corporativa.
Miguel Márquez Ríos, diputado local, se presenta hoy ante las comunidades como paladín de los usuarios eléctricos. En reuniones públicas especialmente la de Cuacuila ha proclamado: "Estamos del lado de la gente", asegurando que vigilará posibles abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) según reportó el portal informativo Séptimo Constitucional. Sin embargo, la contradicción es patente: resulta incompatible ejercer de legislador y, simultáneamente, fungir en vocero de una compañía privada vinculada al sector energético. El congresista no debe representar al pueblo y a dicha entidad de forma paralela. Si su lealtad está con el SME y con Generadora Fénix, corresponde que abandone su cargo público. En caso contrario, si responde al bien común, tiene la obligación de desvincularse explícitamente de las estructuras particulares que cimentaron su trayectoria política.
Otro componente de esta estrategia es la agrupación “Ciudadanos Unidos”, que en realidad opera como un brazo político del SME en la región, cuyo objetivo es colocarse en las mesas de negociación para, desde ahí, obtener dividendos. A pesar del nombre, no es una organización representativa de pueblo huauchinanguense. Sus integrantes pertenecen, en su mayoría, al mismo círculo del SME y del diputado. Ni la sociedad civil ni las autoridades municipales les han otorgado legitimidad o mandato alguno para hablar a favor de los usuarios.
Recientemente, durante un mitin en Cuacuila —como lo documentó el periodista Juan de Dios Lechuga Ledezma en Quinto Poder—, Miguel Márquez abandonó públicamente la consigna de “Borrón y Cuenta Nueva” y llamó a “pagar lo justo”. Aunque en apariencia el mensaje es sensato, en el fondo representa una ruptura con cientos de usuarios que, en el transcurso de más de 15 años, lo acompañaron creyendo en esa bandera de lucha. Ese giro no sólo traiciona una narrativa que él mismo construyó, sino que revela un error táctico y estratégico: al cambiar el discurso sin asumir responsabilidad ni ofrecer claridad, debilita su base social y exhibe la improvisación detrás del movimiento.
Entonces, la pregunta clave es: ¿qué busca realmente el SME en este momento? Si la lucha por LyFC terminó con la liquidación de sus trabajadores y el surgimiento de su cooperativa, ¿por qué siguen interviniendo? La respuesta es clara: quieren convertir a la empresa Fénix no sólo en generadora de electricidad —como hoy opera— sino también en distribuidora y comercializadora, con lo cual cerrarían el círculo del negocio energético regional. Pero esa facultad no la tienen. Y para obtenerla, necesitan que exista un entorno de conflicto, de tensión y de presión social, que les dé una posición negociadora frente al gobierno federal.
Esa negociación, si ha de existir, debe ser encabezada por autoridades con legitimidad ética, política y constitucional, no por un sindicato transformado en empresa privada, ni por un diputado con evidente conflicto de intereses. Tanto Miguel Márquez Ríos como Martín Esparza han sido señalados públicamente por presuntos delitos, entre ellos la posible operación de criptomonedas en instalaciones del SME —como documentó la revista Proceso en su edición 0022, correspondiente a abril de 2025—. A ello se suman denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa, robo de energía y despojo de aguas, promovidas por Mario Benítez Chávez, ex trabajador e integrante del propio gremio.
¿Qué puede esperar hoy el usuario huauchinanguense, si aquellos que alguna vez enarbolaron la defensa del patrimonio energético nacional, y luego el “Borrón y Cuenta Nueva”, han terminado por abandonar ambas banderas? Cuando se traicionan todas los principios, lo que queda no es el progreso ni la solución: es el vacío. Y esa ausencia, si no la llena el Estado con institucionalidad y legalidad, lo seguirán llenando quienes lucran con la confusión y el miedo.
¡Nos leemos en la próxima edición!
