13/03/2026
🔴💥🤑Regidores ricos y pueblo pobre en Ixmiquilpan; además, abuso de autoridad judicial contra mujeres vulnerables🏛️🔊
BOCÓN
Ixmiquilpan.------ Un nuevo escándalo político sacude al municipio de Ixmiquilpan luego de que se revelara que tres regidores del partido Nueva Alianza perciben doble salario con recursos públicos, al recibir sueldos tanto por sus cargos en el ayuntamiento como por sus plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), situación que podría contravenir disposiciones legales vigentes.
Los regidores Enrique Villeda Perusquía, Francisca Berenice Reséndiz Labra y Cecilia Ibarra Pedraza perciben en conjunto más de 2 millones 800 mil pesos anuales, sumando sus ingresos como docentes y como integrantes del cabildo.
En el caso de Enrique Villeda Perusquía, su ingreso anual ronda un millón 30 mil pesos, resultado de su plaza como maestro y su salario como regidor.
Cabe destacar que este regidor aliancista tiene un parentesco con el presidente municipal Emanuel Hernández, ya que es papá de su expareja de nombre Erandi y abuelo de su hija
Al mismo tiempo, la regidora Francisca Berenice Reséndiz Labra, quien preside la Comisión de Educación y Cultura dentro del cabildo, percibe cerca de 970 mil pesos al año entre su sueldo como maestra —adscrita a la secundaria Justo Sierra— y su salario como regidora.
A pesar de encabezar la comisión relacionada con el sector educativo en el cabildo, ella tiene escasa actividad legislativa o iniciativas relevantes en materia de educación y cultura en beneficio de Ixmiquilpan.
La tercera regidora señalada es Cecilia Ibarra Pedraza, quien percibe más de 826 mil pesos anuales entre sus ingresos como docente y su cargo en el cabildo.
Ibarra, originaria del municipio de Santiago de Anaya, también enfrenta cuestionamientos debido a que habría integrado a familiares en la nómina municipal, particularmente a sus hijos, lo que viene siendo indudablemente nepotismo municipal.
Además, se le identifica como dirigente local de Nueva Alianza en Ixmiquilpan, ella por cierto, exmilitante del desaparecido Podemos
Este hecho podría generar un debate debido a que hay disposiciones legales vigentes.
De acuerdo al artículo 101 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019, establece que cuando un docente acepta un cargo público que le impida cumplir con sus funciones educativas debe separarse de su plaza sin goce de sueldo mientras dure el encargo.
Asimismo, el artículo 157 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, reformado por última vez en julio de 2025, establece límites en las remuneraciones de los servidores públicos.
A este contexto de cuestionamientos políticos en Ixmiquilpan que involucran al SNTE y al partido Nueva Alianza, se suma un caso judicial que ha generado preocupación e indignación social, en el que se señala a la maestra Juana N, originaria del municipio de Cardonal y líder sindical radical, por un uso indebido de influencias dentro de un proceso legal.
De acuerdo a datos difundidos, la carpeta de investigación 07-2024-01317, que derivó en la causa penal 126/2025, involucra a Juana Muthe Roque, mientras que otras denunciantes, identificadas como Carmen Guadalupe N, Lesly Saraid N y Candi Selina N, mantienen la carpeta 07-2025-01234, la cual —según señalan— no ha sido procesada.
Aquí hay un mal actuar del Juez Rogelio Escamilla Cruz, junto con la Ministerio Público Yessika Hernández Anaya.
De acuerdo con testimonios del caso, las mujeres habrían sido víctima de agresiones previas por parte de la profesora Muthe, pero su condición precaria económica hace que enfrenten un proceso judicial que estaría siendo influenciado por actores sindicales del SNTE y autoridades del sistema de justicia hidalguense.
Las denunciantes aseguran que no se les han admitido pruebas dentro del proceso y que se les estaría exigiendo el pago de 160 mil pesos, que serían destinados a repartir entre el Juez y la agente del Ministerio Público, en un acto de corrupción de las leyes en perjuicio de las mujeres señaladas por su condición humilde.
La situación ha tenido graves repercusiones emocionales para una de ellas que presenta episodios severos de ansiedad y afectaciones psicológicas derivadas del proceso legal que la han llevado a episodios de suicidio.
Por lo cual se exige la atención de parte de las autoridades ya que existen redes de complicidad, protección política y sindical que estarían permitiendo este tipo de situaciones.
Existe una necesidad de legalizar y sobre todo llevar a los hechos el cobro de dobles sueldos por parte de regidores como las irregularidades dentro del proceso judicial denunciado para que no se padezca abuso de poder.
Las preguntas a las autoridades estatales son obligadas, a pesar de que ya se ha señalado con anterioridad y que el propio gobernador ha pedido que renuncien a alguno de sus cargos los funcionarios públicos que estén dobleteando funciones:
¿Está permitido dentro del marco legal que regidores que perciben dos sueldos públicos terminen ganando más que el propio gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca?
Y en el caso del proceso judicial denunciado, ¿el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, encabezado por Rebeca Aladro Echeverría, considera permitido la corrupción de funcionarios judiciales señalados por irregularidades en el debido proceso judicial?.
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