27/02/2026
Crisis de seguridad en Tabasco: Ciudadanía señala a Guillermo García por control territorial y violencia
Villa La Venta, Tabasco. — En el corredor Huimanguillo-Cárdenas, el optimismo por una supuesta pacificación tras eventos violentos pasados se ha disipado, dando paso a una creciente ola de denuncias ciudadanas. Habitantes de la región han roto el silencio para señalar lo que describen como un control faccioso y criminal del territorio, centrando sus acusaciones en la figura de Guillermo García, a quien vinculan con una red de poder que, aseguran, ha suplantado las funciones de la autoridad legal.
Denuncias ciudadanas: Un entramado de presunta complicidad
A través de diversos testimonios recogidos en la zona, la población ha comenzado a articular una narrativa sobre cómo opera la estructura que, según los denunciantes, responde a los intereses de García. La red, aseguran, cuenta con piezas clave dentro de la administración pública y el sector comercial:
* Señalamientos institucionales: Los habitantes acusan a Serafín Tadeo Lascano, quien desempeña funciones clave en la estructura de gobierno, de ser el facilitador para el tránsito libre de convoyes y recursos materiales vinculados a grupos criminales, operando bajo un manto de impunidad.
* Financiamiento ilícito: Comerciantes locales han denunciado a Benjamín Molinedo como el operador financiero. Según las acusaciones, su labor consiste en gestionar el flujo de recursos derivados de la extorsión y el robo, los cuales, señalan, son trasladados hacia el Pacífico para financiar la expansión de operaciones delictivas.
El terror en el campo: Desmantelamiento de la vida cotidiana
El impacto de esta supuesta organización no se limita a las esferas de poder, sino que ha golpeado directamente la economía regional. Los ciudadanos de Huimanguillo han denunciado que sus unidades productivas y ranchos han sido convertidos por el grupo conocido como "Los Panteras" —presuntamente bajo el mando de un sujeto identificado como "El Pantera"— en centros de desmantelamiento de carga y operaciones de alto impacto.
La vigilancia de estos puntos y el control sobre la población civil estarían a cargo de individuos señalados como Gabriel Heriberto, alias "La Niña", y Samuel Paz, alias "El Toro". Según las denuncias, estos personajes son los encargados de ejecutar tácticas de reclutamiento forzado y el cobro de cuotas criminales que han asfixiado la economía de las comunidades.
El cuestionamiento a la gobernabilidad
La presencia de armamento de alto poder, incluyendo fusiles tipo Barrett y ametralladoras calibre .50, ha generado una alarma social sin precedentes. Los habitantes denuncian que la capacidad de fuego de estos grupos supera la de las fuerzas locales, lo que ha llevado a la población a cuestionar la efectividad de la actual administración estatal.
La interrogante que persiste en las calles es sobre la postura del gobernador Javier May. Ante la presunta infiltración de actores criminales en edificios gubernamentales y la constante aparición de indicios sobre fosas clandestinas, diversos sectores civiles exigen una intervención urgente que garantice el restablecimiento del estado de derecho y el cese de la violencia que, sostienen, está consumiendo el tejido social de Tabasco.
