22/07/2026
FACTA NON VERBA
¿QUIÉN ASESINÓ A LUIS FERNANDO PEÓN CARDÍN
Cuando una Fiscalía deja de buscar al asesino y concentra sus esfuerzos en construir un culpable.
Por Víctor Flores.
El 17 de julio de 2018, hace 8 años, en un paraje de la carretera Cancún-Puerto Morelos, apareció mu**to y en vuelto en una sábana el cuerpo de Luis Fernando Peón Cardín, un ex empleado de la CTM.
Un día antes, la madrugada del 16 de julio, hubo un robo a las oficinas de la CTM de Cancún, un jugoso botín de 4 millones de pesos en efectivo, joyas y relojes finos que fue denunciado ese mismo día ante la Fiscalía General del Estado.
La mañana del 16 de julio, agentes ministeriales acudieron a las instalaciones sindicales para iniciar las investigaciones. Levantaron indicios, entrevistaron personal de la CTM, obtuvieron información sobre posibles sospechosos.
Veinticuatro horas después apareció el cadáver de Luis Fernando.
Han transcurrido ocho años.
Y la pregunta esencial continúa sin respuesta.
¿Quién mató a Luis Fernando Peón Cardín?
La Fiscalía nunca esclareció el robo.
Tampoco identificó y llevó ante la justicia al autor material o a los autores materiales del homicidio.
Ambas investigaciones quedaron prácticamente congeladas.
Han pasado exactamente 8 años de estos hechos, y a la fecha los agentes ministeriales que fueron a la CTM tomar datos y declaraciones para esclarecer los hechos del robo no han ofrecido resultados.
La Fiscalía nunca esclareció el robo.
De igual manera los agentes ministeriales de Fiscalía, tampoco identificaron y llevaron ante la justicia al asesino material o los asesinos de Luis Fernando Peón, encontrado mu**to a la altura del hotel Moon Palace y el Parque Xoximilco.
Lo verdaderamente preocupante no es solamente que dos delitos de alto impacto permanezcan impunes.
Lo inquietante es que, durante años, la investigación pareció perder de vista su objetivo fundamental: descubrir qué ocurrió realmente, quién robó y quién asesinó.
En torno a esos hechos surgieron distintas líneas de investigación.
Una de ellas sostenía que Luis Fernando habría participado en el robo junto con otras personas y que posteriormente habría sido asesinado por sus propios cómplices para apropiarse del botín.
Otra hipótesis, mencionada públicamente por distintas voces, planteó la posibilidad de que los agentes vinculados a la investigación hubieran intervenido ilegalmente después de conocer el valor del botín de casi 10 millones de pesos entre dinero en efectivo, joyas y relojes finos.
Ninguna de esas líneas fue esclarecida por la autoridad.
Lo que sí existe es el testimonio público de familiares de Luis Fernando, quienes denunciaron que la noche del 16 de julio un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y se lo llevaron por la fuerza.
Al día siguiente apareció mu**to.
Esa denuncia tampoco produjo resultados conocidos.
Durante siete años el expediente permaneció prácticamente inmóvil.
Hasta que ocurrió algo inesperado.
El 27 julio de 2025, siete años después, la Fiscalía a cargo de Raciel López Salazar, desempolvo el expediente, reactivó el caso y dirigió la investigación contra el dirigente cetemista Isidro Santamaría Casanova, para señalarlo como presunto inductor del homicidio.
El eje central de esa nueva acusación fue el testimonio de una ex trabajadora de limpieza de la CTM, identificada en el expediente como AGKD.
La fiscalía citó a declarar a AGKD y la fabricó como testigo, para inculpar al líder cetemista Isidro Santamaría de ser al autor intelectual (Inductor) del as*****to de Luis Fernando.
Anita N. identificada como AGKD, la presunta testigo de la Fiscalía, denunció que nunca hizo tal declaración asentada en el expediente en contra de su ex jefe cetemista y que fue obligándola a firmar cosas que no dijo y que sí asentaron en el expediente 060/2025, por el cual denunció al Fiscal del caso, Pedro Luis Hernández, de tortura sicológica.
Anita “N” única testigo de la Fiscalía para detener e imputar a Santamaría, desmintió en plena audiencia judicial y ante el juez de control, que haya declaro todo lo asentado en dicha carpeta de investigación.
Durante la audiencia judicial, la propia testigo negó haber realizado diversas afirmaciones atribuidas a ella dentro de la carpeta de investigación y denunció presuntas irregularidades durante la obtención de su declaración.
Asimismo, presentó una denuncia penal contra el fiscal que la torturó.
La defensa de Santamaría sostiene que la acusación carece de pruebas suficientes y ha denunciado diversas violaciones al debido proceso.
Pese a ello, el dirigente fue vinculado a proceso.
Ese hecho abre una discusión mucho más profunda.
Porque la verdadera función de una Fiscalía no consiste únicamente en obtener vinculaciones a proceso.
Su obligación constitucional es esclarecer los hechos, agotar todas las líneas de investigación y presentar pruebas sólidas que permitan identificar y sancionar a los verdaderos responsables.
Ocho años después, las preguntas fundamentales permanecen intactas.
¿Quién asesinó a Luis Fernando Peón Cardín?
¿Quiénes participaron en el robo cometido la madrugada del 16 de julio de 2018?
¿Dónde terminó el dinero, las joyas y los relojes reportados como robados?
¿Por qué esas investigaciones permanecieron sin resolverse durante tantos años?
¿Y por qué el expediente fue reactivado siete años después con una teoría distinta y el objeto de perseguir y encarcelar sin pruebas a Isidro Santamaría?
Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, la familia de Luis Fernando seguirá esperando justicia.
Y la sociedad también.
Cuando una investigación deja sin resolver el crimen original y las principales dudas continúan abiertas, la confianza en la Fiscalía inevitablemente se debilita.
La justicia no puede construirse sobre expedientes incompletos, pruebas fabricadas, investigaciones parciales y persecuciones personales.
Debe descansar en pruebas y buscar la verdad.
Y esa verdad, ocho años después, sigue sin aparecer, mientras la Fiscalía recurre a pruebas fabricadas, dilaciones, violaciones al debido proceso y complicidades para mantener preso, injustamente, al dirigente cetemista.
FACTA NON VERBA.
