10/12/2025
PERITO JUDICIAL ENFRENTA PROCESO PENAL POR PRESUNTAMENTE FALSEAR DICTAMEN PARA BENEFICIAR A MÉDICO DEMANDADO
El Tribunal de Baja California Sur determinó que existen elementos para procesar a un perito médico acusado de emitir información falsa ante un juez civil, con el posible objetivo de favorecer a un médico señalado por negligencia quirúrgica.
El día de hoy 09 de diciembre del año 2025, la justicia penal de Baja California Sur avanza contra presuntas prácticas de encubrimiento dentro del ámbito médico. Un médico en cirugía general fue vinculado a proceso por el delito de dictaminación falsa ante autoridad, tras determinarse que existen datos suficientes para sostener que habría alterado de manera dolosa la verdad científica en un juicio civil, presuntamente con la finalidad de beneficiar al médico bariatra demandado LOUIS AVITH “N” por negligencia quirúrgica.
El imputado, DANIEL N., actuó como perito dentro de un juicio ordinario civil iniciado por un paciente que fue sometido a una cirugía de apéndice que resultó defectuosa. Posteriormente, el paciente tuvo que ser intervenido de nuevo debido a la presencia de un apéndice residual no extraído en la primera operación, lo que finalmente motivó una resección intestinal de mayor gravedad.
Los análisis histopatológicos realizados por especialistas independientes confirmaron que, durante la segunda cirugía, sí existía tejido apendicular residual, lo cual evidenciaba que la primera operación no había sido completa.
Sin embargo, al rendir su dictamen pericial ante el juez civil, el hoy imputado negó categóricamente la existencia del apéndice, sosteniendo que la extracción inicial había sido correcta y asegurando que lo que había padecido el paciente había sido una enfermedad diverticular, pese a que el informe científico base del expediente contradecía de forma directa su versión.
De acuerdo con la resolución judicial, el perito omitió responder de manera puntual a las preguntas técnicas formuladas y, en su lugar, introdujo conclusiones personales que distorsionaban los datos médicos reales. Esta actuación habría generado confusión en la autoridad judicial encargada de resolver el litigio civil, entorpeciendo la correcta administración de justicia.
El Tribunal sostuvo que existen suficientes indicios para estimar que el perito no sólo conocía la verdad científica contenida en el informe histopatológico, sino que, aun así, decidió emitir respuestas incompatibles con dicho estudio, previendo el efecto engañoso que su dictamen tendría en la valoración judicial del caso, conducta que encuadra dentro del concepto jurídico de dolo eventual.
La Sala Penal reconoció que resulta particularmente grave que un perito —figura auxiliar de la justicia cuyo deber es actuar con absoluta imparcialidad y rigor científico— pueda emplear su posición para favorecer a una de las partes del procedimiento, en este caso, el médico demandado, comprometiendo así no sólo el resultado de un juicio específico, sino la confianza pública en la medicina pericial como instrumento fundamental del sistema judicial.
El delito imputado de dictaminación falsa ante autoridad tutela directamente bienes jurídicos como la fe pública, la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia, pero además, por su carácter pluriofensivo, impacta también en los derechos de las víctimas, cuya posibilidad de obtener una resolución justa puede verse anulada por dictámenes manipulados.
En su resolución, el Tribunal fue contundente: la intervención del perito no se trató de una simple diferencia de criterio médico, sino de una actuación con apariencia de intencionalidad para alterar la verdad procesal, aceptar el riesgo de inducir a error al juzgador y beneficiar al médico señalado, actuando en protección corporativa por encima de la ética profesional y del deber legal.
Con la vinculación a proceso, el imputado enfrentará ahora una investigación penal formal, durante la cual el Ministerio Público podrá ampliar la recolección de pruebas para sostener la acusación en juicio. En caso de acreditarse plenamente su responsabilidad, la ley contempla p***s de hasta siete años de prisión, multa económica y suspensión profesional de hasta diez años para ejercer cargos o funciones relacionadas con su actividad médica o pericial.
Especialistas consultados destacan que este caso marca un precedente relevante para la medicina legal en México, donde por años se han denunciado prácticas de protección entre colegas que generan una grave sensación de impunidad en asuntos de negligencia médica.
El mensaje del Poder Judicial es claro: la falsificación o manipulación de dictámenes periciales no será tolerada, pues vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y coloca en riesgo directo a futuros pacientes, al normalizar encubrimientos que permiten errores quirúrgicos sin consecuencias.
Autoridades judiciales reiteraron que los peritos, lejos de ser defensores de intereses particulares, están obligados legalmente a servir a la verdad científica con objetividad y responsabilidad social, pues su palabra puede definir el destino de procesos judiciales que involucran vidas humanas.
El caso continuará su curso en tribunales, mientras organizaciones civiles y asociaciones médicas observan el desarrollo del proceso como una señal del combate a prácticas corruptas dentro del ámbito de la medicina pericial mexicana.
