16/04/2026
𝐋𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐨́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐟𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐨𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐢 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬.
Regidores de su propio cabildo han convertido la gestión pública en una plataforma de promoción personal, utilizando recursos del Ayuntamiento para construir una narrativa de cercanía social que, en los hechos, resulta cuestionable.
En contraste, la regidora 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨𝐭𝐨 ha optado por una ruta distinta: la de aportar de su propio ingreso para atender necesidades reales de la ciudadanía. Más allá de cualquier intención de posicionamiento, hay un hecho verificable que marca diferencia: cuando el recurso sale del bolsillo propio, el discurso cambia y la credibilidad también. Ese tipo de acciones, aunque puedan ser debatidas en su forma, sí establecen una línea clara entre quien gestiona y quien se apropia del mérito.
El problema es que no todos siguen esa lógica. 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫 ❞𝐃𝐫𝐨𝐠𝐨❞ 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐬 y 𝐀𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐓𝐫𝐞𝐣𝐨 han sido señalados por ciudadanos por encabezar entregas de sillas de ruedas y otros apoyos financiados con dinero público, pero presentados como si fueran gestiones personales. No hay aportación propia, pero sí una estrategia constante de posicionamiento.
Lo grave no es la entrega de apoyos —que es obligación del gobierno—, sino la apropiación del crédito político. Convertir recursos institucionales en propaganda personalizada no solo desvirtúa la función pública, sino que evidencia una competencia interna adelantada por espacios de poder.
En lugar de fortalecer el proyecto de gobierno, estas prácticas lo erosionan desde dentro. La percepción ciudadana comienza a ser clara: mientras unos simulan cercanía, otros intentan construirla con recursos propios; pero en ambos casos, la línea entre servicio y promoción se vuelve cada vez más delgada.
En Tampico ya se comenta abiertamente que algunos regidores actúan más como candidatos en campaña que como funcionarios en funciones. Aspiraciones adelantadas, protagonismos individuales y uso político de los programas sociales están marcando el rumbo.
Si no hay control interno, el costo político será inevitable. Porque cuando el dinero es público pero el crédito se vuelve privado, lo que se erosiona no es solo la imagen de unos cuantos, sino la legitimidad de toda una administración.
Y en ese escenario, la pregunta ya no es quién hace más… sino quién lo hace con honestidad.