18/07/2026
En Las Vigas de Ramírez, cada vez son más los ciudadanos que se preguntan si algunos nombramientos públicos se hicieron por capacidad o por simple compromiso político. Particularmente llama la atención el desempeño y los antecedentes de ciertas funcionarias que parecen haber confundido el servicio público con un concurso de arrogancia.
Lo verdaderamente relevante es que cuando se trata de personas que desconocen sus derechos, el discurso suele ser firme, autoritario y lleno de referencias legales. Sin embargo, la historia parece cambiar cuando enfrente hay profesionales del derecho capaces de cuestionar decisiones y exigir fundamentos jurídicos precisos.
Los recientes hechos que involucran la intervención de autoridades municipales sobre un menor han vuelto a encender el debate sobre la transparencia. Si las actuaciones son correctas y apegadas a derecho, entonces no debería existir ningún inconveniente en que sean documentadas por la ciudadanía. Al contrario: las cámaras se han convertido en el mejor antídoto contra los abusos y la improvisación.
Porque una cosa es citar artículos de memoria y otra muy distinta entenderlos. Una cosa es portar un cargo público y otra ejercerlo con conocimiento, prudencia y respeto. La ley no se presume; se demuestra en juzgados, en Fiscalías y no con personas que a duras p***s entienden lo que está sucediendo.
Mientras tanto, en las calles sigue resonando una pregunta incómoda: si la promesa era contar con servidores públicos preparados, sensibles, profesionales y con conocimiento pleno de los protocolosadecuados, ¿era esto exactamente lo que esperaban los ciudadanos cuando acudieron a las urnas?
