15/07/2026
Absuelven a Arturo Millet Reyes y exhiben el uso político que se hacía de la justicia en Yucatán
Tras dos semanas de juicio oral, el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento del Estado de Yucatán absolvió al empresario yucateco Arturo Millet Reyes, quien fue llevado a proceso por el delito de abuso de confianza equiparado dentro de la carpeta administrativa 39/2025.
En la denuncia contra Millet Reyes se pretendía un pago por la cantidad de $117’810,000.00, y fue interpuesta por los señores José Luis Rodríguez Rodríguez, Daniel Florentino Rodríguez Rodríguez, Aurelio Ernesto Rodríguez Rodríguez, José Antonio Claros Bernal, Manuel Thomas Mier Fernández, Guillermo Andrés Wolff Michaus y Alfredo Rios Madrid, conocidos como los “Los Huaches del Country”, un grupo de septuagenarios jubilados y pseudo inversionistas inmobiliarios, los cuales son liderados por los señores José Luis Rodríguez Rodríguez, alias “El Camello”, y Alfredo Rios Madrid, alias “La tachuela”, quienes bajo engaños convencieron a sus familiares y “amigos” para invertir en la compra de unos terrenos ejidales en el Estado de Quintana Roo, sabiendo de los riesgos que este tipo de operaciones conlleva.
Pero el desenlace judicial no sólo favoreció a Millet Reyes: también volvió a poner bajo la lupa la forma en que durante años se utilizó el aparato penal para empujar un conflicto que, desde la defensa del empresario, siempre debió ventilarse en la vía mercantil y no en los tribunales penales.
Un caso arrastrado durante más de una década
Cabe señalar que esta denuncia, junto con otra en donde Millet Reyes ya fue injustamente condenado, fue interpuesta en el mes de agosto del año 2015 por los querellantes, bajo la asesoría de su abogado de cabecera, el exfiscal venido a menos, Lic. W***y "El Charlatán" Cetina, quien, cuando fue nombrado Fiscal General del Estado por el exgobernador Mauricio Vila Dosal, en el mes de octubre de 2018, se aprovechó de su posición en la Fiscalía del Estado para judicializar, primero, la carpeta en la que ya hubo condena y, posteriormente, esta misma carpeta, que había permanecido sin ningún movimiento desde su presentación en el año 2015.
Esta carpeta no se había podido judicializar porque no tenía los elementos necesarios para ello, ya que era un asunto estrictamente mercantil; pero, al llegar "El Charlatán" Cetina a la Fiscalía, presionó al Poder Judicial para que lo hiciera y vinculara a proceso al empresario Millet Reyes, quien se ha defendido durante todo el tiempo que duró el Gobierno anterior y particularmente durante todo el tiempo que "El Charlatán" Cetina permaneció como titular de la Fiscalía General del Estado
En un nuevo contexto político y judicial, la Fiscalía no logró convencer al Tribunal de Enjuiciamiento que existieran bases suficientes para una condena. El resultado fue contundente: Arturo Millet Reyes fue absuelto.
La resolución no es menor. Después de años de litigio, presión pública, desgaste económico y afectación personal, el Tribunal concluyó que no había elementos para responsabilizar penalmente al empresario. Dicho de otra forma: el caso se sostuvo durante años, pero no resistió el escrutinio final del juicio oral.
El trasfondo político que no puede ignorarse
La absolución también reaviva cuestionamientos sobre lo que durante mucho tiempo se denunció en voz baja en Yucatán: el uso de la procuración de justicia como herramienta de presión, castigo o negociación política y económica.
Durante el sexenio pasado, múltiples actores denunciaron que algunos expedientes avanzaban no por su solidez jurídica, sino por el interés del ex Fiscal General Wilbert Cetina. El caso de Arturo Millet Reyes encaja, para muchos, exactamente en esa narrativa: una carpeta que permaneció años sin movimiento y que después fue empujada hasta juicio, sólo para terminar derrumbándose frente al Tribunal.
La pregunta es inevitable: si al final no había elementos suficientes para condenar, por qué se sostuvo durante tanto tiempo una persecución penal de esta magnitud.
Cuando el proceso se convierte en castigo
Más allá del fallo absolutorio, el caso deja una lección incómoda sobre el sistema de justicia, en ocasiones, aunque una persona resulte absuelta, el daño ya está hecho.
A Arturo Millet Reyes no sólo se le llevó a juicio, también se le obligó a cargar durante años con el peso de una acusación penal, con el desgaste reputacional, económico, familiar y emocional que eso implica. En los hechos, el proceso mismo terminó funcionando como castigo, que seguramente continuará en otras instancias.
Y ahí está el fondo del problema: en un Estado de derecho, la justicia no puede operar como instrumento de presión ni como mecanismo para prolongar pleitos que, por su naturaleza, debieron resolverse en otra vía. Cuando eso ocurre, el ciudadano no sólo enfrenta a una contraparte privada, sino a todo el poder del Estado.
La otra sombra: el juicio diverso en el que fue sentenciado
La absolución en este caso tampoco puede analizarse de manera aislada. Sobre Arturo Millet Reyes pesa además el antecedente de otro juicio diverso en el que fue sentenciado, proceso que, desde la óptica de su defensa y de quienes han seguido de cerca ambos expedientes, también estuvo marcado por un desarrollo profundamente cuestionable.
Esa percepción se acentúa por un hecho políticamente imposible de ignorar: una parte sustancial de ese otro proceso se desarrolló mientras Wilbert “El Charlatán” Cetina ocupaba la titularidad de la Fiscalía General del Estado. En ese contexto, la sospecha de que la influencia política e institucional en aquel momento, pudo haber incidido en el rumbo del caso no sólo persiste, sino que cobra nueva fuerza a la luz de esta absolución.
No se trata únicamente de discutir una sentencia o una carpeta por separado. Se trata de observar el patrón que se siguió antes: expedientes reactivados, procesos prolongados, decisiones severas y una maquinaria institucional que, vista en conjunto, proyecta la imagen de una justicia utilizada con criterios que van más allá de lo estrictamente jurídico. Cuando un imputado enfrenta dos procesos idénticos, de alto impacto y en uno termina condenado en un contexto político y en otro absuelto en un contexto político diverso, inevitablemente surge la duda sobre si en el primero verdaderamente prevaleció la justicia o si pesaron factores extrajurídicos.
Una absolución que también es un mensaje
La absolución de Arturo Millet Reyes no es únicamente una victoria jurídica personal. Es también un mensaje político y público: no todo lo que se judicializa merece una condena, y no toda persecución penal está respaldada por la verdad.
Después de más de una década de señalamientos, litigios y exposición, el fallo absolutorio deja en evidencia que el tiempo no siempre confirma la acusación; a veces, sólo confirma el tamaño de la injusticia.
Porque cuando una persona pasa años sometida a procesos penales que terminan exhibiendo debilidad, insuficiencia probatoria proveniente de la Fiscalía, lo que queda no es sólo una discusión jurídica, queda la impresión de que fue arrastrada por una lógica de persecución de la que era muy difícil salir. Y en el caso de Arturo Millet Reyes, esa es precisamente la reflexión de fondo: que más allá de los expedientes y los tecnicismos, hay una historia de desgaste, arbitrariedad y afectación prolongada que no puede entenderse sino como una de las expresiones más duras de la injusticia institucional a la que enfrenta todo ciudadano ante la Fiscalía General del Estado cuando se encuentra en manos de un “Charlatan”.
