06/08/2025
JURISDICCIÓN YUCATECA EN LA MIRA DE LA SUPREMA CORTE POR CASO CASTILLA ROCHE-PONCE GARCÍA
Yucatán: Tribunal desestima prescripción en caso millonario; defensa apunta a la Suprema Corte por presunta “justicia selectiva” y competencia forzada.
Mérida, Yucatán – El Tribunal Primero de Enjuiciamiento desestimó hoy la solicitud de prescripción en el mediático caso entre Ermilo Castilla Roche y Fernando Francisco Javier Ponce García, un revés que mantiene viva una causa con más de una década de antigüedad.
Para la defensa, el eje del debate tal como fue presentado en la audiencia es clave: la querella original se presentó el 18 de septiembre de 2013; un año después –18 de septiembre de 2014– operó la prescripción prevista en el artículo 121 del Código Penal de Yucatán. Sin embargo, la acusación se reactivó hasta el 15 de junio de 2015, más de ocho meses fuera del plazo legal, lo que transformaría el proceso en un trámite “sin objeto jurídico”.
La audiencia continúa mañana con el testimonio de nuevos testigos. El expediente, que involucra a destacadas figuras del empresariado, exhibe múltiples irregularidades, según la defensa. Uno de los puntos más polémicos es la manera en que la carpeta llegó a Yucatán: el Ministerio Público sostiene que el supuesto plan delictivo “se concibió durante un vuelo”, argumento que, para los abogados, forzó la competencia territorial.
Defensa colegiada de alto perfil
La defensa colegiada está coordinada por el abogado Elmer Novelo, quien colabora con el mismo equipo jurídico que representó a Florence Cassez y Julio Scherer. Con ese respaldo, el equipo legal acusa a la Fiscalía de un “acto de revancha” y advierte que la negativa a la prescripción contradice criterios federales de la Suprema Corte.
Poder notarial plenamente vigente
Otro flanco clave del litigio es la vigencia del poder notarial que legitimó las operaciones inmobiliarias cuestionadas. Dicho poder estaba plenamente vigente al momento de las transacciones y fue determinante para que tribunales de Quintana Roo resolvieran a favor del ahora acusado en todas las instancias. La validez puede acreditarse con cualquiera de los dos instrumentos notariales disponibles en el expediente, debilitando la premisa de la acusación.
De acuerdo con el censo 2023 del INEGI, en Yucatán solo 3 de cada 10 denuncias se judicializan, con una duración promedio de 5 años. No obstante, el proceso Castilla-Ponce ya supera la década, alimentando la percepción de “justicia selectiva” y poniendo bajo escrutinio la eficiencia del sistema judicial local.
