26/11/2025
🔴⚠️ "México en punto de quiebre protesta, seguridad y el dilema del poder".
México atraviesa una coyuntura que redefine su pulso político y social. En cuestión de semanas el país ha visto surgir movilizaciones multitudinarias encabezadas, en gran medida, por jóvenes que reclaman seguridad, justicia y un alto a la corrupción. A este frente se suma la marcha del 25 de noviembre, donde miles de mujeres tomaron las calles para denunciar la violencia de género y exigir un Estado que no solo escuche, sino que actúe con resultados verificables, eso, sin contar a los Productores Limoneros y Aguacateros así como también los Transportistas quienes están cerrando carreteras y calles en las distintas ciudades de México, pero esa, es otra historia.
El detonante inmediato que encendió el ánimo social fue el as*****to de un alcalde que se había pronunciado abiertamente contra el crimen organizado. La indignación popular que siguió a este episodio desbordó el ámbito local y desembocó en manifestaciones nacionales. Lo que comenzó como una protesta pacífica escaló, en algunos puntos del país, hacia choques con cuerpos policiales, dejando heridos, detenidos y una sensación creciente de fractura entre la autoridad y la ciudadanía.
La llamada “Generación Z” se ha co lolocado en el centro del escenario político con un lenguaje propio, una capacidad de convocatoria digital explosiva y una narrativa que interpela directamente al poder. Para muchos, estos jóvenes representan el hartazgo generacional frente a un sistema que no ha logrado garantizar seguridad ni movilidad social. Para otros, el movimiento es todavía difuso, vulnerable a infiltraciones y a discursos que buscan deslegitimarlo o capturarlo políticamente.
Frente a la presión social, el gobierno ha optado por una línea de endurecimiento penal, aprobando medidas que incrementan p***s por delitos graves especialmente la extorsión y sosteniendo públicamente la necesidad de mayor control del orden público. Esta estrategia ofrece una sensación de respuesta inmediata, pero también despierta inquietudes ¿se está apostando a la fuerza antes que a la reforma?, ¿se prioriza el castigo por encima de la reconstrucción institucional?, ¿se atienden las causas o solo los efectos?
En paralelo, el movimiento feminista demostró nuevamente su fuerza y permanencia. Las marchas del 25N, aunque mayormente pacíficas, recordaron que la violencia contra las mujeres constituye una crisis sostenida que trasciende administraciones. Las exigencias van más allá de nuevas leyes demandan cambios estructurales, educación con perspectiva de género, mecanismos de protección eficaces, justicia accesible y una transformación cultural que aún avanza demasiado lento.
El país se encuentra, por tanto, frente a dos caminos que ya se dibujan con nitidez. Uno, el del endurecimiento, que apuesta por la contención del conflicto social mediante sanciones más severas y un mensaje de control estatal. Otro, el del diálogo y la reforma profunda, donde la participación ciudadana y la corresponsabilidad institucional pueden transformar el descontento en política pública de largo alcance.
Ambas rutas conviven hoy en tensión. Ninguna garantiza resultados inmediatos, pero la decisión entre una y otra definirá el tipo de país que seremos en la próxima década. Si las autoridades responden exclusivamente con fuerza, el costo democrático puede ser elevado y el descontento multiplicarse. Si se apuesta por abrir canales reales de interlocución, por fortalecer las fiscalías, por profesionalizar la seguridad pública y por dar voz a quienes hoy protestan, el conflicto puede convertirse en un punto de inflexión histórico.
México está ante una oportunidad rara y frágil. La calle ya habló. Falta saber si el Estado escuchará para transformar o solo para contener. No son tiempos de simulación, sino de destino.
