14/08/2026
La crisis del examen de admisión UNAM 2026: hechos, intereses e hipótesis políticas 👇🏼
Lo ocurrido con el Concurso de Selección UNAM 2026 difícilmente puede reducirse a una sola explicación. La modalidad en línea, las irregularidades detectadas durante la aplicación, el comportamiento extraordinario de los resultados, las decisiones posteriores de la Universidad y los movimientos recientes dentro de Rectoría dibujan una crisis mucho más compleja.
La pregunta que vale la pena plantear es:
¿Estamos solamente frente a una cadena de errores técnicos y administrativos, o la crisis también está revelando una disputa interna por el control político, operativo y económico de la Universidad?
Por ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmar que hubo un sabotaje deliberado. Pero sí existen hechos e indicios que justifican analizar esa posibilidad como una hipótesis y, sobre todo, preguntarnos quién controlaba cada parte del proceso.
1. El origen de la crisis: algo más que la modalidad en línea
Una explicación recurrente ha sido atribuir las irregularidades simplemente al cambio del examen presencial al examen en línea.
Sin embargo, esa explicación parece insuficiente.
El problema no consiste únicamente en preguntarnos cómo presentaron el examen los aspirantes, sino también cómo fue construido, administrado, distribuido y custodiado el propio instrumento de evaluación.
Uno de los elementos que merece mayor investigación es la posible repetición de reactivos o versiones entre aspirantes que presentaron el examen en distintos momentos. Existen testimonios de sustentantes, docentes y material que circuló en redes sociales que apuntan en esa dirección. Esto podría ayudar a explicar por qué determinados reactivos pudieron conocerse antes de aplicaciones posteriores.
Pero es importante establecer la diferencia: estos elementos constituyen indicios y testimonios, no una demostración documental de cómo la UNAM distribuyó internamente las versiones del examen.
Por ello, la pregunta central debería ser:
¿Cuántas versiones reales existieron, cómo fueron asignadas entre días y horarios y quién tuvo la responsabilidad de administrar esa distribución?
La diferencia es fundamental porque una plataforma tecnológica puede encargarse de aplicar y vigilar un examen, pero no necesariamente de decidir qué reactivos contiene cada versión.
El comportamiento del proceso de bachillerato resulta además un punto de comparación importante. Si mediante una infraestructura tecnológica semejante pueden obtenerse resultados considerablemente distintos, entonces resulta difícil atribuir todo el problema exclusivamente a la modalidad digital.
Esto obliga a investigar también las decisiones académicas y administrativas tomadas antes de que cada aspirante encendiera su computadora.
2. El cambio de modelo también modificó intereses económicos
La digitalización del examen no solamente representó una transformación tecnológica.
También modificó un modelo operativo que durante décadas requirió impresión de cientos de miles de cuadernillos, distribución, almacenamiento, vigilancia, contratación de espacios, personal y una enorme estructura logística.
El contrato con Territorium Life demuestra que el nuevo modelo tampoco era económicamente menor: involucraba decenas de millones de pesos.
Por ello existe una pregunta legítima:
¿Qué intereses económicos y administrativos fueron modificados por la transición del examen presencial masivo hacia un sistema predominantemente digital?
La existencia de esos intereses no demuestra que alguno de los grupos afectados haya provocado la crisis.
Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia.
Pero en cualquier análisis político serio resulta necesario identificar quién ganaba, quién perdía y qué estructuras institucionales cambiaban con el nuevo modelo.
Porque una transformación de esta magnitud no solamente cambia la forma de presentar un examen: también redistribuye contratos, responsabilidades, presupuesto y poder administrativo.
3. Territorium: distinguir el fallo tecnológico del fallo académico
Territorium se convirtió rápidamente en uno de los principales señalados por la crisis.
Y existen razones para revisar su actuación.
La capacidad de supervisar adecuadamente a decenas de miles de aspirantes, detectar ayuda externa, impedir suplantaciones y responder frente al posible uso de dispositivos o inteligencia artificial forma parte de la seguridad que debía ofrecer el sistema.
Pero aquí existe una distinción que no deberíamos perder:
la seguridad tecnológica del examen no es lo mismo que la seguridad académica del examen.
Si un aspirante logra recibir ayuda externa, estamos frente a un problema de vigilancia.
Pero si diferentes aspirantes reciben los mismos reactivos en horarios sucesivos y estos comienzan a circular entre aplicaciones, estaríamos frente a otro problema completamente diferente: el diseño y administración de las versiones del examen.
Y para determinar responsabilidades necesitamos conocer algo que hasta ahora resulta fundamental:
¿Quién controlaba cada eslabón de la cadena?
¿Quién elaboró el banco de reactivos?
¿Quién seleccionó las preguntas?
¿Quién generó las versiones?
¿Quién decidió qué versión correspondía a cada horario?
¿Quién entregó esa información a la plataforma?
¿Quién custodió los reactivos?
¿Y quién supervisó que todo ese procedimiento fuera suficientemente seguro?
Hasta reconstruir esa cadena, atribuir toda la crisis a Territorium puede resultar tan precipitado como exonerar completamente a la empresa.
4. La crisis técnica se convirtió en una crisis política
Las universidades públicas no son instituciones políticamente homogéneas.
Dentro de la UNAM existen desde hace décadas diferentes grupos, generaciones y proyectos que disputan espacios de influencia académica y administrativa.
La crisis del examen apareció además en un momento particularmente delicado para la administración del rector Leonardo Lomelí.
Por ello resulta legítimo analizar cómo los distintos grupos universitarios están utilizando o interpretando políticamente lo ocurrido.
Algunos sectores pueden encontrar en la crisis argumentos para cuestionar la digitalización y recuperar esquemas tradicionales de operación.
Otros pueden utilizarla para cuestionar la propia legitimidad del examen de selección.
Y otros pueden convertirla en evidencia de una pérdida de control político de Rectoría.
Pero nuevamente debemos distinguir dos cosas:
1)Aprovechar políticamente una crisis no significa necesariamente haberla provocado.
Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para establecer una cadena causal que permita afirmar que alguno de estos grupos produjo deliberadamente el colapso del proceso.
2)Lo que sí puede analizarse es quién gana influencia después de la crisis y quién la pierde.
Y ahí aparece uno de los movimientos políticos más interesantes de todo este episodio.
5. El movimiento en Secretaría General y el reequilibrio del poder
La crisis dejó de ser solamente un problema del examen cuando comenzó a producir consecuencias en la estructura de gobierno universitario.
La salida de Patricia Dávila de la Secretaría General y la llegada de Javier de la Fuente Hernández representan mucho más que un cambio administrativo.
La Secretaría General constituye uno de los principales centros de operación política de la Universidad.
Por ello, la incorporación de una figura con una extensa trayectoria institucional y vinculada con administraciones universitarias anteriores puede interpretarse como un reequilibrio del poder interno alrededor del rector Leonardo Lomelí.
Esto no significa necesariamente que Lomelí haya “entregado” la Universidad a un grupo contrario.
Pero sí permite plantear una hipótesis política:
Ante una de las crisis más delicadas de su administración, Rectoría pudo haber necesitado ampliar su coalición interna de gobierno e incorporar actores con capacidad de negociación dentro de estructuras universitarias que el rector por sí solo ya no podía controlar con la misma facilidad.
Si esta interpretación es correcta, el examen de admisión habría terminado provocando consecuencias mucho mayores que la revisión de algunos resultados.
Habría alterado el equilibrio político dentro de la propia Rectoría.
Conclusión: la pregunta que todavía no está resuelta.
Nada de lo anterior demuestra, por sí mismo, que haya existido un sabotaje interno.
Esa diferencia debe quedar perfectamente clara.
Pero tampoco parece suficiente explicar todo lo sucedido diciendo simplemente que “el examen en línea falló”.
Tenemos una sucesión extraordinaria de acontecimientos:
a) un cambio histórico de modalidad;
b) irregularidades durante la aplicación;
c) resultados que requieren explicación estadística;
d) posible circulación y repetición de reactivos;
e) denuncias de fraude;
f) cuestionamientos a la vigilancia;
g) una Comisión Técnica;
h) un examen extraordinario de control;
i) un conflicto alrededor del proveedor tecnológico;
j) y finalmente movimientos importantes dentro de la estructura política de Rectoría.
Cada acontecimiento puede tener una explicación independiente.
Pero cuando todos ocurren alrededor del mismo proceso, resulta legítimo formular una pregunta más profunda:
¿La crisis del examen UNAM 2026 fue únicamente producto de errores tecnológicos y administrativos, o esos errores ocurrieron dentro de una disputa institucional mucho mayor?
Por ahora, hablar de sabotaje como un hecho sería ir más allá de la evidencia disponible.
Pero investigarlo como hipótesis es completamente distinto.
Y para hacerlo no necesitamos comenzar buscando culpables.
Necesitamos algo mucho más sencillo:
a) Reconstruir la cadena de decisiones.
b) Quién diseñó el examen.
c) Quién administró sus versiones.
d) Quién conocía los reactivos.
e) Quién decidió los horarios.
f) Quién supervisó la plataforma.
g) Quién detectó las anomalías.
h) Quién decidió cómo responder.
Y, finalmente:
i) quién perdió poder y quién lo ganó después de la crisis.
Cuando podamos responder esas preguntas con documentos y no solamente con testimonios, probablemente podremos entender qué ocurrió realmente con el examen de admisión UNAM 2026.
Prof. Guillermo Rosas Alvarez
