16/11/2025
Nota de Repudio y Denuncia.
Hoy, 15 de noviembre de 2025, hemos sido testigos de un grave atropello a los derechos más fundamentales: el de manifestarse libremente, expresarse con dignidad y ser escuchados por un Estado que parece olvidar sus propias garantías constitucionales.
Miles de jóvenes —principalmente de la llamada “Generación Z”— salieron a las calles para alzar la voz contra la violencia, la corrupción y la impunidad.
Esta marcha, convocada con valentía, era su derecho más elemental. Pero lo que debía ser una manifestación pacífica se convirtió en una pesadilla de represión cuando las autoridades respondieron con brutalidad absurda.
En el Zócalo de la Ciudad de México, tras derribar vallas soldadas que protegían Palacio Nacional, los granaderos atacaron con gases lacrimógenos, golpes, empujones y represión desmedida.
Los reportes, jóvenes intentaban dialogar y quejarse, pero fueron agredidos: uno de ellos, desarmado, fue alcanzado con tanta violencia que le dislocaron el codo.
Esto no es protesta, es represión; no es disenso, es violencia institucional sin justificación.
Jamás habíamos visto una acción tan brutal por parte de nuestros granaderos.
Este nivel de agresión, justo en contra de manifestantes jóvenes, es una señal alarmante: no solo están pisoteando su derecho a la protesta, sino que están golpeando el futuro al golpear a quienes se atreven a pedir justicia.
No basta decir que “hay un cierre de filas” o que “es solo un grupo radical”: lo que presenciamos hoy es la destrucción del principio de diálogo social, de la discrepancia pacífica, del derecho a disentir sin que te lastimen.
Un Estado que viola los derechos de su juventud pierde legitimidad.
Un gobierno que arremete contra sus manifestantes con granaderos no solo reprime, sino que intimida a toda la ciudadanía.
Exigimos:
1. Que las autoridades rindan cuentas por la violencia ejercida hoy.
2. Que se abra una investigación independiente sobre el uso excesivo de la autoridad y abusos.
3. Que se respete de aquí en adelante el derecho a manifestarse sin temor.
4. Que se garantice seguridad para los jóvenes que alzan la voz: no pueden ser tratados como enemigos por moverse pacíficamente.
No podemos permitir que este acto se normalice.
El Estado tiene la obligación de proteger a su pueblo, no de golpearlo.
Estas agresiones deben ser repudiadas por todos: ciudadanos, iglesias, organizaciones y medios.
Si hoy callamos ante esta violencia brutal, estamos renunciando al derecho mismo de ser libres.
No lo permitamos.
