07/05/2026
¿REALMENTE SE PROHIBIERON LAS PELEAS DE ANIMALES EN EL ESTADO DE MÉXICO?
Recientemente se anunció que las peleas de animales ya estaban prohibidas en el Estado de México, la entrada en de la nueva Ley de "Bienestar Animal" en el Estado de México se presentó supuestamente como un avance: prohíbe peleas de animales en términos generales, introduce obligaciones de cuidado y establece sanciones. Sin embargo, apenas se revisa con detalle, aparece una grieta bastante grave: las autoridades aclararon que, por ahora, no se sancionan ni se prohíben explícitamente las peleas de gallos ni las corridas de toros. Es decir, la ley condena ciertas formas de violencia, pero deja intactas otras que, casualmente, están más organizadas, tienen respaldo económico y gozan de legitimidad cultural en ciertos sectores.
Ahí es donde la efectividad de esta “protección” empieza a ponerse en duda, ya si una ley permite excepciones justo en los espacios donde la explotación está más institucionalizada, entonces no está enfrentando el problema de fondo, sino administrándolo. La violencia y explotación contra los animales no desaparece; simplemente se redistribuye entre lo que resulta políticamente tolerable y lo que no. Se castiga lo clandestino, lo marginal, lo difícil de defender públicamente, pero se evita confrontar aquello que mueve dinero, empleos, espectáculos y redes de poder.
Esto no es una contradicción accidental. Tiene que ver con cómo operan las leyes dentro de un sistema donde la lógica del capital atraviesa prácticamente todo. Cuando una práctica genera ingresos, moviliza industrias o tiene capacidad de presión organizada, como ocurre con galleros o sectores ligados a la tauromaquia, las regulaciones tienden a volverse ambiguas, graduales o directamente permisivas. No porque no se reconozca el lo anti ético de dichas practicas, sino porque el costo político y económico de prohibirlo por completo es más alto que el de dejarlo existir bajo ciertas condiciones.
Por eso estas leyes suelen quedarse a medias. No son necesariamente inútiles, pero sí limitadas: avanzan hasta donde el equilibrio de fuerzas lo permite. Y en ese equilibrio, quienes tienen más recursos, organización y peso económico pueden influir en qué se prohíbe, qué se regula y qué se tolera. El resultado es una protección fragmentada, donde el criterio no es la coherencia ética respecto a los animales, sino la viabilidad dentro del sistema.
Mientras los animales sigan siendo considerados recursos, entretenimiento o mercancía dentro de una economía que prioriza la rentabilidad, cualquier intento legal de “protegerlos” tendrá límites claros. No porque falte información o evidencia de que explotarlos está mal, sino porque ese daño está integrado en estructuras que generan valor económico. Y cuando eso ocurre, la protección tiende a negociarse, diluirse o aplazarse, dejando una sensación constante de avance… que nunca termina de llegar.