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ENTROPÍA POLÍTICA

950 AFILIACIONES Y UNA PREGUNTA:¿DÓNDE QUEDARON LOS LÍMITES?

Por Edgardo López Robles

Querido lector: en días recientes, la llamada Casa de Gestión del diputado local del Partido Verde, Miguel Márquez Ríos, se convirtió en sede de un acto de afiliación a Morena. Según cifras oficiales, 950 personas se sumaron al padrón. Hasta aquí, todo parecería un ejercicio ordinario de activismo político, salvo por un detalle: el personaje que encabeza dicha operación es un viejo conocido de los expedientes judiciales y sindicales.

Sin embargo, esto trasciende la simple afiliación de militantes. Lo que se vivió ahí fue un nuevo capítulo en la estrategia de blanqueamiento político de Miguel Márquez Ríos. Una operación gradual, meticulosamente construida, donde cualquier evento público busca quitarle peso a los señalamientos que arrastra. Ayer fue este acto con la dirigencia de Morena; mañana será otro con líderes comunitarios, con figuras estatales... o con perritos. Todo con un solo objetivo: reposicionarlo como un actor respetable frente a un electorado cada vez más crítico.

Y es aquí donde el caso de Miguel Márquez se vuelve escandaloso, no por la fotografía en sí, sino por lo que representa. El SME de Juan Galindo, que dirige Márquez Ríos, ha sido señalado en averiguaciones federales vinculadas al llamado “huachicol eléctrico”: robo de energía en instalaciones ligadas al sindicato, granjas de criptomonedas, pérdidas millonarias para la CFE, y la presunta existencia de un aparato de complicidad política. No se trata de rumores de café ni de calumnias de redes sociales: hablamos de datos públicos, respaldados por operativos, expedientes judiciales e investigaciones periodísticas como la realizada por Gabriela Hernández, de la revista Proceso.

La presencia de Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta estatal de Morena, no es menor. Su asistencia legitimó un evento cuyo verdadero propósito parece menos vinculado al crecimiento del movimiento de la Cuarta Transformación y más a la rehabilitación pública de un actor político con un historial que está lejos de ser ejemplar.

Para dimensionar la gravedad, imaginemos lo siguiente: sería como si en Tabasco, cuna de López Obrador, Morena organizara una jornada de afiliación bajo el manto protector de Hernán Bermúdez Requena y asistiera el presidente estatal del partido. Guardando las proporciones, el mensaje político con Márquez Ríos es el mismo: Morena deja de ser diferente y comienza a parecerse peligrosamente a lo que juró combatir.

Este análisis no es un ataque personal. No se trata de linchar mediáticamente a Miguel Márquez. Al igual que en el caso de Hernán Bermúdez Requena en Tabasco, serán las autoridades judiciales quienes deban dictaminar cualquier posible responsabilidad. Pero resulta preocupante que Morena, en lugar de blindarse, permita estas incorporaciones sin una evaluación seria sobre su impacto ético, político y social.

Ahora bien, una cuestión es el debido proceso legal, y otra muy distinta es la lectura política. Porque la ética no espera sentencias. La conducta exige criterio, sentido común y una mínima dosis de congruencia. La política no es un tribunal, pero sí es un espacio donde se construyen símbolos, se mandan mensajes y se definen rumbos.

Y cuando un partido que prometió ser distinto se abraza públicamente con figuras que arrastran expedientes abiertos o investigaciones en curso, el mensaje que transmite es demoledor: la legalidad puede estar en duda, pero la ética ya se perdió. No es necesario que haya una condena firme para que la ciudadanía sienta desconfianza. Basta la sensación de que se está pactando con lo mismo de siempre.

En un momento donde Morena enfrenta una etapa de madurez y definición, conviene recordar que la gente distingue entre la inclusión y la cooptación. Los ciudadanos ya no son ingenuos. La pregunta es: ¿lo son quienes dirigen el movimiento?

¡Nos leemos en la próxima edición!

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