03/07/2025
Rubén Muñoz fue imputado por uso ilegal de suelo en La Paz
Este miércoles 2 de julio, se formalizaron las imputaciones por delitos de corrupción contra el expresidente municipal de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez y dos exregidores, Juan Ramón Domínguez Leyva y Pilar Eduardo Carballo Ruíz.
La jornada comenzó entre incertidumbre y puertas cerradas. A las 9:30 horas, en la Sala de Oralidad Número 1 del Centro de Justicia Penal, estaba programada la audiencia inicial contra el exalcalde de La Paz y los exregidores.
Aunque en un inicio se informó que la sesión sería “privada”, finalmente se permitió el acceso a medios de comunicación desde el área de atención al público.
A paso apresurado y rostro serio, los imputados fueron ingresando a la sala. Pilar Carballo, visiblemente nervioso, fue de los primeros en llegar. Juan Ramón Domínguez firmaba documentos de último momento.
Rubén Muñoz, a su llegada, saludó brevemente a los denunciantes, estrechando la mano y deseando buenos días. La audiencia dio inicio a las 9:35 horas ante la jueza de control, Esmeralda Bethsabet León Bustamante.
La parte acusadora estuvo representada por el fiscal anticorrupción Lenin Ortiz Amao, el agente del Ministerio Público Juan Carlos Lupercio García, el abogado Baldomero Mendoza por el ayuntamiento de La Paz, y los representantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), el abogado Arturo Rubio Ruiz y su apoderado legal Carlos Rubio.
Los delitos por los que se formularon imputaciones fueron ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, ambos previstos en el Código Penal de Baja California Sur.
No logran aplazar audiencia
La audiencia se vio entorpecida por una nueva solicitud de diferimiento por parte de la defensa, lo que generó un extenso debate técnico que se prolongó por casi una hora y media.
El abogado de Pilar Carballo, Vicente Gorozave, argumentó que no había tenido tiempo suficiente para analizar un plano que les fue entregado apenas el 1 de julio, el cual consideró esencial para la adecuada defensa.
Ferrer y Lizandro, abogados de Juan Ramón y Rubén respectivamente, respaldaron esta solicitud, insistiendo en la necesidad de asesoría técnica y autenticación de documentos que consideraban ilegibles.
La jueza negó la solicitud. “No ha lugar”, resolvió, argumentando que aún no se había leído formalmente la imputación y que el plano podía interpretarse en esta misma audiencia.
Durante los intercambios, Pilar Carballo pidió un receso para ir al baño, alegando malestar por una cortada en la pierna y el uso de analgésicos.
El fiscal Ortiz Amao señaló que las solicitudes de la defensa carecían de buena fe, y que esta era ya la tercera ocasión en que se intentaba dilatar el proceso. “Parece que se turnan para pedir el diferimiento”, expresó.
Pidieron vinculación a proceso, se resuelve el lunes
Tras los alegatos, la fiscalía procedió a formular la imputación. Se señaló que, en marzo de 2021, durante el XVI ayuntamiento de La Paz, los imputados aprobaron un cambio de uso de suelo al predio denominado Zacatecas.
Este está ubicado en el tramo La Paz-San Juan de la Costa y se intentó la modificación a favor del desarrollo Misión Punta Norte del Grupo Sinow, representado por José Carlos González Macías.
El predio, según los documentos presentados, tenía mayoritariamente uso de suelo de protección ecológica ambiental.
Diversas instancias técnicas, incluido el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), habían emitido dictámenes en contra.
No obstante, el cambio fue aprobado con 9 votos a favor en Cabildo, entre ellos los tres imputados, sin que se cumpliera con los procedimientos normativos requeridos.
La fiscalía consideró esto como un acto doloso y concertado entre los servidores públicos, facilitando indebidamente un beneficio a un particular.
“Se puso en riesgo a la ciudad”, declaró Lenin Ortiz en entrevista posterior para El Sudcaliforniano.
Añadió que se solicitó la vinculación a proceso sin medidas cautelares y que las imputaciones eran por una probable coautoría de los delitos.
El frente ciudadano, presente
Por su parte, Arturo Rubio, abogado del Freciudav, destacó que, tras años de lucha y el fin del fuero de Muñoz, finalmente se logró iniciar el procedimiento.
“El frente presentó la denuncia, el frente presentó dictámenes. Esto es una lucha ciudadana que encontró eco en las autoridades”, declaró.
Desde las afueras del juzgado, integrantes del Frente también se manifestaron. Flora Vega expresó: “Basta de impunidad y de vender sueños donde no hay agua ni infraestructura. Aquí estamos para exigir justicia”.
Al final de la audiencia, la jueza concedió a la defensa la duplicidad del plazo constitucional para entregar medios de prueba y testimonios, un total de 144 horas. La continuación quedó programada para el lunes 7 de julio a las 9:30 horas.
Se apercibió a los imputados que, de no presentarse, podrían ser sancionados con 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), o bien poco más de cinco mil 657 pesos, además de ser llevados por la fuerza pública.
La defensa solicitó comparecencias clave para la continuación, incluyendo a Mariana Orozco Camacho y Ulises Meza Ochoa exfuncionarios de ordenamiento territorial, así como una declaración por escrito de la alcaldesa Milena Quiroga Romero.
La jueza rechazó, en cambio, la solicitud de una reubicación laboral temporal de Juan Ramón dentro del Ayuntamiento, quien labora en una subdirección jurídica de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad.
Al salir, ni Rubén Muñoz ni los otros imputados ofrecieron declaraciones a El Sudcaliforniano. Se retiraron en silencio, evitando cualquier contacto con la prensa.
