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Pensar No es Neutral, Morelia, Morelia (2026)

25/05/2026

¿𝐎𝐭𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐮𝐭? 𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐲 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

Por años, el gobierno federal ha insistido en que el registro obligatorio de líneas telefónicas es una herramienta necesaria para combatir delitos como la extorsión, el secuestro virtual y los fraudes telefónicos; Sin embargo, la realidad parece demostrar que la ciudadanía no comparte ese entusiasmo, y no es para menos, México ya vivió un experimento similar con el fallido RENAUT durante el sexenio de Felipe Calderón, un padrón que terminó convertido en símbolo de fracaso, filtraciones y desconfianza.

Hoy, la historia parece repetirse, y a pesar de campañas, llamados oficiales y advertencias sobre posibles restricciones a líneas no registradas, millones de mexicanos simplemente no han querido entregar sus datos; Los números hablan por sí solos, de más de 140 millones de líneas móviles activas en el país, apenas alrededor de 48 millones han sido vinculadas oficialmente, dejando todavía más de 90 millones sin registrar.

Más que apatía, el mensaje parece ser un claro “NO” ciudadano, y es que el problema no es únicamente el registro en sí, sino quién administrará esa información; Porque mientras el gobierno pide confianza para concentrar datos personales, biométricos y digitales de millones de personas, el propio Estado ha sido víctima de hackeos, filtraciones y vulneraciones en distintas dependencias.

Entonces surge una pregunta inevitable… si no han podido proteger sus propios sistemas, ¿cómo garantizarán la seguridad de una base de datos nacional de celulares?

La preocupación tampoco es exagerada, pues hoy existe más tecnología, más rastreo digital, más cámaras y más control sobre la vida electrónica de las personas que hace quince años; Por eso, para muchos ciudadanos, este nuevo padrón representa más riesgos que beneficios.

Además, existe otra contradicción difícil de ignorar, en la que durante años, el actual grupo político en el poder criticó duramente las políticas de seguridad implementadas por gobiernos anteriores, especialmente las de Felipe Calderón, acusándolas de militarización, control y estrategias fallidas… Sin embargo, varias de las medidas actuales terminan pareciéndose demasiado a aquellas que antes condenaban.

El discurso cambió, pero la receta parece la misma, y mientras tanto, el ciudadano común sigue preguntándose algo muy simple, ¿realmente esto reducirá el crimen o solamente aumentará el control sobre quienes sí cumplen la ley?

Porque al final del día, quienes cometen delitos rara vez usan líneas registradas a su nombre; En cambio, quienes sí deberán entregar toda su información serán millones de personas trabajadoras que hoy observan con recelo cómo se intenta revivir un modelo que, en el pasado, ya fracasó.

17/05/2026

𝐄𝐥 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐥𝐞́𝐟𝐨𝐧𝐨: 𝐞𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

El verdadero debate detrás del registro obligatorio de líneas móviles en México
El gobierno federal insiste en que el registro obligatorio de líneas celulares busca combatir extorsiones, fraudes y delitos cometidos desde teléfonos anónimos.

En el discurso suena lógico.
¿Quién podría oponerse a reducir delitos?
¿Quién no quisiera vivir en un país más seguro?

El problema es que millones de mexicanos ya no están discutiendo solamente seguridad.
Están discutiendo confianza.

Porque la gran pregunta que muchos ciudadanos se hacen no es si el gobierno puede registrar líneas telefónicas. La verdadera pregunta es otra:
¿qué garantiza realmente este registro?
Y la respuesta incómoda es: muy poco.
La historia reciente demuestra que ni los registros obligatorios, ni las bases masivas de datos, ni los controles digitales han eliminado el crimen en los países donde se aplican.
Las extorsiones continúan.
Los fraudes continúan.
Las estafas digitales continúan.

¿Por qué?
Porque el crimen organizado y los grupos dedicados al fraude evolucionan mucho más rápido que cualquier regulación gubernamental.

Utilizan identidades robadas, chips desechables, redes internacionales, aplicaciones cifradas, cuentas hackeadas y tecnologías que cambian constantemente.

Mientras tanto, quien sí termina completamente identificado es el ciudadano común.
Y ahí es donde nace la preocupación.
Porque hoy el celular dejó de ser únicamente un aparato para llamar.

El teléfono móvil se convirtió en nuestra identidad digital.
Ahí están:
• nuestras cuentas bancarias,
• nuestros accesos,
• nuestras conversaciones,
• nuestras ubicaciones,
• nuestros documentos,
• nuestro trabajo,
• nuestras redes sociales,
• y prácticamente nuestra vida diaria.

Perder el acceso a una línea telefónica ya no significa quedarse incomunicado.
Significa quedar parcialmente fuera del mundo moderno.
Por eso la amenaza de suspensión de líneas genera tanta sensibilidad social.
Y el problema crece aún más cuando se observa la realidad mexicana.

Porque el gobierno pide confianza total en un país donde durante años hemos visto:
• filtraciones de datos,
• hackeos gubernamentales,
• corrupción,
• venta ilegal de bases de datos,
• llamadas fraudulentas con información personal precisa,
• y poca capacidad real para castigar a quienes delinquen.

Entonces surge una duda completamente legítima:
Si los bancos ya tienen nuestra CURP, identificación oficial, biométricos y hasta reconocimiento facial…

¿por qué el ciudadano debe entregar todavía más información sin garantías claras de protección?
Además, la medida deja vacíos prácticos enormes.
Millones de menores de edad utilizan celulares.
Muchos adultos tendrán varias líneas registradas a su nombre para hijos o familiares.
Con el tiempo habrá cambios de titularidad, trámites, bloqueos y posibles problemas administrativos.
Y mientras tanto, nada garantiza que los grupos criminales dejarán de operar.

Porque el problema de fondo no es solamente tecnológico.
Es institucional.
Un registro masivo no sustituye:
• investigaciones reales,
• combate a la corrupción,
• inteligencia financiera,
• ministerios públicos eficientes,
• ni sistemas de justicia confiables.

Por eso tanta gente percibe que esta medida no resolverá el problema de seguridad, sino que ampliará la capacidad de control y trazabilidad digital sobre la población.

Y ahí aparece el debate más importante de todos.
¿Hasta dónde debe llegar el Estado en nombre de la seguridad?
Porque una vez que millones de líneas telefónicas quedan vinculadas a identidades, CURP y datos personales, se construye una infraestructura digital gigantesca.
Hoy se dice que es para combatir delitos.

Pero mañana, cualquier gobierno futuro podría ampliar esos mecanismos hacia:
• biométricos obligatorios,
• vigilancia más profunda,
• integración con otros sistemas,
• o mayores niveles de monitoreo digital.

Ese es el verdadero temor de muchos ciudadanos.
No se trata solamente del gobierno actual.
Se trata del precedente.
Porque la seguridad absoluta nunca existirá.
Ningún registro eliminará por completo los fraudes o las extorsiones.

Pero una vez que la privacidad se entrega y la infraestructura de control se construye, recuperarla suele ser mucho más difícil.
Y quizá esa es la discusión que México realmente debería tener.

17/05/2026

𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐞 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐢́ 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

Memoria, generaciones y las historias que desaparecen… Hay algo extraño y silencioso ocurriendo frente a nosotros; el mundo cambia tan rápido que las nuevas generaciones comienzan a vivir sobre ruinas invisibles.

No hablo solamente de edificios viejos o costumbres antiguas, hablo de recuerdos completos, formas de vivir, lugares y experiencias que desaparecen sin dejar casi rastro.

Hace cuarenta años, muchos pueblos y ciudades de México tenían ojos de agua, arroyos, chorros naturales donde la gente convivía, se bañaba y pasaba las tardes, eran parte normal de la vida cotidiana.

Hoy, muchos de esos lugares ya no existen, algunos fueron cubiertos por concreto, otros se secaron y otros simplemente quedaron olvidados, y lo más impactante no es únicamente la desaparición física, lo verdaderamente impresionante es cómo desaparece también la memoria.

Uno intenta contarles a sus hijos: “Aquí había un ojo de agua”. “Ahí nos bañábamos”. “En esta calle jugábamos trompo y canicas”, pero ellos observan el lugar actual y apenas pueden imaginarlo, porque para ellos ese mundo nunca existió, sus recuerdos comienzan en otra realidad.

Los niños de hoy crecieron con celulares, pantallas, internet y videojuegos… Para ellos es completamente normal vivir conectados digitalmente. Así como para generaciones anteriores era normal salir a jugar hasta que anocheciera.

No es culpa de nadie, es simplemente el paso del tiempo, y quizá ahí está una de las reflexiones más profundas sobre la memoria humana; basta una o dos generaciones para que una parte importante de la realidad desaparezca.

Lo que no se vive, se convierte en relato, lo que no se recuerda, termina pareciendo mito, por eso hoy muchas personas sienten fascinación por temas como los OVNIs, civilizaciones antiguas o historias perdidas, no necesariamente porque crean ciegamente en todo, sino porque entienden algo fundamental… la humanidad olvida.

Olvida rápido… Si en apenas cuarenta años desapareció de la memoria colectiva un simple chorrito de agua de barrio, ¿cuántas cosas habrán desaparecido en cientos o miles de años?
¿Cuántas historias reales terminaron convertidas en leyendas? ¿Cuántos lugares existieron y nadie los recuerda ya? ¿Cuántas costumbres murieron junto con quienes las vivieron?

Vivimos creyendo que internet conservará todo para siempre, pero incluso hoy, la información se pierde, las plataformas desaparecen, los formatos cambian y millones de recuerdos quedan enterrados entre algoritmos y exceso de contenido.

La memoria humana siempre ha sido frágil, y quizá el verdadero “reseteo” de la historia no ocurre por conspiraciones gigantescas ni eventos apocalípticos, tal vez ocurre de manera mucho más simple; cuando una generación deja de contar.

Porque el día que nadie recuerde cómo era ese ojo de agua, ese lugar habrá mu**to por completo, no físicamente, sino en algo todavía más importante… la memoria.

17/05/2026

𝐒𝐨𝐛𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢́𝐚 𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐧̃𝐨𝐬

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

El reciente posicionamiento de Giulianna Bugarini en Puruándiro no puede leerse de manera aislada. Aunque el boletín oficial habla de unidad, defensa de la Cuarta Transformación y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, el contexto político nacional obliga a mirar mucho más allá del discurso.

Las frases sobre “defender la soberanía nacional”, “cerrar filas” y “no arrodillarse ante nadie” llegan justo en un momento donde Morena enfrenta uno de los escenarios más delicados de los últimos años; señalamientos internacionales, investigaciones ligadas al crimen organizado y funcionarios que han decidido entregarse o colaborar con autoridades estadounidenses.

Y es precisamente ahí donde el mensaje de Bugarini cambia de significado, porque en el papel parece un discurso de fortaleza política. Pero para una parte importante de la ciudadanía, también puede interpretarse como una estrategia de contención y control de daños.

La pregunta de fondo no es si Morena tiene derecho a defender su proyecto político. Todos los partidos lo hacen. La verdadera pregunta es: ¿qué ocurre cuando la defensa del movimiento comienza a percibirse como una defensa indirecta de personajes señalados?

Ese es el riesgo actual, porque durante años, la narrativa de la Cuarta Transformación se construyó bajo la idea de ser distinta a los gobiernos anteriores, Morena se presentó como un movimiento moralmente superior, cercano al pueblo y alejado de la corrupción y las complicidades del viejo sistema político.

Sin embargo, hoy el discurso enfrenta una prueba complicada, cuando dirigentes y figuras del movimiento hablan de ataques externos, campañas de desprestigio o defensa de la soberanía nacional, mientras paralelamente existen investigaciones internacionales y personajes entregándose a autoridades de Estados Unidos, inevitablemente surge una percepción pública incómoda; que el discurso político intenta adelantarse a un posible desgaste judicial.

Y ahí aparece otro problema aún más profundo, la soberanía nacional no puede convertirse en argumento automático para desacreditar cualquier investigación internacional, Mucho menos en un contexto donde buena parte de la población mexicana ha perdido confianza en las instituciones de justicia del país.

Muchos ciudadanos creen correcta o incorrectamente que ciertos personajes hablarían con mayor libertad ante fiscales estadounidenses que dentro de México, esa percepción no nació de la nada; viene de décadas de impunidad, pactos políticos y casos donde las investigaciones nacionales simplemente nunca llegaron a nada.

Por eso declaraciones de personajes como Fernández Noroña, cuestionando por qué algunos investigados terminan entregándose o colaborando con autoridades de Estados Unidos, generan tanto ruido político, porque para un sector de la sociedad el problema ya no es solamente jurídico, sino de credibilidad institucional.

En ese escenario, discursos como el de Bugarini parecen responder más a una necesidad urgente de cohesionar al movimiento que a convencer a quienes ya observan con desconfianza lo que ocurre.

Y aquí está el verdadero dilema para Morena, si las acusaciones terminan debilitándose o cayéndose judicialmente, el oficialismo argumentará que todo fue una campaña política y mediática contra la 4T.

Pero si las investigaciones avanzan y aparecen pruebas contundentes, testimonios sólidos o procesos judiciales formales, muchos de los discursos de respaldo emitidos hoy podrían convertirse mañana en un problema político serio para quienes decidieron cerrar filas.

Porque la historia política mexicana está llena de ejemplos donde primero vino la defensa absoluta, después el silencio, luego el deslinde y finalmente el argumento de “no sabíamos”.

Lo que está en juego no es solamente la imagen de algunos funcionarios o dirigentes. Lo que realmente se juega es la narrativa moral de todo un movimiento que llegó al poder prometiendo ser distinto, y… esa es una prueba que ningún discurso puede resolver por sí solo.

13/05/2026

𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐚 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

La imagen fue brutal, ocho perros dentro de un pozo de agua en Zitácuaro, seis mu**tos y dos sobreviviendo apenas entre el agua y el abandono. La escena sacudió a la opinión pública, encendió redes sociales y provocó una cascada inmediata de pronunciamientos políticos, publicaciones indignadas y mensajes “a favor de los animales”.

Y entonces apareció el fenómeno de siempre, la indignación de temporada… Porque de pronto todos descubrieron que existe el maltrato animal, porque de pronto todos condenan, todos exigen justicia, todos se toman la foto moralmente correcta frente a una tragedia que, para quienes realmente trabajan en rescate animal, no comenzó esta semana ni terminará cuando el tema deje de generar likes.

Ahí están dirigentes, regidores y líderes partidistas publicando mensajes cuidadosamente redactados, el Partido Verde condenando, el PRD pronunciándose, regidores y dirigentes municipales compartiendo publicaciones sobre empatía y protección animal, todos muy indignados…“Ahora”.

La pregunta incómoda es inevitable ¿y antes dónde estaban?, Porque los perros abandonados no nacieron con este caso, los animales en situación de calle llevan años multiplicándose en colonias, carreteras y comunidades enteras, los refugios están saturados desde hace mucho tiempo; Los rescatistas independientes sobreviven sin apoyo institucional, pagando de su bolsillo alimento, medicamentos y esterilizaciones, y en muchos municipios de Michoacán han ocurrido envenenamientos masivos, atropellamientos deliberados y actos atroces que rara vez llegan a la conversación pública.

Pero esos casos no siempre generan tendencia, la realidad es que el problema del abandono animal dejó de ser únicamente un tema de sensibilidad; es un problema de salud pública, de abandono institucional y de falta absoluta de políticas preventivas.

Porque resulta más sencillo publicar un comunicado que construir campañas permanentes de esterilización, es más rentable políticamente subir una historia a Facebook que asignar presupuesto para refugios dignos; es más cómodo condenar un caso viral que inspeccionar albergues clandestinos, regular criaderos o impulsar leyes verdaderamente aplicables.

Muchos actores políticos hablan de protección animal, pero pocos están dispuestos a impulsar políticas públicas serias y permanentes, y ahí está el verdadero fondo del problema.

¿Dónde están las campañas masivas gratuitas de esterilización?
¿Dónde están los censos reales de animales en situación de calle?
¿Dónde están los programas de adopción responsables?
¿Dónde están las sanciones efectivas para el maltrato?
¿Dónde están las inspecciones a refugios improvisados donde también existen condiciones deplorables?

La indignación pública dura días, el abandono animal dura años; y mientras la clase política convierte cada tragedia en oportunidad de posicionamiento, quienes realmente sostienen esta crisis siguen siendo ciudadanos anónimos, rescatistas, veterinarios, voluntarios y familias que abren espacio en sus casas para animales que el sistema simplemente ignora.

El caso de Zitácuaro sí debe indignar, claro que sí; pero la indignación auténtica tendría que traducirse en leyes, presupuesto, campañas y responsabilidad institucional, no solamente en publicaciones temporales que desaparecerán cuando llegue el siguiente tema viral.

Porque si después de todo esto no cambia absolutamente nada, entonces los perros del pozo habrán servido únicamente como escenario para otra temporada de discursos políticamente correctos.

Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión Senado de la República Congreso del Estado de Michoacán PAN Michoacán PRD Michoacan PRI Oficial México Secretaría de Salud de Michoacán

06/05/2026

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢́𝐚 𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚: 𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐚 𝐌𝐨𝐲𝐚

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

El escándalo que rodea a Rubén Rocha Moya no solo pone en entredicho a un político, sino que exhibe una tensión estructural en México, la delgada línea entre defender la soberanía nacional y garantizar justicia efectiva frente al crimen organizado.

Desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, la postura ha sido clara en lo formal, sin pruebas, no hay acción y este es un argumento jurídicamente impecable, porque ningún Estado serio debería actuar únicamente por presiones externas, ni mucho menos permitir que otro país marque la pauta de sus decisiones judiciales, perooo sin embargo, en política y especialmente en México, la forma en que se aplican estos principios rara vez es percibida como neutral.

Aquí es donde comienza el problema, porque aunque el discurso oficial apela al debido proceso y la soberanía, el contexto obliga a cuestionar si estamos ante una defensa del Estado de derecho… o ante un reflejo de autoprotección política.

Morena no solo gobierna el país; también es el partido al que pertenece Rocha Moya, y aceptar, sin resistencia, las acusaciones provenientes de Estados Unidos implicaría abrir la puerta a una crisis de legitimidad mucho mayor, la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado estructuras de poder al más alto nivel.

No es un escenario menor, pues las declaraciones de la periodista Anabel Hernández, sobre una supuesta lista de políticos bajo investigación en Estados Unidos, aunque no confirmadas oficialmente, añaden combustible a una percepción ya instalada en amplios sectores de la sociedad en la que el problema no es un individuo, sino un sistema, un sistema donde la colusión entre política y crimen no es excepción, sino riesgo constante.

Frente a esto, el gobierno ha optado por una estrategia predecible, cerrar filas, cuestionar el origen de las acusaciones y trasladar el debate al terreno de la soberanía, pues es una jugada políticamente lógica, pero éticamente incómoda.

Porque si bien es cierto que ningún país debe someterse a otro, también lo es que la desconfianza hacia las instituciones mexicanas no surgió de la nada.

Casos como el de Genaro García Luna quien fue juzgado y condenado en Estados Unidos mientras en México operó durante años con poder, siguen pesando en la memoria colectiva, y alimentan una sospecha difícil de ignorar que, en ocasiones, la justicia llega desde fuera porque dentro no alcanza.

El verdadero dilema, entonces, no es si México debe defender su soberanía, eso es indiscutible, el problema es si puede hacerlo sin que esa defensa se perciba como encubrimiento.

Porque en un país marcado por la violencia y la impunidad, la legitimidad no se construye solo con argumentos legales, sino con acciones claras, investigar a fondo, transparentar procesos y, si es necesario, sancionar incluso a figuras cercanas al poder no debilita al Estado, lo fortalece.

El caso Rocha Moya es una prueba, no solo para el gobierno de Sheinbaum, sino para todo el sistema político mexicano, y aquí la pregunta de fondo no es si lo entregarán o no a Estados Unidos.

La pregunta es más incómoda, ¿México está dispuesto a investigarse a sí mismo con la misma dureza con la que otros lo observan?

28/04/2026

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐨𝐚𝐜𝐚́𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟕: 𝐌𝐨𝐫𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

En política, ir arriba en las encuestas no siempre significa tener asegurada una candidatura, y el caso de Raúl Morón Orozco es un ejemplo claro de esa distancia entre percepción y realidad.

Durante meses, distintos ejercicios demoscópicos lo han colocado como puntero rumbo a 2027, (el que paga… gana), Sin embargo, esos números, más que consolidar su camino, han abierto preguntas sobre su viabilidad real dentro de Morena.

Porque el escenario no se define solo en porcentajes y existen factores políticos que pesan más, además de la narrativa interna, las decisiones nacionales y los equilibrios que el propio movimiento busca construir.

En ese contexto, hay elementos que no pueden ignorarse, los señalamientos surgidos tras los acontecimientos del 1 de noviembre del 2025, retomados por diversas voces públicas, forman parte del entorno que rodea al senador y más allá de su dimensión, el tema existe y está en la conversación pública.

Pero el punto clave está dentro del propio partido, las señales desde la dirigencia nacional, encabezada por Citlalli Hernández, no han sido contundentes en favor de Morón y, a eso se suma una definición política de mayor peso, el de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha insistido en que es tiempo de… mujeres.

Esa línea, más que un discurso, perfila criterios reales de selección, y es ahí es donde las encuestas comienzan a generar dudas, mientras posicionan a Morón con ventaja, otras figuras particularmente mujeres dentro del propio movimiento aparecen con niveles considerablemente menores y aquí surge la pregunta ¿reflejan el escenario completo o solo una parte de él?

Porque en paralelo, el tablero político se sigue moviendo, y nombres como Grecia Quiróz, Alfonso Martínez Alcázar y Guillermo Valencia Reyes comienzan a tomar posicionamiento, en un proceso donde aún no hay definiciones firmes.

Y en ese contexto, la posibilidad de que la candidatura se incline hacia una mujer dentro de Morena no parece lejana, ¿quién, Fabiola Alanís, Gladiz Butanda o Gabriela Molina o será acaso Celeste Ascencio? de concretarse ese escenario, Morón podría enfrentar nuevamente un límite político más allá de su posicionamiento en encuestas.

Incluso, en el terreno de las versiones políticas, se ha mencionado la posibilidad de que, ante un cierre de esa ruta, el senador pudiera respaldar a perfiles de otros espacios, como el propio Alfonso Martínez, nada confirmado, pero sí parte de la conversación.

Al final, la elección de 2027 en Michoacán no se resolverá en estudios de opinión, sino en decisiones políticas de fondo.

Y hoy, más allá de los números, la pregunta sigue abierta ¿le alcanza a Morón con las encuestas, o el escenario real ya empezó a moverse en otra dirección?

Morena Sí

24/04/2026

𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐨 𝐮𝐬𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

En las carreteras de montaña, como la que conecta Zitácuaro con Toluca, hay un elemento que parece secundario, casi ignorado por muchos conductores: la rampa de frenado está ahí, visible, señalizada, diseñada para un solo propósito; salvar vidas, sin embargo… en la práctica, rara vez se usa y, esa realidad dice mucho más de lo que parece.

El problema no es técnico, las rampas funcionan y están diseñadas con principios físicos simples pero efectivos, desacelerar un vehículo fuera de control mediante resistencia y pendiente; el problema es humano, económico y, en cierta medida, cultural.

Para un operador de camión, usar una rampa puede significar un golpe económico importante, se habla de cifras que rondan los 100,000 o hasta 170,000 pesos considerando maniobras de rescate, daños y costos operativos, no es poca cosa para alguien cuyo ingreso depende de mantener su unidad en circulación, esa decisión pesa.

Pero aquí es donde la lógica se rompe, porque cuando un conductor decide no usar la rampa, no está evitando un gasto, está apostando... Apostando a que logrará controlar un vehículo que ya perdió su principal sistema de seguridad; apostando a que las curvas, la pendiente y la inercia no le ganarán; apostando, en el peor de los casos, contra la vida de otras personas…y esa apuesta casi siempre sale mal.

Los accidentes en ese tipo de tramos no solo generan daños materiales, involucran terceros, familias, conductores, pasajeros que simplemente estaban en el lugar y en el momento equivocado; cuando hay lesionados, los costos se disparan, cuando hay fallecidos, la dimensión cambia por completo… Ya no se trata de dinero, aunque las indemnizaciones puedan alcanzar millones de pesos, pues se trata de consecuencias irreversibles.

Entonces la pregunta no es cuánto cuesta usar una rampa, la pregunta real es ¿por qué alguien elegiría no usarla?
La respuesta probablemente mezcla presión laboral, falta de capacitación, miedo a sanciones económicas y una peligrosa confianza en “poder controlar la situación”; También revela un fallo estructural, si el sistema hace que la opción segura sea económicamente dolorosa, entonces el sistema está mal diseñado.

Porque en términos estrictos, usar la rampa no debería sentirse como un castigo, debería ser una decisión automática, incuestionable, respaldada por políticas que prioricen la vida por encima del costo operativo.

Cada accidente en estos tramos no es solo una tragedia individual, es evidencia de que algo sigue fallando en la prevención, en la regulación o en la toma de decisiones bajo presión.

Las rampas de frenado no son el problema, están ahí para evitar lo peor, el verdadero problema es que, por distintas razones, muchos llegan a necesitarlas… pero no a usarlas.

Y en ese instante, unos segundos de duda pueden valer más que cualquier cifra.

Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión Senado de la República Congreso del Estado de Michoacán

15/04/2026

𝐆𝐚𝐬𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚, 𝐈𝐄𝐏𝐒 𝐲 𝐥𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨

𝐏𝐨𝐫: 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞

En México, el precio de la gasolina no solo mueve vehículos: mueve percepciones, decisiones políticas y narrativas cuidadosamente construidas, cada vez que el precio sube o se mantiene “estable”, el debate público se enciende. Sin embargo, rara vez se discute lo esencial, no cuánto cuesta la gasolina, sino cómo está construido ese precio y quién termina pagándolo realmente.

A lo largo de los años, el gobierno ha insistido en una idea poderosa: que puede controlar el precio de los combustibles. En la práctica, esto es solo parcialmente cierto, el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio siguen siendo factores determinantes, lo que sí controla el gobierno es el impuesto: el IEPS.

Y ahí es donde empieza la verdadera historia… el IEPS no es simplemente un impuesto más, es una herramienta flexible que permite suavizar subidas, mantener estabilidad aparente y, al mismo tiempo, garantizar una fuente constante de ingresos.

En teoría, esto suena razonable, evitar “golpes” bruscos al bolsillo de la población, en la práctica, también funciona como un mecanismo político que permite administrar la percepción pública.

Porque aquí está la clave, el IEPS no se percibe como impuesto, no aparece claramente en el ticket, no se paga en una ventanilla, no genera la misma resistencia que otros gravámenes, está escondido dentro del precio, es silencioso y, por eso es tan efectivo.

Tomemos un ejemplo realista, una persona promedio que usa su auto para trayectos cotidianos trabajo, compras, vueltas normalespuede gastar entre $600 y $1,000 pesos a la semana en gasolina, no es alguien que maneje distancias extremas, pero tampoco alguien que casi no use el coche.

Si usamos un punto medio razonable:
$800 pesos por semana
Aproximadamente 32 litros (con gasolina cerca de $24/litro)
IEPS estimado: $5 por litro
Esto significa:
$160 pesos de IEPS por semana
$640 pesos al mes
$7,600 pesos al año

Y esto sin que la persona lo vea, lo decida o lo cuestione directamente, ese es el verdadero poder del IEPS, no su monto… sino su invisibilidad.

Ahora bien, eliminarlo suena atractivo. La gasolina bajaría de inmediato varios pesos por litro, pero la otra cara del problema es menos popular; el gobierno perdería cientos de miles de millones de pesos, ese dinero no desaparece por arte de magia; tendría que recuperarse de otra forma, ya sea con más deuda, recortes o nuevos impuestos.

Así que la discusión real no es si el IEPS es “bueno” o “malo”, es si estamos dispuestos a enfrentar lo que implica quitarlo.

Mientras tanto, el debate público suele desviarse hacia declaraciones simplificadas, promesas optimistas o explicaciones apresuradas, no necesariamente por ignorancia, sino porque es más fácil discutir frases que estructuras complejas.

La gasolina en México no es cara solo por el mercado internacional, tampoco es barata gracias al gobierno, es el resultado de un equilibrio delicado entre ingresos fiscales, estabilidad política y percepción social.

Y en medio de todo eso, millones de personas siguen cargando gasolina cada semana, pagando miles de pesos al año en impuestos… sin siquiera notarlo.
Ese es, quizá, el dato más relevante de todos.

Pensar No es Neutral

25/05/2026

17/05/2026

17/05/2026

17/05/2026

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