28/12/2025
Caso Waldos: cuando la justicia se debilita desde dentro
Por Lorenza Sigala
El caso del incendio de Waldo’s Dólar Mart, que cobró la vida de 24 personas, no se ha estancado por falta de delitos ni de responsables señalados, sino por una cadena de errores que nunca debieron ocurrir. El 19 de diciembre se liberaron 25 órdenes de aprehensión contra personas señaladas como probables responsables, en distintos grados, por delitos que incluyen homicidio en número de 24, lesiones de diversa gravedad, daños por incendio, incumplimiento de deber legal y, en algunos casos, falsificación de documentos.
Sin embargo, de esas 25 órdenes, solo siete personas fueron detenidas. Una de ellas promovió un amparo y fue liberada desde el sábado por la mañana. Más tarde, alrededor de las 21:00 horas, el juez ordenó la liberación de los otros seis, quienes ahora enfrentarán su proceso en libertad, luego de que se les retirara la prisión preventiva oficiosa. El fondo del problema no fue la inexistencia de elementos, sino algo más delicado: la forma en que se llevó el proceso por parte de los Ministerios Públicos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado incurrió en una negligencia procesal evidente al no entregar, en tiempo y forma, la carpeta de investigación a las partes. -Lo que facilitó el retiro de la prisión preventiva oficiosa- No se proporcionaron los métodos probatorios, ni los oficios de las órdenes de aprehensión, ni el cúmulo de pruebas que tanto las defensas de las víctimas como de los imputados tenían derecho a revisar. Sin ese acceso, simplemente no había condiciones reales para celebrar la audiencia inicial, lo que obligó a diferirla hasta el 13 de enero.
El escenario se tensó aún más cuando el juez apercibió a la Fiscalía para que no emitiera comunicados sobre el caso, y se abrió la posibilidad de una investigación interna para determinar quién filtró información sensible, incluidos nombres contenidos en la carpeta de investigación. Esa filtración no es un detalle menor: vulnera el debido proceso y pone en riesgo todo el caso.
Pero la responsabilidad no termina ahí. La publicación de nombres completos de los señalados por parte de algunos periodistas, más preocupados por destacar, ganar reflectores o alimentar el ego, terminó por agravar la situación. Al hacerlo, no solo se expuso indebidamente a personas que aún no han sido juzgadas, sino que se quebrantó el principio de presunción de inocencia de los 25 involucrados. Este tipo de periodismo, carente de ética y de responsabilidad social que promuevela IMPUNIDAD, puede tener consecuencias irreversibles: abrir la puerta a nulidades, fortalecer defensas y, en el peor de los escenarios, permitir que alguien quede libre no por ser inocente, sino por errores ajenos al fondo del caso.
Hoy, mientras las víctimas siguen esperando justicia, el proceso avanza con fisuras provocadas desde dentro. La tragedia dejó mu***os, lesionados y daños materiales, pero también dejó al descubierto un problema más profundo: cuando la Fiscalía falla y el periodismo se desborda sin criterio, la justicia se diluye, y quienes pagan el precio más alto son siempre los mismos.
