Últimas Noticias Nuevo Laredo

08/11/2025

COMUNICADO DE PRENSA


Familiares de desaparecidos por la Marina en Tamaulipas
protestan frente a Palacio Nacional



• Solicitan audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum; los atiende Gobernación
• A pesar de la Recomendación de la CNDH 36VG/2020, las familias no han sido reparadas integralmente por parte de CEAV




Nuevo Laredo, Tam. (Viernes 7 de Noviembre del 2025).- Familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo se manifestaron esta semana frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El grupo de manifestantes comenzaron su protesta el lunes por la mañana para denunciar que la Fiscalía General de la República (FGR) está perdiendo los juicios realizados en contra de un grupo de aproximadamente 70 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) por deficiencias dolosas en las carpetas de investigación.

“A siete años de distancia la FGR no ha localizado a ninguno de nuestros familiares, todavía faltan por localizar a 32 personas, entre ellas a mi hijo Julio César Viramontes Arredondo, ya estamos desesperadas, sentimos que las investigaciones del Ministerio Público son una burla para nosotras” explicó Ericka Arredondo, una de las manifestantes afuera de Palacio Nacional.

También denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asignó como asesores jurídicos a abogados sin experiencia que no cumplen con esta función ante los Ministerios Públicos; es decir, no conocen las carpetas de investigación, no asesoran a los familiares y tampoco presentan propuestas de diligencias o actos de investigación, solamente se limitan a firmar los escritos de las diligencias.




Además de que la recomendación de la CNDH 36VG/2020 ya tiene cinco años de presentada, ninguna familia ha sido reparada integralmente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por demorar internacionalmente la integración de expedientes ante el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), a pesar de que muchas víctimas ya entregaron la documentación requerida en la Ley General de Víctimas.

Y finalmente los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales se quejaron de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha realizado ninguna reunión presencial o virtual de seguimiento en este año 2025 que está por terminar.

“También queremos denunciar que la Comisión de Búsqueda de Personas está obstaculizando nuestras peticiones de organizar búsquedas de campo y búsquedas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, manifestó Erika Arredondo.

La noche del jueves regresaron las familias a Nuevo Laredo después de ser atendidas por funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación quienes se comprometieron a gestionar una reunión con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado un total de 54 víctimas de desaparición forzada en un Operativo de Estado que realizó en esta frontera la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES) en 2018 a cargo del entonces almirante Marco Antonio Ortega Siu y hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los marinos responsables.

De estas 54 víctimas, 19 fueron localizadas por sus familiares sin vida: tres eran menores de edad y dos eras mujeres. Mientras que localizados con vida por sus familiares fueron dos mujeres adultas y un menor de edad. Finalmente siguen sin ser localizados por la Fiscalía Especial en Investigación de delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) un total de 32 víctimas, entre ellas 3 mujeres y 2 menores de edad.


Responsable de la información. Lic. Raymundo Ramos Vázquez.
Imágenes cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

02/11/2025

El altar que clama justicia: Nuevo Laredo honra a sus mu***os, denuncia impunidad y exige justicia

Entre flores de cempasúchil y velas encendidas, madres y familiares levantaron un altar en Nuevo Laredo para recordar a sus hijos e hijas asesinados por fuerzas federales. En lugar de fiesta, hubo reclamo: exigieron justicia por las niñas Heidi Mariana y Lidia Iris, víctimas inocentes de la violencia militar y del silencio del Estado

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1 de noviembre de 2025 .— En medio del aroma del cempasúchil y el resplandor de las veladoras, familiares de víctimas de desapariciones y ejecuciones perpetradas por militares, marinos, guardias nacionales y estatales, rindieron homenaje a sus seres queridos con un altar de mu***os colocado a un costado del Memorial a las Víctimas, en la Plaza Primero de Mayo. La conmemoración del Día de Todos los Santos se transformó en un acto de memoria, resistencia y exigencia de justicia.

En el altar se recordaron los nombres y rostros de quienes perdieron la vida en operativos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, entre ellos los casos de las niñas Heidi Mariana Pérez Rodríguez y Lidia Iris Fuentes Galván, cuyos fallecimientos marcaron profundamente a la comunidad de Nuevo Laredo.

Heidi Mariana, de apenas 4 años, murió el 31 de agosto de 2022 cuando soldados del Ejército Mexicano dispararon contra el vehículo en el que viajaba con su abuela y su hermano. El hecho ocurrió en la avenida 20 de Noviembre entre las calles González y Doctor Mier. Pese a las denuncias presentadas por su madre, Cristina Pérez Rodríguez, el caso continúa sin resolución. “Prometieron justicia, pero solo nos dejaron el silencio”, lamentó una de las asistentes al acto.

Un año después, el 12 de octubre de 2024, la tragedia se repitió. Lidia Iris Fuentes Galván, de 8 años, fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional en el Fraccionamiento Palmares. La menor intentó protegerse agachándose en el asiento, pero recibió un disparo en la cabeza. Su abuela, Lidia Galván Reséndez, resultó herida en una pierna.

En entrevista durante la ceremonia, Iris Yajaira Galván, madre de la pequeña Lidia Iris, expresó con voz entrecortada: “Yo no vengo a celebrar, vengo a recordarle al gobierno que mataron a mi hija y que no hay nadie en la cárcel. Lidia merece justicia, no olvido”.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entre 2022 y 2025 se han documentado 36 víctimas civiles relacionadas con acciones de SEDENA y Guardia Nacional, incluyendo cuatro menores de edad. Estas cifras, reflejan un patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza y falta de rendición de cuentas.

“Este altar no es solo una ofrenda, es una denuncia colectiva”, afirmó Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL. “Cada flor representa una vida arrebatada, cada vela una promesa incumplida de justicia. Seguimos pidiendo al Estado que asuma su responsabilidad y ponga fin a la impunidad que alimenta estos abusos”.

El altar también incluyó fotografías de los periodistas Víctor Hugo Lugo y Salvador “Chava” González, quienes acompañaron a las familias de las víctimas con su trabajo y fallecieron a causa de enfermedades. Sus retratos, junto a los de los niños, madres y jóvenes desaparecidos, convirtieron el altar en un símbolo de lucha por la verdad y la memoria en una ciudad que, entre flores y dolor, se niega a olvidar.

24/10/2025

Nuevo Laredo se coloca entre las 10 ciudades más seguras del país: ENSU-INEGI

NUEVO LAREDO, Tamaulipas, 24 de octubre de 2025 .— Nuevo Laredo logró una histórica reducción en su percepción de inseguridad y se posicionó entre los diez municipios con mejor evaluación ciudadana del país, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante el tercer trimestre de 2025, la ciudad registró una percepción de inseguridad del 38.4%, cifra que representa una disminución del 11.8% respecto al año anterior. Con ello, se ubica al nivel de urbes como San Pedro Garza García, Saltillo, Puerto Vallarta y Mérida, reconocidas por su estabilidad social y calidad de vida.

Este avance consolida a Nuevo Laredo como un referente nacional en materia de seguridad pública y bienestar ciudadano, tras años en los que figuró entre los municipios con mayores desafíos en este rubro.

El contraste con otras localidades tamaulipecas es evidente: Reynosa aparece en el lugar 80 del ranking nacional, mientras que Ciudad Victoria ocupa la posición 36, con un incremento en su percepción de inseguridad del 22.6% al 27.5%.

Autoridades locales atribuyen este cambio a una estrategia integral basada en la coordinación institucional, la proximidad social y la recuperación de espacios públicos, factores que han fortalecido la confianza de la población en su entorno.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estos resultados reflejan el compromiso de su administración con las familias neolaredenses:
“Hemos trabajado incansablemente para que la ciudadanía viva con tranquilidad, con calles iluminadas, parques rehabilitados y una policía más cercana”, expresó.

Programas como “Nuevo Laredo se prende”, con la modernización de más de 30 mil luminarias LED, han contribuido a mejorar la seguridad urbana y la percepción social, además de fortalecer la convivencia en colonias y espacios públicos.

El fortalecimiento de los servicios públicos, la inversión en infraestructura y la reactivación de actividades culturales y deportivas también han sido determinantes en la recuperación de la vida comunitaria.

Hoy, las calles de Nuevo Laredo reflejan un nuevo dinamismo: más familias disfrutan los espacios abiertos, los comercios extienden sus horarios y la confianza ciudadana se percibe en la vida diaria.

Con estos resultados, Nuevo Laredo se consolida como un ejemplo nacional de transformación urbana y gestión municipal, demostrando que la seguridad puede lograrse mediante la coordinación entre gobierno, sociedad y corporaciones de emergencia.

24/10/2025

COMUNICADO DE PRENSA

SECRETARIA DE MARINA DEBERA OFRECER DISCULPA PUBLICA
POR DESAPARICION FORZADA EN COLOMBIA, NUEVO LEON



Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de Octubre del 2025.- El próximo 10 de Diciembre de este año la Secretaria de la Marina Armada de México deberá ofrecer una Disculpa Pública en el poblado de Colombia, Nuevo León por la desaparición forzada del ingeniero Armando Humberto del Bosque Villareal, ocurrida el 3 de Agosto del 2013, informó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Lo anterior en cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida en contra del ex capitán de la Marina
Raúl Sánchez Labrada y los marineros Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Camarillas y Eliseo Sánchez Padrón confirmada dentro del Proceso Penal 9/2021.

En septiembre pasado el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Monterrey, Nuevo León, José Reynoso Castillo envió un oficio al titular de la Secretaria de Marina solicitando un informe actualizado de las gestiones realizadas para el cumplimiento de dicha resolución respecto a esta Medida de Satisfacción establecida en la Ley General de Víctimas, PERO HASTA LA FECHA NO HA RESPONDIDO, desacatando este ordenamiento judicial.

…Medidas de satisfacción. “… en lo relativo a las fracciones I y III, se ordena a la Secretaría de Marina, realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima directa, así como de las personas vinculadas a ella, seguido de una disculpa pública de la dependencia y de los sentenciados, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades, como lo ordena el mismo artículo 73 de la Ley General de Víctimas, fracción IV y 30, fracciones VI y VII, del Código Penal Federal….”

Medidas de no repetición. “… el Secretario de Marina deberá hacer las gestiones que estime pertinentes para obtener un presupuesto o destinar una partida presupuestal para capacitación de todos los elementos castrenses a su mando en materia de derechos humanos, pues ello ayudará en gran medida a que no se vuelvan a repetir actos de la naturaleza como el que hoy se juzgan…”

A manera de antecedente es importante recordar que en sesión pública del 21 de febrero del 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la protección de la justicia federal al capitán Raúl Sánchez Labrada y tres marineros quienes promovieron un amparo directo registrado con el número 5/2023 en contra de la sentencia reducida ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Distrito.




PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANAHUAC
SE NIEGA A RECIBIR A PADRE DE LA VICTIMA


Mientras que al Presidente Municipal de Anáhuac, Nuevo León se le ordena lo siguiente:

“….gírese oficio al presidente municipal de dicho lugar, a efecto que realice actos que conmemoren el honor de Armando Humberto del Bosque Villarreal y preserven su memoria, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción VI, de la Ley General de Víctimas, como puede ser mediante un monumento en la plaza principal del poblado de Colombia, en Anáhuac, Nuevo León, o cambiar la nomenclatura de una calle por el nombre del hoy occiso, como acto de preservación de su memoria, mismo que deberá permanecer a perpetuidad como testimonio de la responsabilidad de los agentes de estado en la comisión del delito de desaparición forzada y tutelarlo por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León.

Al menos en dos ocasiones, don Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima del mismo nombre ha solicitado al presidente municipal de Anáhuac, Juan Manuel Morton González, ser recibido en Audiencia para conocer los avances de la construcción del Memorial pero este funcionario público se ha negado a recibirlo.







FOTOGRAFIA DE LA VICTIMA ARMANDO HUMBERTO DEL BOSQUE VILLAREAL
(CORTESIA COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LAREDO)

20/10/2025

13/10/2025

Programan Juicio hasta mayo del 2026 por as*****to de Militares a 5 civiles detenidos

Siete días antes de que se cumplan tres años de la ejecución extrajudicial de cinco hombres en Nuevo Laredo, el 11 de mayo de 2026 iniciara en Reynosa, Tamaulipas, el juicio contra los militares homicidas; familiares denuncian impunidad y abandono institucional.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de octubre de 2025. — En el mismo lugar donde, hace casi tres años, fueron asesinados cinco jóvenes por elementos del Ejército mexicano, sus familiares exigieron justicia tras conocer que el juicio contra los responsables comenzará el 11 de mayo de 2026, apenas siete días antes de que se cumpla el tercer aniversario de la Masacre de Smart Zapata.

Aunque 16 militares fueron detenidos, solo siete enfrentarán cargos formales por homicidio calificado, en un proceso judicial que, según abogados y familiares de las víctimas, ha estado marcado por demoras, cambios de jueces y trabas institucionales.

La ejecución que el Estado aún no reconoce

El 18 de mayo de 2023, en la Prolongación Monterrey, frente a la tienda Smart Zapata, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Edgar Chavarría Rico Clinton, Alex Blucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega fueron arrestados, torturados y ejecutados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un video difundido por Univisión desmintió la versión oficial que hablaba de un enfrentamiento armado y mostró que se trató de una ejecución extrajudicial directa. Desde entonces, las familias han exigido justicia frente a lo que califican como un abandono institucional.

Juicio postergado: “Tres años de piedras en el camino”

El abogado José Roberto Puente Martínez, representante legal de las familias, criticó duramente los retrasos en el proceso:
“Es una molestia, un desacuerdo. Prácticamente serían tres años después. Estuvimos un año y seis meses sin tres jueces que deben estar en ese juzgado. Solo había uno, y no podía llevar el juicio. Ahora llegó una jueza nueva, pero viene del sistema anterior. No queremos más demoras”.

La audiencia ha sido programada por el Poder Judicial Federal para realizarse en Reynosa, Tamaulipas, lo que implicará gastos adicionales para las familias, quienes solicitan que el juicio se lleve a cabo en Nuevo Laredo, ciudad donde ocurrió la masacre.

La voz de las familias: “Nos arrebataron todo”

En el mismo lugar donde se cometió la masacre, madres, esposas y familiares ofrecieron testimonios conmovedores ante la prensa.

Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de Alex Blucha Pérez:
“No estoy conforme con la fecha. Ya van a ser tres años esperando justicia, tres años de trabas, tres años donde estamos olvidados de la presidenta, de la justicia, de todos. Ellos (los militares) están arraigados, pero no detenidos. Están gozando, mientras nuestros mu***os no tienen voz. ¿Por qué ellos piden beneficios si nuestros familiares ya no tienen ninguno?”.

Inés Vega Romero, madre de José Isabel Rivera Vega:
“Mi hijo no era un animal. Me lo asesinaron. Yo vi el video donde le quitaron la vida. Pido justicia. Que la presidenta se ponga en nuestros zapatos. Ya no tengo a quién abrazar. Solo quiero que descanse en paz”.

Aidee Paul Cervantes, madre de José Ángel Moreno Pool:
“Yo por mi hijo quiero justicia. Es todo lo que pido”.

Jocelyn Patiño, esposa de Edgar Chavarría Rico, y Aida Betancur, familiar de otra víctima, también demandaron una fecha más cercana para el inicio del juicio y atención directa por parte de la Presidencia de la República.

Exigen atención directa de Claudia Sheinbaum y del presidente del Supremo Tribunal

El abogado Edgar Netro Acuña hizo un llamado público al Gobierno Federal:
“Necesitamos ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Tres años de espera no son justicia. Y tras el juicio, aún faltarán apelaciones y amparos. Podría pasar más de un sexenio sin una condena firme. La justicia, así, no llega. La queremos ya, completa, y en la ciudad donde ocurrió el crimen”.

También advirtió sobre las consecuencias económicas que enfrentan las familias:
“Trasladarse hasta Reynosa es injusto. Exigimos que se instale un Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo Laredo. Las víctimas no deberían pagar de su bolsillo por exigir justicia”.
Un caso emblemático de violencia militar e impunidad

Este caso se ha convertido en un símbolo de las crecientes denuncias sobre el uso desmedido de la fuerza por parte del Ejército en tareas de seguridad pública. Diversos organismos internacionales, como Human Rights Watch y la ONU, han advertido sobre el riesgo de la militarización sin controles civiles ni mecanismos de rendición de cuentas.

El proceso judicial es observado de cerca como un referente clave para evaluar la capacidad del Estado mexicano de juzgar crímenes cometidos por sus propias fuerzas armadas.

A casi tres años de los hechos, las familias aún no reciben reparación integral, no hay sentencia y los acusados no están en prisión preventiva. Mientras tanto, las voces de las víctimas indirectas siguen clamando por algo elemental: justicia para sus hijos, justicia para sus esposos, justicia para sus mu***os y cárcel para los militares asesinos.