20/04/2026
Zaachila en crisis: exhiben incapacidad jurídica del Ayuntamiento y de Neto Vargas López
Redacción Oaxaca Sureste
Lo que inició como una demanda legítima de reconocimiento administrativo por parte de habitantes de la colonia Guillermo González Guardado terminó por destapar un problema más grave y estructural: la evidente incapacidad jurídica del Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Neto Vargas López.
El conflicto escaló el pasado 11 de marzo de 2026, cuando pobladores bloquearon el crucero de la “Y” para exigir la elevación de su colonia a Agencia Municipal, una solicitud que ya había sido planteada desde 2025 sin respuesta efectiva. La presión social obligó a una reacción inmediata del gobierno municipal: apenas un día después, el Cabildo sesionó de manera extraordinaria.
Sin embargo, lo que debió ser un procedimiento formal, respaldado por un análisis jurídico sólido, terminó en una actuación improvisada. La sesión evidenció la falta de rigor técnico, al basarse en un dictamen deficiente elaborado por el área jurídica del Ayuntamiento, sin apego a la normatividad vigente y sin verificar requisitos básicos.
El documento fue leído y aprobado sin cuestionamientos por el Cabildo, incluso en una sesión pública, dejando al descubierto la precariedad técnica con la que se toman decisiones de alto impacto para la vida comunitaria.
Las responsabilidades son claras. La Síndica Municipal, Magdalena Cristóbal Méndez, como representante legal del Ayuntamiento, y el Secretario Municipal, Mayolo Valerio Coronel, encargado de dar certeza jurídica a los actos de Cabildo, no garantizaron un proceso conforme a derecho. A ello se suma el desempeño de asesores externos que, pese a percibir salarios elevados, no han demostrado la capacidad mínima para sostener jurídicamente las decisiones del municipio.
La muestra más contundente de esta deficiencia se encuentra en el acta de Cabildo del 12 de marzo. El documento, mal redactado y jurídicamente ambiguo, omite elementos esenciales: no establece si la localidad sería Agencia Municipal o Agencia de Policía, y tampoco incluye el número de habitantes, requisito indispensable conforme a la Ley Orgánica Municipal para determinar su categoría administrativa.
Las consecuencias no tardaron en evidenciarse. El Congreso del Estado, a través de su Comisión de Gobernación, ha devuelto en dos ocasiones el expediente al Ayuntamiento, exigiendo correcciones. En los hechos, el Poder Legislativo ha tenido que señalarle al Cabildo cuáles son sus propias atribuciones, recordándole que la definición de la categoría administrativa corresponde exclusivamente al Ayuntamiento.
Lejos de asumir su responsabilidad, el Cabildo intentó trasladar indebidamente esta decisión al Congreso, lo que no solo revela ignorancia jurídica, sino una preocupante evasión de funciones por parte de la administración municipal.
Este episodio no es aislado. El Ayuntamiento de Zaachila enfrenta diversos procesos legales, donde la constante es la misma: errores técnicos, omisiones legales y una marcada falta de profesionalismo.
En cualquier gobierno, el área jurídica es un pilar fundamental. En Zaachila, ese pilar parece inexistente. Mientras la ciudadanía exige soluciones, el gobierno municipal actúa con improvisación, pese a contar con recursos públicos suficientes para integrar un equipo competente.
Hoy, más allá del reconocimiento de la colonia Guillermo González Guardado, la interrogante de fondo es otra: ¿podrá el Ayuntamiento de Zaachila, bajo la conducción de Neto Vargas López, corregir el rumbo y asumir con seriedad sus responsabilidades legales? Porque cuando la incapacidad jurídica se instala en el poder, las consecuencias no son administrativas, son sociales, y las paga toda la ciudadanía.
