06/09/2025
OAXACA HACE HISTORIA CON LA PRIMERA LEY QUE TIPIFICA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO DELITO EN MÉXICO
El 2 de septiembre de 2025, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, una iniciativa impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Con esta decisión, Oaxaca se convierte en la primera entidad del país en tipificar como delitos tanto el desplazamiento forzado como la negativa a garantizar el retorno de las víctimas a sus lugares de origen.
Asimismo, es el quinto estado mexicano en contar con una legislación específica sobre este fenómeno, pero el primero en haberla construido mediante un proceso de consulta previa, libre e informada, con la participación directa de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas desplazadas, víctimas directas y diversos sectores sociales.
Dicho proceso de consulta fue organizado y supervisado por la Coordinación de Atención de Derechos Humanos (CADH), encabezada por la licenciada Flor Estela Morales Hernández, con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo que le otorgó legitimidad, transparencia y un enfoque centrado en derechos humanos.
La nueva ley reconoce la complejidad y multiplicidad de causas que originan el desplazamiento forzado, como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, religiosos y agrarios; desastres naturales, disputas por recursos, discriminación estructural y otras amenazas que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares de forma involuntaria.
La aprobación de esta ley representa un avance significativo hacia la justicia para miles de víctimas del desplazamiento forzado interno en Oaxaca.
Brinda herramientas legales para prevenir nuevas violaciones, sancionar a los responsables, atender integralmente a las personas afectadas y construir soluciones duraderas y definitivas, tras décadas de abandono institucional.
En Oaxaca, como en muchas otras regiones de México y del mundo, el desplazamiento forzado ha sido una realidad silenciada, invisibilizada y desatendida, a pesar de su gravedad y persistencia.
Los ejemplos más dolorosos y representativos son los casos de las comunidades indígenas triquis de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala, cuyos habitantes fueron violentamente desplazados por una organización indígena triqui de carácter político y paramilitar, motivada por intereses políticos, territoriales y de poder.
Estos desplazamientos forzados dejaron varias personas asesinadas y heridas, mujeres violadas, viviendas quemadas y destruidas, así como pérdidas materiales, patrimoniales y económicas incalculables.
Las comunidades fueron ocupadas por la fuerza y sometidas al control del grupo armado, que opera con total impunidad hasta el día de hoy, utilizando incluso, armamento exclusivo del Ejército mexicano.
A pesar de las medidas cautelares emitidas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Estado mexicano nunca garantizó atención ni protección real a la mayoría de las víctimas.
Peor aún, las recomendaciones de estos organismos fueron ignoradas. La mayoría de los desplazados no obtuvieron dichas medidas cautelares, quedándose desprotegidos, sin derechos ni atenciones gubernamentales.
El caso más grave ocurrió el 2 de diciembre de 2022, cuando la CIDH levantó la medida cautelar MC-197-10, originalmente dictada el 7 de octubre del 2010 a favor de una pequeña parte de desplazados triquis de San Juan Copala. Esta decisión los dejó en total estado de indefensión y abandono, a merced del Estado mexicano y del grupo armado agresor.
Esa misma madrugada, las autoridades encabezadas por el gobernador Salomón Jara Cruz y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, ambos de MORENA, ordenaron un violento desalojo del plantón indefinido instalado por los desplazados triquis en el zócalo capitalino y en la primera sección de la calle Ricardo Flores Magón.
El operativo dejó varias personas golpeadas y heridas, robo y decomiso de artesanías, además de la pérdida de propiedades, posesiones y documentos oficiales, y una nueva serie de violaciones a sus derechos.
Desde los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat Hinojosa, Claudia Sheinbaum (cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México), hasta el actual de Salomón Jara Cruz, la respuesta del Estado mexicano siempre ha sido la misma: represión, desalojo, decomiso, criminalización, fabricación de delitos, difamación, injusticia, omisión e indiferencia hacia las personas desplazadas.
A pesar del dolor compartido, no todas las víctimas han recibido el mismo trato. Algunos grupos han sido visibilizados y atendidos, mientras otros han sido marginados, ignorados, discriminados y criminalizados, incluso por los mismos organismos e instituciones que deberían protegerles.
Uno de los casos más representativos de esta exclusión es el del grupo de indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, representado por Lorena Merino Martínez, una de las voces más fuertes, firmes, valientes y constantes en la denuncia del desplazamiento forzado y la lucha por justicia.
Este grupo ha enfrentado abandono institucional, hostigamiento, amenazas, desprestigio y criminalización, tanto por parte de autoridades como de actores sociales y medios de comunicación. A pesar de ello, continúan resistiendo y exigiendo justicia.
La aprobación de esta ley ofrece una oportunidad histórica para reparar décadas de injusticia, discriminación y violencia. Sin embargo, su impacto real dependerá de su implementación efectiva, justa y con enfoque de derechos humanos.
No debe convertirse en una simulación ni en una herramienta de propaganda política, sino en un instrumento genuino de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
Oaxaca tiene hoy la posibilidad de marcar un antes y un después a nivel nacional. Que esta ley no sea solo letra mu**ta, sino el comienzo de un proceso real de reparación y dignificación para quienes lo han perdido todo por causas que nunca debieron existir.
