Cambio Verdadero

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09/09/2026

JULIETA RAMÍREZ Y LA SOMBRA DE UN EXPEDIENTE EN ESTADOS UNIDOS

El 8 de septiembre de 2026, Julieta Andrea Ramírez Padilla quedó en el centro de una tormenta política que Morena no puede resolver con comunicados ni con disciplina partidista.

La senadora con licencia busca la candidatura a la gubernatura de Baja California en 2027 y ahora enfrenta un señalamiento periodístico de enorme gravedad: N+ Focus sostiene que tuvo acceso a un supuesto proffer agreement con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para evaluar su posible colaboración en una investigación.

Ramírez Padilla lo niega tajantemente. Afirma que todo es una “farsa”, exige que se presente el documento que supuestamente habría firmado y acusa una campaña de “guerra sucia”. N+ sostiene, por su parte, que su información es verificable.

Aquí está el punto que Morena no debería esquivar: una acusación no equivale a una sentencia, pero tampoco desaparece porque incomode políticamente.

No hay base suficiente para declarar culpable a Julieta ni para afirmar como hecho probado que sea informante de Estados Unidos. Pero si existe un documento de esa naturaleza, debe aclararse su origen, contenido y autenticidad. Y si no existe, corresponde exhibir las pruebas que desmonten el reportaje.

Lo que no resulta aceptable es sustituir la transparencia por el blindaje político.

Ariadna Montiel ya expresó su confianza en Julieta Andrea y atribuyó este tipo de ataques al contexto de la disputa interna por las candidaturas de 2027.

Precisamente por eso Morena debería ser todavía más exigente: si presume honestidad, debe demostrar que sus filtros funcionan incluso cuando la cuestionada es una de sus favoritas.

Baja California no necesita candidatos protegidos por el partido. Necesita candidatos capaces de responder preguntas incómodas sin esconderse detrás de consignas.

Y hay otra contradicción imposible de ignorar: el 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral de Baja California ordenó retirar propaganda de Julieta tras una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña. Ahora aparece este nuevo frente relacionado con Estados Unidos.

Puede haber guerra sucia. Puede haber fuego amigo. Puede haber intereses electorales detrás de las filtraciones.

Pero ninguna de esas posibilidades elimina la obligación de aclarar.

Morena prometió transformar la política, no administrar sospechas.

Si Julieta Ramírez tiene la razón, que las pruebas la reivindiquen. Si el reportaje es falso, que sea exhibido como tal. Pero si existen documentos y una investigación, el país merece conocer la verdad.

Porque para gobernar Baja California no basta con tener el respaldo de Morena.

También hay que estar en condiciones de responderle a la sociedad.

09/09/2026

SHEINBAUM QUIERE REDUCIR EL EFECTIVO: ¿MODERNIZACIÓN O MAYOR CONTROL?

El 8 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prepara una Ley de Economía Digital para reducir gradualmente el uso de efectivo. La propuesta puede venderse como modernización, eficiencia y combate a la evasión. Pero detrás de esa narrativa existe una discusión mucho más profunda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la transformación de nuestra vida económica?

Digitalizar los pagos tiene ventajas. Facilita operaciones, disminuye ciertos riesgos, permite rastrear movimientos y puede cerrar espacios al dinero ilícito y a la evasión fiscal. Nadie debería oponerse a la tecnología por principio.

El problema aparece cuando la digitalización deja de ser una opción y comienza a convertirse en una condición para participar plenamente en la economía.

México no parte de condiciones iguales. Millones de personas todavía dependen del efectivo porque no tienen cuenta bancaria, teléfono inteligente, internet estable o acceso sencillo a servicios financieros. En comunidades rurales e indígenas, la brecha tecnológica no es una estadística: puede convertirse en una barrera concreta para comprar, vender, cobrar o disponer del propio dinero.

Y existe un segundo riesgo: la privacidad.

Cada pago digital deja una huella. Puede revelar cuánto gastamos, dónde compramos, cuándo lo hacemos y cuáles son nuestros hábitos de consumo. La trazabilidad puede ser útil para perseguir delitos, pero también concentra una cantidad extraordinaria de información financiera. Por eso, cualquier reforma seria debe establecer límites claros: quién puede acceder a esos datos, bajo qué autorización, durante cuánto tiempo pueden conservarse y qué sanciones habrá por utilizarlos indebidamente.

El gobierno puede combatir la evasión sin convertir cada transacción cotidiana en una ventana permanente hacia la vida privada de los ciudadanos.

La pregunta, entonces, no es si México debe modernizarse. Por supuesto que sí. La pregunta es si esa modernización será incluyente o terminará castigando a quienes menos posibilidades tienen de adaptarse.

La Cuarta Transformación ha hecho de la inclusión y de “primero los pobres” una bandera política. Ahora tendrá que demostrarlo con hechos.

Porque una economía sin efectivo puede ser más eficiente, pero también puede ser más vigilada.

Digitalizar no debe significar someter.

Modernizar no debe significar excluir.

Y combatir el dinero ilegal, jamás debería convertirse en una excusa para construir un sistema donde el ciudadano necesite permiso tecnológico para ejercer plenamente su libertad económica.

El progreso debe ampliar derechos, no reducirlos.

09/09/2026

EL SENADO CAMBIA A SIMEY OLVERA; LA POLÉMICA DE LA IMITADORA DE SHEINBAUM DEJA PREGUNTAS

El 8 de septiembre de 2026, el Senado de la República aprobó con 96 votos la sustitución de Simey Olvera por Claudia Tello como secretaria de la Mesa Directiva. En el papel, puede presentarse como un movimiento interno. Políticamente, sin embargo, la decisión llega acompañada de una coincidencia demasiado evidente para ignorarla.

Apenas ocho días antes, Olvera había sido incorporada a la Mesa Directiva. Y pocos días antes de su llegada, el 28 de agosto, durante su segundo informe legislativo en Ixmiquilpan, Hidalgo, apareció una imitadora de Claudia Sheinbaum caracterizada como “Claudita”.

La escena provocó críticas porque no se trató de cualquier evento: fue un acto político de una senadora de Morena en el que se utilizó la imagen satírica de la presidenta de México. Olvera defendió la participación de la imitadora y sostuvo que era una amiga personal y que no había recibido dinero público.

Después vino el relevo.

¿Fue una sanción política?. No existe, hasta ahora, una explicación oficial que permita afirmarlo. Y precisamente ahí está el problema: cuando un nombramiento dura apenas unos días y es sustituido de manera repentina, el silencio institucional alimenta toda clase de interpretaciones.

La política no sólo se explica por los comunicados oficiales; también se lee en los tiempos, en los movimientos y en las señales. Y la señal que deja este episodio es incómoda para Morena: una senadora llega a la Mesa Directiva, enfrenta una polémica por una representación de la presidenta y, casi inmediatamente, deja el cargo.

Si fue simplemente una decisión de reorganización interna, Morena tiene una salida sencilla: explicar las razones. Si hubo una llamada de atención, también debería quedar claro. Lo que no resulta saludable para el Senado es que una decisión de esta relevancia quede envuelta en especulaciones.

Porque la verdadera discusión no es una imitadora. Es otra: ¿qué tan autónomas son las decisiones políticas dentro de Morena cuando una controversia toca la imagen presidencial?

El Senado no debería funcionar a base de señales cifradas ni castigos que nadie reconoce. La transparencia también significa explicar por qué se mueve a una representante, apenas unos días después de haberla colocado en un órgano tan importante.

El relevo de Simey Olvera puede ser legal, reglamentario y políticamente posible. Pero mientras no exista una explicación clara, seguirá siendo legítimo preguntar si estamos ante una simple sustitución administrativa o ante una advertencia política.

Y en política, cuando nadie explica el mensaje, el mensaje termina siendo precisamente la pregunta.

09/09/2026

PISA GOLPEA A MÉXICO; SHEINBAUM Y MORENA RESPONDEN CON JUSTIFICACIONES

El 8 de septiembre de 2026, los resultados del PISA volvieron a colocar a México frente a una realidad incómoda. La evaluación de la OCDE ubicó al país en el lugar 37 de 38 naciones de la organización en lectura y ciencias. En matemáticas, apenas tres de cada diez estudiantes alcanzaron el nivel básico.

Los números deberían provocar una revisión profunda de la política educativa. Pero, en lugar de autocrítica, aparecieron las justificaciones.

Claudia Sheinbaum cuestionó que PISA utilice un mismo parámetro para países con realidades sociales y económicas distintas. El argumento merece ser discutido: ningún sistema educativo opera bajo condiciones idénticas y el contexto social importa.

Pero cuestionar una metodología no desaparece el problema que ésta revela.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, recurrió a otro argumento: la pandemia. Sí, el COVID-19 provocó una crisis educativa mundial. Millones de estudiantes perdieron clases presenciales y el aprendizaje sufrió un golpe severo.

Pero hay una pregunta inevitable: ¿por qué utilizar como explicación exclusiva una tragedia que sufrió prácticamente todo el mundo?

La pandemia no fue mexicana. También cerraron escuelas en otros países. También hubo aislamiento, pérdida de aprendizaje y dificultades emocionales. Por eso, convertir el COVID-19 en la explicación del rezago mexicano resulta insuficiente.

Además, el problema no comenzó en 2020. México ya arrastraba deficiencias estructurales en lectura, matemáticas y ciencias. PISA 2025 no inventó el rezago: lo midió.

Y aquí está el verdadero desafío para el gobierno.

No se trata de defender o atacar a PISA. Tampoco de negar que existan diferencias económicas, sociales y culturales entre países. Se trata de preguntarnos qué está haciendo México para garantizar que un adolescente pueda comprender lo que lee, resolver un problema matemático y utilizar conocimientos científicos para enfrentar su realidad.

Porque detrás de cada porcentaje hay estudiantes de carne y hueso. Jóvenes que no pueden permitirse que el sistema educativo convierta sus carencias en una discusión burocrática o política.

La pandemia puede explicar una parte del deterioro. Las desigualdades pueden explicar otra. Pero ninguna de ellas puede convertirse en una coartada permanente.

Un gobierno que habla de transformación debería tener la madurez para reconocer cuando algo no está funcionando.

México no necesita funcionarios defendiendo resultados adversos ni buscando culpables cada vez que aparece una evaluación incómoda. Necesita escuelas dignas, maestros respaldados, formación docente sólida, mediciones transparentes y políticas que recuperen los aprendizajes perdidos.

PISA no es el enemigo.

El enemigo sería mirar el diagnóstico, discutir con el espejo y después no cambiar nada.

Porque cuando un sistema educativo falla, la responsabilidad no es encontrar una excusa: es corregirlo.

09/09/2026

“NO VA A PASAR NADA”: MORENA DESAFÍA AL INE PARA PROTEGER A ANDY LÓPEZ BELTRÁN

El 8 de septiembre de 2026, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, salió en defensa de Andy López Beltrán frente a las denuncias presentadas por el PAN por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco. Su respuesta fue contundente: “No va a pasar nada”.

El problema no es que Morena defienda a uno de sus militantes. El problema es que su dirigencia parece anticipar el veredicto de la autoridad electoral.

Montiel sostiene que Andy realiza actividades ordinarias de militancia: asambleas informativas, recorridos territoriales y distribución de Regeneración. Bajo esa lógica, todo estaría dentro de la ley. Pero precisamente eso es lo que corresponde determinar al Instituto Nacional Electoral, no a la dirigencia del partido involucrado.

Y aquí aparece la contradicción.

El 12 de agosto, la propia Montiel había llamado a quienes tuvieran denuncias por posibles actos anticipados a presentarlas ante las autoridades. Incluso reconoció que los aspirantes de Morena realizaban actividades territoriales y que la Comisión Nacional de Elecciones revisaría sus casos.

Ahora, cuando la denuncia alcanza directamente a Andy López Beltrán, el discurso cambia: ya no se habla de investigar, sino de descalificar a quien denuncia y mandarlo a “ponerse a trabajar”.

Eso no fortalece la democracia. La debilita.

Si Andy está actuando dentro de la ley, que lo determine el INE con pruebas, procedimientos y resoluciones. Y si existe una infracción, que se sancione conforme a derecho. Así funciona un Estado democrático: nadie debe ser culpable por anticipado, pero tampoco nadie debe ser declarado inocente por anticipado desde la dirigencia de su partido.

El INE debe aplicar exactamente el mismo rasero a Morena que al resto de los partidos. De hecho, en sesiones recientes del propio Consejo General se ha planteado que los posibles actos anticipados, deben investigarse y resolverse exclusivamente con base en la ley y las pruebas.

Por eso la frase “no va a pasar nada” resulta políticamente peligrosa.

Porque el mensaje no parece dirigido solamente al PAN. También parece dirigido al árbitro electoral: Morena ya tiene una conclusión antes de que exista una resolución.

Y si el partido que gobierna quiere demostrar que no teme a la ley electoral, la respuesta es sencilla: que deje trabajar al INE.

Ni el apellido López Obrador, ni la estructura de Morena, ni el poder político deben convertirse en un salvoconducto electoral.

La democracia no necesita partidos que aseguren que “no va a pasar nada”. Necesita autoridades que investiguen y decidan qué pasó.

09/09/2026

MORENA YA LE PUSO NOMBRE A SU RIVAL EN SONORA: COLOSIO

El 8 de septiembre de 2026, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, puso sobre la mesa un nombre que todavía no es candidato, pero que ya provoca reacciones en el partido gobernante: Luis Donaldo Colosio Riojas y sus posibles aspiraciones a la gubernatura de Sonora en 2027.

Montiel cuestionó que Colosio, senador electo por Nuevo León, pretenda eventualmente competir por otra entidad y también arremetió contra su desempeño como alcalde de Monterrey. El mensaje político resulta evidente: Morena decidió poner bajo la lupa a un adversario potencial antes de que éste confirme siquiera su candidatura.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: si Colosio no representa una amenaza electoral, ¿por qué Morena ya está dedicando tiempo y discurso a desacreditarlo?

La política tiene memoria. Colosio gobernó Monterrey entre 2021 y 2024 y actualmente es senador por el Movimiento Ciudadano. Su eventual llegada a la contienda sonorense podría modificar el escenario de 2027 y obligar a Morena a enfrentar una competencia más incómoda.

Por eso aparecen los cuestionamientos sobre su origen, su trayectoria y sus resultados.

Pero hay una verdad que Morena no debería olvidar: una elección no se gana descalificando al adversario antes de que empiece la batalla.

Si Colosio pretende gobernar Sonora, tendrá que explicar por qué quiere hacerlo, cuál es su vínculo con el estado, qué resultados puede presumir y qué proyecto ofrece a los sonorenses. Esa será su responsabilidad.

Pero Morena también tiene la suya.

En lugar de concentrarse únicamente en quién quiere competir, debería defender los resultados del gobierno que encabeza Alfonso Durazo. Seguridad, economía, empleo, infraestructura, servicios públicos y calidad de vida serán los verdaderos temas que los ciudadanos pondrán en la balanza.

El debate no debería ser dónde nació Colosio ni dónde fue alcalde. Debe ser qué hizo con el poder que recibió y qué pretende hacer con el poder que ahora busca.

La declaración de Montiel deja, sin embargo, una señal política imposible de ignorar: la carrera rumbo a 2027 ya comenzó a calentarse.

Colosio todavía no oficializa su candidatura. Pero su nombre ya genera respuesta desde la dirigencia nacional de Morena.

Y en política, cuando un partido empieza a golpear a un adversario antes de que éste entre formalmente a la contienda, la lectura es inevitable: quizá todavía no haya candidato, pero Morena ya parece tener identificado al rival.

08/09/2026

GRECIA QUIROZ LE RECUERDA A SHEINBAUM: NO SOY CANDIDATA, SOY VÍCTIMA Y PRESIDENTA MUNICIPAL

El 8 de septiembre de 2026, Grecia Quiroz le recordó a Claudia Sheinbaum algo elemental: hoy no es candidata a ningún cargo de elección popular. Es presidenta municipal de Uruapan y, al mismo tiempo, víctima indirecta del as*****to de Carlos Manzo. Desde esas dos condiciones está solicitando un acercamiento con la presidenta de México.

Y esa diferencia no puede convertirse en un pretexto para reducir una exigencia institucional a un cálculo electoral.

Quiroz no está pidiendo que Sheinbaum la respalde en las urnas. Está pidiendo ser recibida por la jefa del Estado mexicano. Como presidenta municipal, tiene asuntos de Uruapan que plantear al gobierno federal; como víctima indirecta, tiene derecho a exigir verdad, justicia y respuestas.

El problema comienza cuando el poder interpreta cualquier voz independiente como una amenaza política.

Si desde Morena o el gobierno federal se observa a Grecia Quiroz únicamente como una eventual adversaria rumbo a 2027, se estaría confundiendo deliberadamente el presente con una elección que todavía no ocurre. No toda crítica es campaña y no toda reunión es alianza.

Además, sería contradictorio que un gobierno que presume escuchar al pueblo evitara escuchar a una autoridad municipal y a una víctima por temor al costo político de sentarse con ella.

Sheinbaum puede discrepar de Quiroz. Puede cuestionar sus posiciones y mantener distancia política. Pero gobernar también significa dialogar con quienes incomodan.

Porque la seguridad de Uruapan, el esclarecimiento del as*****to de Carlos Manzo y las condiciones en que gobierna su viuda no pueden quedar subordinados a las elecciones de 2027.

Primero están las instituciones. Después, las urnas.

Grecia Quiroz no necesita ser candidata para merecer una audiencia. No necesita pertenecer a Morena para ser escuchada. No necesita renunciar a sus posiciones para ejercer sus derechos como presidenta municipal y como víctima.

La verdadera fortaleza de un gobierno no se demuestra cuando recibe aplausos de sus aliados, sino cuando es capaz de sentarse frente a quienes no controla.

Por eso, la solicitud de Quiroz plantea una prueba política para Sheinbaum: ¿puede la presidenta recibirla sin convertir el encuentro en una negociación electoral?

Debería poder.

Porque escuchar a Grecia Quiroz no significa apoyarla.

Significa reconocerla.

08/09/2026

SHEINBAUM LE CIERRA LA PUERTA A GRECIA QUIROZ: ¿JUSTICIA O CÁLCULO ELECTORAL?

El 8 de septiembre de 2026 dejó una escena que merece algo más que una explicación administrativa: Grecia Quiroz pidió reunirse con Claudia Sheinbaum para abordar la situación de Uruapan y el caso de su esposo, Carlos Manzo. La presidenta confirmó que existe comunicación entre ambas por mensajes, pero decidió no recibirla personalmente porque “ya vienen los tiempos electorales”.

La justificación puede sonar institucional, pero abre una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la persona que solicita audiencia es al mismo tiempo víctima indirecta de un homicidio y una figura política con posibilidades de competir en 2027?

Ahí está el verdadero problema.

Sheinbaum tiene razón en algo: la decisión de atraer o no el expediente corresponde a la Fiscalía General de la República, no a la Presidencia. Pero eso no significa que el gobierno federal pueda limitarse a observar desde la distancia. Quiroz acudió a la FGR para solicitar que el caso sea atraído por la autoridad federal, mientras la investigación permanece bajo responsabilidad de la Fiscalía de Michoacán.

El caso Carlos Manzo no es un asunto electoral. Es un as*****to que todavía exige respuestas.

Y precisamente por eso resulta desafortunado que el calendario político aparezca como la razón principal para evitar una reunión presencial. Si Sheinbaum quiere impedir que una audiencia sea interpretada como respaldo electoral, puede hacerlo. Pero también debe garantizar que la condición política de una víctima indirecta, no termine convirtiéndose en una barrera para ser escuchada.

Porque una cosa es no hacer campaña desde Palacio Nacional y otra muy distinta es mantener la puerta cerrada cuando se solicita atención institucional.

La presidenta aseguró que los asuntos de seguridad de Uruapan serán atendidos por Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez, y que ella mantiene comunicación con Quiroz mediante mensajes.

Pero el mensaje político ya está dado: a Grecia Quiroz se le puede responder por teléfono, pero no recibirla en Palacio Nacional.

Y mientras tanto, Michoacán se encamina hacia 2027, con Quiroz convertida en una figura cada vez más relevante del tablero político.

Por eso la FGR tiene una responsabilidad enorme: si atrae el caso, debe hacerlo con una investigación exhaustiva, independiente y transparente. Si decide no hacerlo, debe explicar claramente por qué.

La justicia no puede depender de quién será candidato, de qué partido lo respaldará ni de cuánto incomode políticamente una investigación.

Carlos Manzo fue asesinado. Su familia merece verdad. Michoacán merece respuestas. Y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar justicia, aunque esa justicia resulte políticamente incómoda.

Porque si la política dicta hasta dónde puede llegar la justicia, entonces ya no estamos hablando de imparcialidad.

Estamos hablando de cálculo.

Y la justicia no puede esperar a que termine la elección de 2027.

08/09/2026

SHEINBAUM Y EL PUEBLO INCÓMODO: EN COLIMA, ESCUCHAR TAMBIÉN TUVO CONDICIONES

El 5 de septiembre de 2026, durante el acto de Claudia Sheinbaum en Colima, ocurrió algo que va mucho más allá de una protesta con un megáfono: el episodio exhibió la distancia que puede existir entre el discurso de “escuchar al pueblo” y la disposición real para escuchar cuando el reclamo resulta incómodo.

Cerca de 300 pescadores, salineros, ambientalistas y ciudadanos se manifestaron contra la ampliación del Puerto de Manzanillo y exigieron defender la Laguna de Cuyutlán, un ecosistema del que dependen actividades productivas y cientos de familias. Su mensaje fue directo: “Laguna sí, puerto no”.

Durante su intervención, Sheinbaum reconoció el reclamo y dijo que los atendería al terminar el evento. Pero las protestas continuaron y una mujer utilizó un megáfono para mantener visibles las demandas. La presidenta terminó calificando a los inconformes de “irrespetuosos” y llegó a vincularlos con el PRIAN.

El 7 de septiembre, en su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que decidió no recibirlos porque consideró que no hubo “respeto mutuo”. También sostuvo que los gritos de “¡fuera, fuera!” no estaban dirigidos contra ella, sino contra la manifestante que continuaba utilizando el megáfono.

Pero aquí está el verdadero debate.

¿Escuchar al pueblo significa escucharlo únicamente cuando el pueblo guarda silencio mientras habla el poder?

Una protesta puede incomodar. Puede ser ruidosa. Puede irrumpir en un acto oficial. Precisamente por eso existe: para llamar la atención cuando quienes protestan consideran que los canales institucionales no han sido suficientes.

Sheinbaum tiene derecho a pedir orden durante un acto. Pero los ciudadanos también tienen derecho a cuestionar públicamente un proyecto que consideran perjudicial para su territorio, su economía y su forma de vida.

Y hay un dato que no debería perderse entre la polémica: los manifestantes no fueron recibidos personalmente por la presidenta. Lograron entregar un escrito a una representante de la Secretaría de Agricultura, en el que exigieron garantías para proteger la Laguna de Cuyutlán y las actividades productivas de las comunidades.

El problema, entonces, no es el megáfono. El problema es qué tan dispuesto está el poder a escuchar cuando la voz que tiene enfrente no aplaude.

Porque gobernar no consiste solamente en hablarle al pueblo. También implica soportar que el pueblo responda.

La verdadera fortaleza de un gobierno no se mide por la cantidad de aplausos que recibe, sino por su capacidad para escuchar a quienes cuestionan sus decisiones sin convertir automáticamente la protesta en conspiración, infiltración o partidismo.

Colima dejó una pregunta incómoda para la Cuarta Transformación:

Si el gobierno dice escuchar al pueblo, ¿por qué cuando el pueblo alza la voz frente al poder, lo primero que se cuestiona es su forma de protestar y no el fondo de su reclamo?

08/09/2026

GREENPEACE ESCALA EL ZÓCALO Y LANZA UN MENSAJE A SHEINBAUM: ¡PROTEJA TOPOLOBAMPO!

El 7 de septiembre de 2026, el conflicto por la megaplanta de amoniaco en Topolobampo llegó hasta el corazón político del país. Integrantes de Greenpeace escalaron el asta bandera del zócalo de la Ciudad de México y desplegaron un mensaje dirigido a Claudia Sheinbaum: “Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!”

La imagen es poderosa porque detrás de esa manta existe una disputa de más de una década y una pregunta que el gobierno federal ya no puede esquivar: ¿qué está dispuesto a sacrificar en nombre del desarrollo?

La planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, proyecta producir alrededor de 800 mil toneladas de amoniaco al año en Topolobampo, Sinaloa. Greenpeace, comunidades indígenas Mayo-Yoreme, pescadores y organizaciones opositoras advierten posibles impactos en la Bahía de Ohuira, un humedal de importancia internacional y un ecosistema fundamental para la biodiversidad y las actividades productivas de la región.

El gobierno federal sostiene que el proyecto está sujeto a condicionantes ambientales, vigilancia y medidas de protección. También ha instalado mesas técnicas y procesos de diálogo.

Pero ahí está el verdadero problema: dialogar no es lo mismo que escuchar, y escuchar no es lo mismo que atender.

Si el gobierno pretende construir una política ambiental distinta a la de administraciones anteriores, debe demostrarlo con hechos. No basta con reuniones ni mesas de trabajo. La sociedad tiene derecho a conocer los estudios, los riesgos identificados, las medidas de mitigación y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad si algo sale mal.

Tampoco puede existir una consulta convertida en trámite. Si las comunidades tienen argumentos para oponerse, deben tener la posibilidad real de que sus razones modifiquen la decisión final.

La exigencia de Greenpeace es clara: cancelar el proyecto. El gobierno puede evaluar esa petición, pero tiene la obligación de responder con evidencia verificable y transparencia absoluta.

Si la planta es ambientalmente segura, que lo demuestre con estudios independientes y públicos.

Y si existen riesgos que no pueden garantizarse, que nadie pretenda disfrazarlos de progreso.

Topolobampo no necesita discursos. Necesita certezas.

La transformación tampoco puede reducirse a cambiar de gobierno mientras se repiten viejas prácticas: megaproyectos, decisiones desde arriba y comunidades obligadas a defender su territorio cuando las decisiones parecen encaminadas.

El 7 de septiembre, Greenpeace llevó el reclamo al zócalo. Ahora corresponde al gobierno federal responder.

Sheinbaum debe demostrar si la protección ambiental será una bandera política o una verdadera política de Estado.

Porque cuando están en juego un ecosistema, comunidades y posibles riesgos ambientales, escuchar no basta: hay que rendir cuentas, transparentar cada dato y tener la voluntad de decir no si la evidencia lo exige.

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