24/03/2026
𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐇𝐀𝐍 𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐈𝐃𝐎 𝐄𝐍 𝐎𝐀𝐗𝐀𝐂𝐀 𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐌𝐎𝐍 𝐉𝐀𝐑𝐀, 𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐍 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄𝐒.
A partir del inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz, mismo que inició el primero de diciembre del 2022, Oaxaca ha sufrido un clara y preocupante retroceso en materia de derechos humanos, señalaron defensores de derechos humanos quienes realizaron el segundo informe, ¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?, el cual realiza un análisis profundo de la situación que prevalece en Oaxaca en esta materia y que fue desarrollado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO) conformada por 23 organizaciones de la sociedad civil.
Este texto presentado el pasado 17 de marzo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (Iago), señala que “en Oaxaca continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad y comunidades afectadas por megaproyectos. Entre los hechos documentados se encuentran agresiones, desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones, violencia institucional, omisiones en servicios de salud, criminalización de la defensa de derechos y falta de atención integral a poblaciones históricamente discriminadas”.
Lo más preocupante de esta situación señalaron, es la falta de interés por parte del gobierno del morenista para atender y resolver estas problemáticas, pues las respuestas gubernamentales a las que se enfrenta la sociedad y las organizaciones ante la crisis de derechos humanos en Oaxaca son la “omisión, la opacidad, la simulación y la falta de consulta efectiva”, lo que llega a empeorar la situación que se vive en la entidad.
El informe analiza diversas temáticas como lo es el derecho a la salud, a la diversidad sexual, a la seguridad, derecho a una vida libre sin violencia, derechos de los pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, derecho a defender derechos, entre otros; en el que se analizan distintos casos, pero además, se realizan propuestas al gobierno de Jara Cruz para atender y resolver las situaciones.
Entre las situaciones que se presentan en Oaxaca, señalan la persecución hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes en diversas comunidades, entre ellas se señala el conflicto por la defensa del agua y el territorio De San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, esto por parte de autoridades municipales de San Pedro y San Pablo Ayutla; se da cuenta también de una serie de conflictos agrarios que han derivado en el desplazamiento forzado de más de 100 familias en San Juan Mazatlán Mixe, esto ante la invasión armada por parte de pobladores de Santo Domingo Petapa y que el gobierno morenista de Salomón Jara no ha atendido.
Destacan que otro apartado y que genera mucha preocupación en las persecución que se hace a las y los defensores de la tierra y el territorio y de derechos humanos, entre los casos insignia destacan a la “defensora mixe de Rancho Ardilla y Rancho Minas, Laura Mora les Juárez, también víctima de este intento de despojo y de agresiones” quien pese a contar con medidas cautelares y pese a formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, continúa siendo afectada en sus derechos.
“En los primeros dos años y medio de la actual administración, se registraron 44 personas agredidas individualmente y 70 actos de agresión contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca. De todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, abarcando tres tipos de agresiones: homicidio, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. En estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras” destaca el informe, en el que subrayan que en el 50 por ciento, las agresiones se han perpetrado en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), “un proyecto que cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región”.
Otro de los temas que generan mayor preocupación es la creciente violencia hacia las mujeres, siendo que desde el inicio de la administración de Salomón Jara hasta diciembre del 2025 han ocurrido 287 feminicidios; tan solo en el 2025 de acuerdo con datos de Observatorio de Violencia Feminicida de GESMujer se presentaron 83 casos.
El “14% corresponde a niñas y adolescentes menores de 18 años; el Istmo con un 29%, 19% Valles Centrales y la Costa con un 19% constituyen las regiones con el más alto nivel de violencia feminicida; es el hogar con un 33%, donde niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta y en lo que corresponde a la forma de muerte, en el 60% se han utilizado armas de fuego”.
P**o además, en Oaxaca esta se está presentado un segundo fenómeno, que es el incremento de la desaparición de mujeres. “En el mes de julio de 2025, desaparecieron 37 niñas y mujeres, de las cuales 9 se auto-adscriben como indígenas, 24 de ellas fueron localizadas con vida, 12 no localizadas, 1 localizada sin vida; 8 son niñas entre 0-12 años, 14 adolescentes entre 13-18 años, 6 jóvenes entre 19 y 29, 5 son adultas entre 30 y 59, 3 adultas mayores de más de 60 años, 1 sin datos”, a esta situación se suma la falta de transparencia en cuanto a cifras o mapeo por parte de las autoridades.
Sin bien el marco normativo para la defensa de los derechos humanos de todas las personas ha mejorado substancialmente, señalan que “en la práctica continúan prevaleciendo la omisión, la simulación, además de la impunidad para atender de fondo las problemáticas estructurales que afectan a amplios sectores de la población”.
Además, puntualiza este informe que los hechos que se registran en Oaxaca no son “hechos aislados” como suelen decir las autoridades estatales, sino “responden a patrones sistemáticos de actuación institucional caracterizados por la falta de transparencia, la ausencia de consulta efectiva, la criminalización de la protesta social, la revictimización, la negligencia y la ineficacia en la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos”.
