20/08/2026
POSICIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA SOBRE LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.
Como CONGRESO NACIONAL INDÍGENA que caminamos los pasos de la dignidad que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas más primeros, que nació hace 30 años con la convocatoria de nuestras hermanas y hermanos zapatistas para dialogar todos los pueblos indígenas del país cuáles son los derechos indígenas que debían ser reconocidos por el Estado Mexicano, lo que dio paso a los Acuerdos de San Andrés, la histórica movilización de la Marcha del Color de la Tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y posteriormente la traición del mal gobierno en los derechos reducidos plasmados en el artículo 2 constitucional.
Hoy rechazamos la burla que implica para los pueblos indígenas del país el proceso de consulta indígena y la Propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y operada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cuyo titular Adelfo Regino Montes ha traicionado a los pueblos y comunidades indígenas, a la madre naturaleza y a la memoria histórica.
Esta propuesta cuenta con 453 artículos que abordan diferentes temas relacionados con nuestros pueblos como la autonomía, la libre determinación, la jurisdicción, la consulta, el territorio, el amparo indígena, el patrimonio, la salud, la cultura, el reconocimiento como sujetos de derecho público entre otros temas que están causando más confusiones que claridades.
Esta ley la rechazamos porque da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, desde la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, el derecho mexicano no ha hecho otra cosa que abrir el paso para el despojo de nuestros territorios y tratar de destruir el legado que nos dejó nuestro General Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana. Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios; saquear, destruir y mercantilizar nuestros bienes comunes, naturales y culturales, atacando y reprimiendo a los pueblos en resistencia frente al embate capitalista, patriarcal, extractivista y colonial que padecemos.
La propuesta de ley, da un trato colonial, denigrante y ra***ta a los pueblos y comunidades indígenas del país, al condicionar que, para poder acceder a nuestros derechos, tenemos que registrarnos en un catálogo de pueblos que califica el INPI, bajo una serie de artículos que, aunque reconocen vagamente el derecho de autoadscripción, su redacción abre la puerta para que el INPI entorpezca o rechace el registro de un pueblo o comunidad indígena, por considerar según su criterio, que no cumple con los requisitos para ser registrado.
Dice su propuesta de ley que en caso de no registrarnos no perdemos el carácter de ser sujetos de derecho pero legalmente no los podemos poner en práctica; esta aberración legal y tramposa restringe profundamente el ejercicio de la autonomía de los pueblos, interviene en la vida interna de las comunidades y destruye el principio de autoadscripción. Esta ley es para que las empresas trasnacionales tengan, lo que llaman “seguridad jurídica” para invertir en sus megaproyectos, colocándonos como mercancías o productos a la venta que deben estar registradas para que las empresas puedan cumplir con los requisitos que les permitan saquear a nuestros pueblos.
El contenido de esta ley es TRAMPOSA, pues plantea en algunos artículos reconocer el pluralismo jurídico en el Estado Mexicano, reconocimiento de igual valor el sistema jurídico del Estado y el sistema normativo de los pueblos indígenas, dando preferencia de aplicarse en los territorios indígenas el sistema normativo por usos y costumbres, pero enmarañándolo en un proceso de conflictos de competencias con cada autoridad que así lo reclame. Y en la práctica es el Estado, por medio del INPI y la Secretaría de Gobernación, la que decide qué se consulta y qué no, qué le afecta a los pueblos y comunidades indígenas y qué no. Ahora resulta que el doctor es el único que puede decir qué le duele al enfermo.
La propuesta de Ley establece una serie de ausencias estratégicas al derecho de autodeterminación de los pueblos sobre su territorio, en cambio, confirma la continuidad del derecho neoliberal mexicano al señalar que las áreas estratégicas para la explotación del agua, el petróleo, el fracking, el litio, los minerales y otros, serán administrados directamente por el Estado. En estos casos la libre determinación no existe ya que solo podremos opinar sobre estos proyectos destructivos y altamente contaminantes, pero no decidir si se desarrollan o no en nuestros territorios; al gobierno de la cuarta transformación no le interesa nuestra vida ni el futuro de nuestras hijas e hijos. En las traiciones que se han venido dando en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2 constitucional señala que en los recursos estratégicos para la nación no tenemos derecho a decidir. Pero su caracter de estratégico no les impide concesionarlo para el lucro incesante de cualquier empresa extranjera, incluyendo el agua, elemento vital para sobrevivir. Entonces, es un trato ra***ta y criminal de los recursos naturales en nuestro país, se lo quitan a los pueblos originarios dejando destruido su territorio por el saqueo y se lo entregan a las empresas transnacionales para su comercialización, sin derecho a la libre determinación.
La libre determinación significa que podemos decidir sobre la vida y destino de nuestros pueblos, territorios y los sistemas normativos que tenemos, podemos decidir sobre si un proyecto se desarrolla o no y bajo qué condiciones, sin distinción, si se nos debe consultar una medida o no y a autoconsultarnos. Nadie tiene por qué venir a nuestros territorios a organizar como dialogamos y nos preguntamos de acuerdo a nuestros usos, costumbres y sistemas normativos propios. Como pueblos somos los únicos que podemos decir y decidir qué nos afecta y qué no, no un estudio desde el escritorio del INPI y la Secretaría de Gobernación.
Es falso que la propuesta sea un amasijo de disposiciones contradictorias, como lo han afirmado algunos analistas, a nuestro ver, es una propuesta coherente en sus propósitos que expresa toda su perversidad al establecer la “constitución formal” de pueblos milenarios y la validación burocrática de la autoidentificación de las comunidades. Desde ese punto y del enfoque que se da a los territorios se vuelve entendible y coherente esta ley neoliberal
Denunciamos la simulación de consulta de esta propuesta de ley, que se está realizando entre agosto y septiembre en todo el país, donde el rechazo al proceso es cada vez mas grande y evidente, ¿será que una ley tan extensa de 453 artículos alcance para ser explicada, entendida, analizada y comentada en una reunión regional de 3 a 5 horas? ¿en 2 meses se alcanzará a consultar a todos los pueblos indígenas del país con las traducciones a cada lengua?, una vez terminados los foros, ¿15 días serán suficientes para sistematizar la información y realizar los cambios necesarios para que la presidenta la presente ante el Congreso el 12 de octubre? ¿no es ya una ley cocinada?, llegada al Congreso ¿qué garantiza que la Ley consultada a “todos” los pueblos y comunidades indígenas en el país no sea rasurada en los artículos que favorecen a los pueblos o sea modificada como sucedió con los Acuerdos de San Andrés en 2001?
Esta consulta no sigue ni siquiera los requisitos que propone en su propia ley a consultar, no existe etapa de acuerdos previos, de información suficiente, deliberativa, consultiva y de seguimiento de acuerdos. El proceso está viciado de origen, el esquema de esta simulación de consulta es solo para justificar administrativamente la propuesta de ley de derechos indígenas y afromexicanos, tal como se ha hecho con las falsas consultas para la aprobación de los megaproyectos del Estado como el mal llamado Tren Maya, el Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y todos los que han destruido y contaminado nuestros territorios.
Como pueblos y comunidades organizados en la resistencia y la palabra digna de la memoria de nuestros abuelos y abuelas más primeros, MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS Y SU SIMULACIÓN DE CONSULTA Y EXIGIMOS QUE CESE DE MANERA INMEDIATA EL HOSTIGAMIENTO, LA REPRESIÓN Y LA GUERRA MEDIANTE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PAÍS QUE RESISTEN Y EJERCEN SU DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE-DETERMINACIÓN, EXIGIMOS LA LIBERACION INMEDIATA DE NUESTRO HERMANO JESUS PLACIDO GALINDO. Una consulta indígena con presos políticos indígenas no es libre, ni de buena fe.
POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS.
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS.
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
https://wp.me/p8qHTQ-3hY
