16/09/2026
𝗟𝗔𝗦 “𝗚𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦” 𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗟𝗔 𝗟𝗨𝗣𝗔: 𝗠𝗘𝗟𝗜𝗦𝗦𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗘𝗥𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗥 𝗨𝗡𝗔 𝗘𝗡𝗚𝗢𝗥𝗗𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗬𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢
Hay momentos en los que una discusión aparentemente administrativa termina revelando mucho más sobre la manera en que se gobierna una ciudad. La iniciativa presentada por la regidora Melissa Marlene Madero Plascencia para eliminar las gerencias del Reglamento del Gobierno Municipal es uno de ellos.
No se trata únicamente de borrar la palabra “gerente” de decenas de disposiciones municipales. La discusión de fondo es bastante más incómoda para el Ayuntamiento: ¿cuántos puestos necesita realmente el Gobierno de Puerto Vallarta para funcionar y cuántos existen simplemente porque alguien decidió que podían existir?
En su iniciativa, Madero sostiene que la nómina que actualmente paga el Ayuntamiento es “notablemente superior” a la plantilla autorizada para el ejercicio fiscal 2026. El documento señala además la creación y alta de plazas que, de acuerdo con la promovente, no fueron aprobadas en el Presupuesto de Egresos, además de contrataciones mediante honorarios asimilados, eventuales y puestos de confianza.
Y es justamente ahí donde la discusión deja de ser solamente política y se convierte también en presupuestal. Cada peso destinado a mantener una estructura administrativa tiene un costo de oportunidad. El dinero utilizado para sostener una plaza innecesaria es dinero que deja de estar disponible para calles, seguridad, servicios públicos, obra pública, alumbrado, recolección de basura o infraestructura.
Eso no significa que todo puesto administrativo sea inútil. Significa algo mucho más elemental: cada plaza pagada con recursos públicos debería poder explicar con absoluta claridad qué hace, cuánto cuesta y, sobre todo, qué resultados entrega a los ciudadanos que la financian.
La iniciativa coloca particularmente bajo cuestionamiento los nombramientos con nivel de “Gerente”. En el documento presentado al Cabildo se afirma que dichos servidores públicos “no generan producto laboral verificable” y que tampoco atienden directamente a la ciudadanía, convirtiéndose, según la argumentación de la regidora, en plazas que únicamente incrementan la nómina.
Madero fue todavía más contundente al defender su propuesta: “Lo advertí en 2024, voté en contra en 2025 e intenté hacérselos entender en múltiples ocasiones. Estos son puestos inventados que no sirven, perjudican a Puerto Vallarta y solo siguen inflando la meganómina municipal, con las lamentables consecuencias que hoy ya conocemos”.
La propuesta contempla modificar más de 40 disposiciones del Reglamento del Gobierno Municipal y retirar figuras como las gerencias de Ciudad y Centro Histórico, Prosperidad, Organización y Comunicación Social y Estrategia.
Pero hay un detalle especialmente importante: Madero no está planteando solamente quitar a quienes actualmente ocupan esos cargos. La iniciativa pretende borrar la figura de “gerente” de la propia estructura reglamentaria municipal para evitar que posteriormente pueda volver a utilizarse bajo las mismas condiciones.
“Ni un alcalde más puede volver a contratar un gerente”, afirmó la regidora.
Ahí está probablemente el punto de mayor alcance de la iniciativa. Si eventualmente prospera en sus términos, la modificación trascendería a la administración actual y cambiaría las reglas con las que podrán organizarse administraciones posteriores. Por eso también será necesario que durante su análisis se determine jurídicamente hasta dónde puede llegar la reforma y cuáles serían sus consecuencias administrativas.
Pero detrás de toda la discusión existe una pregunta que el Ayuntamiento debería responder independientemente de si simpatiza o no con la propuesta de Madero: ¿son necesarias esas gerencias?
Si producen resultados indispensables para Puerto Vallarta, el gobierno municipal debería poder demostrarlo. Si tienen atribuciones distintas a las direcciones, subdirecciones, coordinaciones y demás dependencias existentes, también debería poder documentarlo. Y si existe duplicidad de funciones o puestos cuyo trabajo no puede medirse, entonces habrá razones para discutir seriamente su permanencia.
El artículo 134 de la Constitución establece principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos. Por eso, la discusión sobre el tamaño de una nómina municipal no debería reducirse a una batalla entre funcionarios: se trata de determinar si el dinero de los vallartenses está produciendo resultados proporcionales a lo que cuesta mantener el aparato gubernamental.
La iniciativa todavía no significa que las gerencias hayan desaparecido. Fue turnada a la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales y Reglamentos para su estudio, análisis y posterior dictamen. Después tendrá que continuar el procedimiento correspondiente y, en su caso, regresar al Pleno para que los integrantes del Ayuntamiento decidan sobre la reforma.
Será precisamente durante ese proceso cuando los argumentos de Madero deberán confrontarse con documentos, números y resultados. El gobierno municipal tendrá también la oportunidad de explicar por qué creó o mantiene determinadas figuras administrativas y qué beneficios concretos obtiene Puerto Vallarta de ellas.
Porque quizá esta iniciativa debería provocar una discusión todavía más amplia: revisar dependencia por dependencia la estructura del Ayuntamiento, preguntarse cuántas personas necesita realmente cada área, cuánto cuesta cada nivel administrativo y cuáles son los indicadores que permiten saber si esos puestos están funcionando.
Una nómina municipal no debería convertirse en una colección de cargos cuya utilidad se intenta explicar después de crearlos. Primero tendría que existir una necesidad pública, después una función claramente definida, posteriormente un presupuesto autorizado y finalmente una persona responsable de cumplirla. No al revés.
Las afirmaciones contenidas en la iniciativa tendrán que acreditarse individualmente y la reforma todavía deberá superar su análisis jurídico y político. Pero incluso si la propuesta terminara modificándose o rechazándose, la pregunta que puso sobre la mesa permanecerá:
¿Puerto Vallarta está pagando una administración diseñada para resolver los problemas de la ciudad o una estructura burocrática que ha terminado convirtiéndose por sí misma en otro problema presupuestal?
La respuesta no debería depender de discursos políticos. Debería encontrarse en los organigramas, las nóminas, los presupuestos, las funciones y, principalmente, en los resultados que recibe la ciudadanía.
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