01/07/2024
El letargado proceso judicial para notificar a dos imputados
Por Mariana Chávez
En un país en donde se cometieron 561 agresiones contra periodistas durante 2023 de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, lo que se esperaría es que las autoridades correspondientes actuaran con claridad para evitar la impunidad, sin embargo, sucede todo lo contrario, pues hasta parece burla lo que dicen documentar e investigar. Explico el porqué.
El 29 de diciembre de 2022, las periodistas queretanas Nadia Bernal y Paulina Rosales fueron agredidas y amenazadas por varias personas mientras realizaban su labor como reporteras, relacionada con la presencia de un presunto grupo de choque en las instalaciones de la gasolinera Servicios Melenny S.A de C.V, cubicada en la colonia El Porvenir.
Ese mismo día, ambas periodistas presentaron la denuncia por los delitos de lesiones y amenazas ante la Fiscalía del Estado de Querétaro, quien de inmediato se declaró incompetente y turnó el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
En diciembre de 2023 la FEADLE atrajo el caso, seis meses después notificó a las denunciantes que la carpeta de investigación se había judicializado. La primera audiencia se llevó a cabo el 26 de junio. Ese día, afuera de los juzgados federales había muy mal olor en el ambiente, quizá porque muy cerca se encuentra el rastro para puercos, marranos o cerditos, como usted les quiera llamar, pero quizá también, porque era el preámbulo de lo irrisorio y lo absurdo que se escucharía adentro, en la sala del juzgado.
Las dos personas imputadas como presuntas responsables no se presentaron porque resulta que los notificadores no notifican nada. Los agentes del Ministerio Público Federal informaron al juez de control, Rodrigo Salazar que no existe el nombre de una colonia en Ecatepec, Estado de México donde reside una de las personas señaladas de cometer el presunto delito. Tampoco cuentan con el número de vivienda del segundo señalado, ubicada en una colonia en Coacalco, Estado de México. El que sí estuvo presente fue el abogado particular de los dos acusados.
Los agentes del Ministerio Público Federal reconocieron que elementos policíacos sí localizaron las direcciones de las dos personas acusadas que no encontró el notificador y que ahora fungirán como acompañantes para que en próximas fechas puedan realizar la notificación. Es decir, tuvieron año y medio desde que se presentó la denuncia y lo atrajo la FEADLE para convocar a una audiencia y decir que ¡no encuentran la dirección!
Esto lleva a reflexionar sobre la desconfianza que se genera hacia las autoridades que dicen investigar por el aletargado proceso para notificar a dos personas acusadas por agresiones y amenazas. ¿Estarán esperando a que las denunciantes se cansen y abandonen el caso? ¿Es verdad que no localizan dos domicilios? Y cuando notifiquen ¿los dos acusados estarán todavía en esos domicilios? ¿Todo lo hacen lento porque en verdad tienen mucho trabajo, o es a propósito?
Efectivamente, Querétaro no es una de las entidades en donde se concentran los casos de violencia hacia periodistas como sí lo son: Chiapas, Tamaulipas y Michoacán, sin embargo, no se trata de una nimiedad, no se trata de unas simples amenazas, pues el fondo del asunto es un atentado en contra de la libertad de informar y expresar.
Paradójicamente, lo ocurrido en las inmediaciones de la gasolinería en la colonia El Porvenir está relacionado con el derecho a la libertad de expresión y de organización, pues un grupo de personas abiertamente expresó su rechazo a la instalación de esa estación de servicio, pero fue agredida por un grupo de personas trasladada desde diversos lugares del Estado de México para desalojarlos y no impedir la apertura de ese comercio. En medio de esa trifulca, también fueron agredidas las personas periodistas que trabajaban para registrar e informar sobre lo ocurrido.
¿Quiénes son los autores intelectuales que pagó y trasladó a un grupo de choque? ¿Las autoridades estatales y municipales ya investigaron y sancionaron a las autores intelectuales y materiales por ese caso?
Nadia y Paulina antes de ingresar a los juzgados federales, parecían las acusadas por atreverse a acusar. Un montón de elementos de seguridad privada ya las esperaban. En todo el proceso de revisión desde que ingresan hasta que llegan a la sala del juzgado fueron supervisadas. Lo que ellas piden es que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva para sancionar a las personas autores materiales e intelectuales en ese caso. Ojalá y así sea, que este como otros tantos casos que desafortunadamente se presentan en distintos puntos del país, no queden impunes porque no sólo afectan a las personas que informan, sino a los que no reciben la información.
