19/06/2026
Buscaglia prevé acciones encubiertas de EE.UU. contra políticos mexicanos; advierte sobre 19 nuevos objetivos
El académico afirmó que autoridades estadounidenses ya tendrían en la mira a cuatro funcionarios mexicanos adicionales y que otros 15 estarían bajo evaluación, en el marco de investigaciones vinculadas con presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales.
El analista político y académico Edgardo Buscaglia afirmó que la estrategia impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra organizaciones criminales mexicanas está sustentada en un marco jurídico internacional relacionado con el combate al terrorismo y advirtió que, de mantenerse las actuales tensiones entre ambos países, podrían desarrollarse operaciones encubiertas dirigidas contra funcionarios y políticos mexicanos señalados por autoridades estadounidenses.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que las acciones judiciales emprendidas recientemente contra personajes de la vida política mexicana representan apenas el inicio de una ofensiva más amplia.
Recordó que semanas atrás había anticipado la focalización de nuevos funcionarios por parte de autoridades estadounidenses y aseguró que posteriormente el propio gobierno de Estados Unidos confirmó que investigaría a cuatro personas adicionales de niveles similares a los casos que ya se encuentran bajo observación. “Esto va a continuar”, afirmó.
“Trump lo que está haciendo es presionarla [a Sheinbaum] para que vaya entregando a los cuatro que vienen ahora y 15 más que se le acercan”, sostuvo.
De acuerdo con el académico, una de las razones que explican la insistencia de Trump en referirse a México está relacionada con el escenario político interno estadounidense.
Explicó que desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador el mandatario republicano ha utilizado el tema mexicano, primero asociado a la migración y posteriormente al tráfico de dr**as, como parte de una narrativa dirigida a su base electoral más sólida.
Según Buscaglia, el presidente Trump busca mostrar resultados concretos en materia de combate al narcotráfico antes de las elecciones intermedias de noviembre, en un contexto en el que, aseguró, los republicanos enfrentan encuestas desfavorables.
En ese sentido, señaló que el presidente estadounidense ha insistido en destacar reducciones significativas en el tráfico de dr**as hacia su país y utiliza ese discurso para fortalecer su posición política interna.
El giro hacia la legislación antiterrorista
Buscaglia sostuvo que uno de los cambios más relevantes en la estrategia estadounidense consiste en la decisión de catalogar determinadas conductas vinculadas con organizaciones criminales mexicanas como actos de terrorismo.
Recordó que desde hace años diversos especialistas habían advertido sobre la utilización de prácticas terroristas por parte de grupos criminales y mencionó investigaciones académicas que abordaban la relación entre delincuencia organizada y terrorismo desde mediados de la década de 2000.
Afirmó que la decisión de Washington de clasificar determinadas actividades de los cárteles bajo esa categoría tiene consecuencias jurídicas profundas. “Y cuando tú tipificas comportamientos delictivos como actos de terrorismo entran a funcionar acciones y cuerpos de investigación, acciones militares, acciones judiciales y cuerpos de investigación mucho más poderosos que los que normalmente se le aplican solamente a la delincuencia organizada que actúa con motivación económica”.
Explicó que, bajo esa lógica, comienzan a aplicarse instrumentos previstos en las convenciones internacionales contra el terrorismo impulsadas por Naciones Unidas y ratificadas por México.
Según señaló, dichas convenciones abarcan diversas modalidades, entre ellas financiamiento al terrorismo, terrorismo con explosivos y utilización de armas químicas. Dentro de ese marco, sostuvo que las autoridades estadounidenses consideran que el tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano constituye un ataque de naturaleza distinta a la delincuencia común.
“Estados Unidos está tipificando el envío de fentanilo mezclado con co***na a territorio norteamericano como un ataque, como el uso de una arma letal de destrucción masiva”. Indicó que la muerte de cientos de miles de estadounidenses por sobredosis durante los últimos años ha llevado a las autoridades de ese país a encuadrar el fenómeno dentro de esquemas jurídicos asociados al terrorismo.
El académico aseguró que la estrategia no se limita al gobierno estadounidense y previó que otros países podrían adoptar posiciones similares. “México va a ser focalizado como un país que genera actos de terrorismo en diferentes partes del mundo”, afirmó.
No obstante, señaló que Trump suele acompañar este tipo de planteamientos con expresiones agresivas y descalificaciones personales, como las dirigidas recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aun así, sostuvo que detrás de la retórica existe una estrategia impulsada por el Departamento de Justicia estadounidense que busca apoyarse en instrumentos jurídicos internacionales para justificar futuras acciones.
Señaló que el gobierno estadounidense pretende actuar no sólo contra organizaciones criminales, sino también contra funcionarios y actores políticos que considere vinculados a actividades ilícitas.
La posibilidad de operaciones encubiertas
Buscaglia planteó la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones especiales en territorio mexicano. Aseguró que la aplicación de leyes antiterroristas ha servido históricamente para justificar acciones de esa naturaleza en diversos países.
“Se vienen operaciones encubiertas por tierra, no van a ser invasiones de cientos de miles de soldados como ocurrió en Afganistán, pero el justificativo para realizar operativos encubiertos por tierra de fuerzas militares norteamericanas, muy puntuales, muy quirúrgicas, contra políticos mexicanos, contra funcionarios del Estado mexicano, que es el principal órgano de protección de la delincuencia organizada”, apuntó.
Sobre el hecho de que la Constitución mexicana impide operaciones militares extranjeras en territorio nacional, respondió que los gobiernos que invocan legislación antiterrorista suelen argumentar que actúan en legítima defensa frente a ataques que consideran equivalentes al uso de armas de destrucción masiva.
Afirmó que el precedente utilizado por Washington se basa en la consideración de que el fentanilo ha provocado cientos de miles de muertes en Estados Unidos.
El analista sostuvo que el gobierno mexicano aún podría evitar un escenario de escalada mediante la cooperación con las autoridades estadounidenses. “La presidenta solamente podría impedir que esto ocurra, que comiencen estos operativos por tierra, entregando a los políticos y funcionarios que la justicia norteamericana acuse formalmente a través de los procedimientos judiciales establecidos”, dijo.
Afirmó que Trump busca presionar al gobierno de México para que colabore en la entrega de personas que se encuentran bajo investigación. Reconoció que la presidenta Sheinbaum ha realizado extradiciones, pero consideró insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora respecto de funcionarios públicos señalados por autoridades extranjeras, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
“La presidenta de México no tiene miedo, no está asustada”, afirmó sobre las palabras del presidente Donald Trump durante el G7 en Francia. Sin embargo, sostuvo que su gobierno mantiene una posición similar a la que, según él, adoptaron gobiernos anteriores frente a acusaciones de vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
Argumentó que diversas acciones ejecutadas por organizaciones criminales en México pueden encuadrarse dentro de definiciones legales de terrorismo. Como ejemplo, recordó episodios en los que grupos armados habrían amenazado con ataques contra población civil para presionar decisiones gubernamentales.
Recordó los hechos ocurridos durante el denominado “Culiacanazo”, cuando integrantes del crimen organizado desplegaron acciones violentas para exigir la liberación de Ovidio Guzmán. “Eso es un acto de terrorismo de libro, de texto, de código. Así está definido el terrorismo en la legislación mexicana”, sostuvo.
“La soberanía es relativa”
Buscaglia también cuestionó los argumentos basados en la defensa de la soberanía nacional frente a solicitudes de cooperación internacional. Aseguró que los tratados ratificados por México establecen obligaciones específicas en materia de extradición y colaboración judicial.
“La soberanía es relativa y está limitada a los tratados internacionales que México soberanamente decidió firmar”, afirmó. Añadió que los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano obligan a las autoridades a colaborar cuando existen solicitudes formales relacionadas con delincuencia organizada o terrorismo.
Asimismo, sostuvo que Estados Unidos no necesita presentar pruebas concluyentes para solicitar extradiciones, sino únicamente indicios suficientes para iniciar los procedimientos correspondientes, mientras que las pruebas definitivas se desahogan durante los juicios.
Buscaglia insistió en que la referencia de Trump a México durante la reunión del G7 no fue casual. A su juicio, el mandatario estadounidense busca convertir la situación mexicana en uno de los principales ejes de su discurso político durante los próximos meses.
“Con vistas a las elecciones de noviembre tiene que demostrar que está tomando la delantera y va a tratar de llevar la atención pública desde un punto de vista político al caso mexicano”, señaló.
Según el académico, la combinación entre los intereses electorales de Trump y la utilización de herramientas jurídicas derivadas de la legislación antiterrorista explica el endurecimiento de la postura estadounidense frente a México y anticipa una etapa de mayor presión política, diplomática y judicial entre ambos países.
Amenazas recibidas
El especialista aseguró que él y los equipos con los que colabora han reducido sus actividades presenciales en México debido a amenazas recibidas durante trabajos relacionados con organizaciones civiles y análisis de casos vinculados con delincuencia organizada. Según relató, las intimidaciones provienen de distintos actores, entre ellos funcionarios públicos, policías municipales, policías estatales y políticos. “No se puede trabajar en México. Hay más amenazas hoy que hace diez años”, sostuvo.
Dijo que la presión ejercida por la administración Trump podría convertirse en un catalizador para impulsar reformas de fondo en México. Aunque reconoció que preferiría que esos cambios surgieran de manera interna, consideró que la ofensiva estadounidense podría acelerar acciones contra las redes de protección política del crimen organizado. “Me gustaría que sea México el que inicia este operativo antimafia. México que sea el que comience a limpiar sus cloacas mafiosas políticas”, concluyó.
