02/05/2025
En un contexto universitario marcado por la precariedad laboral y la exigencia constante a su base trabajadora, la gestión del rector Alejandro Zermeño Guerra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se ha visto empañada por decisiones administrativas profundamente cuestionables. Uno de los casos más representativos es el del político Marco Antonio Aranda Martínez ( ex secretario de gobierno con el priista Fernando Toranzo y ex secretario del ayuntamiento de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo Juárez), quien, tras una fugaz y polémica gestión como secretario general, fue beneficiado con una jugosa jubilación tras apenas cinco años de servicio efectivo, amparado por una serie de maniobras administrativas que evidencian el uso discrecional de los recursos y reglamentos de la institución.
El escándalo radica en que Aranda Martínez fue reubicado como gerente de la "Tienda Universitaria" con un sueldo de aproximadamente 85 mil pesos mensuales, sin experiencia previa en el área, con el único objetivo de cumplir el tiempo requerido para jubilarse con el 100% de su salario. Esto, mientras trabajadores con décadas de servicio siguen percibiendo sueldos ínfimos y carecen de acceso a una jubilación digna. La movida, respaldada por el reglamento modificado a modo y con el aval del Consejo Directivo Universitario, constituye un agravio directo a la comunidad universitaria y al fondo de pensiones, financiado por los mismos empleados de base.
Más alarmante aún es la evidencia de duplicidad en el pago de sueldos: mientras Aranda ya no ejercía como secretario general, seguía cobrando dicho salario, pues además del salario que como gerente de la tienda recibía, le otorgaban un bono extra para completar el sueldo que percibía como secretario general (que según datos que publica la UASLP en la Plataforma Estatal de Transparencia en 2020 era de 133 mil 309 pesos), y este bono seguirá ya estando jubilado. Esta práctica representa un uso indebido del erario universitario y sugiere una red de complicidades internas que ha permitido la normalización de estas irregularidades. Ni el Consejo Directivo Universitario ni la Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones han emitido explicaciones claras, perpetuando la opacidad y la corrupción institucional.
El rector Zermeño, lejos de enmendar, ha consolidado una estructura basada en el favoritismo, premiando a aliados políticos y personales con beneficios extraordinarios, mientras ignora las legítimas demandas de quienes sostienen el funcionamiento diario de la universidad. Esta política de privilegios amenaza no solo la viabilidad del fondo de pensiones, sino la confianza en la gestión pública universitaria.
Es imperativo que se transparente el expediente completo de esta jubilación y que se establezcan responsabilidades. La autonomía universitaria no debe ser escudo para la corrupción. La comunidad potosina merece saber cómo se utilizan sus impuestos y si realmente la UASLP cumple su promesa de formar generaciones con base en la ética, la justicia y la excelencia académica.
