08/07/2026
¿Exitoso empresario o una rata más?
A pesar del cierre de un par de expedientes judiciales en su contra, Gerardo Sánchez Zumaya otra vez estaría siendo investigado
Reporte Indigo señala que el “huasteco” podría haber cometido robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal
Gerardo Sánchez Zumaya es exhibido de nueva cuenta a nivel nacional como parte de un complejo entramado principalmente con PEMEX, que le habría dejado miles de millones de pesos en ganancias, lo cual en su momento fue desmentido por el propio empresario, quien ha afirmado que su fortuna es bien habida y que los contratos que tiene o tuvo con la paraestatal son legítimos.
Zumaya, quien pretende llegar a la gubernatura del estado el año entrante, ha recibido múltiples criticas que lo señalan de ser prestanombres, hasta lavador de dinero y ahora huachicolero, por lo cual se han abierto expedientes judiciales en su contra pero que, no han prosperado y hoy Reporte Indigo retomo el asunto y asegura haber tenido acceso a otra carpeta de investigación.
Los seguidores del “huasteco” afirman que todo es parte de una guerra sucia para evitar que llegue al Gobierno, pero olvidan como el citado empresario intentó ser candidato a ese mismo cargo pero en Tabasco, presumiendo su cercanía con Adán Augusto López y con los hijos del ex Presidente Andrés López Obrador y al no lograrlo ahora intenta ser el primer mandatario de la entidad.
Así que juzgue usted amable lector, si Gerardo Sánchez Zumaya es un empresario exitoso o sólo una rata más que pretende llegar al poder para acrecentar su fortuna al amparo del presupuesto público.
AQUÍ LA NOTA DE REPORTE INDIGO:
Por Christian García Muñoz
Mover petróleo sin dejar rastro, facturar miles de millones de pesos sin infraestructura, crear empresas que únicamente comercian entre sí y conectar toda la operación con compañías constituidas en Texas es como se constituye el mapa que dibujan las denuncias presentadas ante autoridades federales contra Gerardo Sánchez Zumaya.
El empresario potosino es señalado como presunto líder de una organización que habría utilizado una red de compañías para lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y productos petroquímicos desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según una investigación en curso a la que Reporte Índigo tuvo acceso, el expediente está integrado por cientos de comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que la presunta red habría utilizado empresas fachada y prestanombres para ocultar el origen de los productos comercializados, en una operación que, de acuerdo con la información consultada, habría generado beneficios superiores a los mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024.
Estos presuntos delitos, amplían de manera significativa el alcance de los señalamientos originalmente conocidos que involucran al hoy aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, cuyo registro fue rechazado por Morena, pero que fue cobijado por el PT. Sánchez Zumaya es señalado como presunto líder de esta organización constituida como Grupo GESA.
Distribuyen dinero entre varias personas para dificultar su rastreo
Uno de los ejes de la presunta operación consistía en la utilización de al menos 15 personas físicas —varias de ellas familiares, medios hermanos y personas cercanas al empresario— para emitir comprobantes fiscales por montos multimillonarios relacionados con la venta y maquila de productos químicos especializados. Esta distribución de cantidades millonarias dificultaría el rastreo del dinero.
El documento señala que, únicamente entre 2022 y 2024, este grupo habría expedido facturas por más de 15 mil millones de pesos, pese a que, según la denuncia, no contaban con infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica para desarrollar esas actividades.
La mayoría de las personas involucradas son hombres jóvenes con más ingresos que egresos.
Los denunciantes destacan casos que consideran atípicos. Entre ellos figura un joven de 24 años que habría emitido comprobantes fiscales por mil 800 millones de pesos sin registrar gastos durante el mismo periodo; y otro, de 25 años, habría facturado más de mil 200 millones de pesos mientras únicamente reportó gastos por 46 mil pesos.
Las denuncias también describen un mecanismo de "capas" de facturación entre empresas del propio grupo, cuyo propósito habría sido dificultar el rastreo del origen de los recursos.
Entre las principales sociedades mencionadas aparecen Petrogesa, Ban GESA, Químicos Industriales Sazu, Edjora, Industrias GESA del Sureste y Safnat, las cuales, según el expediente, posteriormente transferían operaciones a un segundo grupo de empresas ubicadas principalmente en Nuevo León y Coahuila. En esta etapa, los conceptos facturados cambiaban de la comercialización de productos químicos a supuestos servicios profesionales de ingeniería y telemetría.
Operaban presuntamente dentro de Pemex
El documento analizado por este medio sostiene que la organización habría logrado ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— para extraer derivados del petróleo como nafta, crudo y productos petroquímicos especializados.
Estas operaciones se realizaban presuntamente sin registros oficiales de ingreso o salida y sin contratos que justificaran la presencia de particulares dentro de instalaciones consideradas estratégicas para el Estado mexicano.
Si las investigaciones confirman estos hechos, el caso trascendería el robo de combustibles conocido como huachicol tradicional. Implicaría una presunta infiltración logística en instalaciones de la empresa productiva del Estado y un esquema de comercialización que habría aprovechado mecanismos fiscales para dar apariencia de legalidad al producto.
Las principales empresas de Grupo GESA se apoyaban presuntamente con empresas de un segundo grupo, pero todas vinculadas entre sí.
Petrogesa funge como una empresa “contratista” proporcionando una red de suministro y servicios a Pemex, relacionados con productos químicos especiales y otros derivados del petróleo, que se utilizan para eliminar contaminantes de crudos pesados y aceites ligeros.
Esos servicios prestados consisten principalmente en transporte, renta de grúas, venta, instalación y mantenimiento de bombas y equipo de inyección; inyección, monitoreo y logística; renta de laboratorio y renta de Unidad de Presión y Vacío (UpV).
Con base en estos elementos, los denunciantes solicitan a las autoridades investigar la posible comisión de delitos como robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Hasta el momento, la documentación revisada corresponde a denuncias y señalamientos cuya veracidad y responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones.
Texas, el destino final de millones de dólares
Grupo GESA estaría operando presuntamente un esquema de extracción y comercialización ilícita de hidrocarburos que no terminaría en territorio mexicano. De acuerdo con el documento que describe la estructura financiera de la red, y que fue consultado por este medio, el último eslabón de la operación conduciría a un grupo de empresas constituidas en Texas, desde donde presuntamente se habrían canalizado recursos por más de mil 100 millones de dólares.
Según el expediente, la organización encabezada por el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya habría construido una red de empresas y personas físicas para simular operaciones comerciales, ocultar el origen de hidrocarburos presuntamente extraídos de instalaciones de Pemex y, posteriormente, triangular los recursos mediante sociedades ubicadas en la frontera norte.
Al menos cuatro empresas estadounidenses se mencionan en las denuncias.
Tras una primera etapa de facturación entre compañías vinculadas al denominado Grupo GESA, las operaciones eran presuntamente transferidas a un segundo bloque de empresas asociadas al empresario Salvador Vigil Jordán, establecidas en Nuevo León y Coahuila. Ahí, el producto supuestamente dejaba de comercializarse como derivados del petróleo para convertirse, en el papel, en "servicios profesionales independientes en materia de ingeniería", una maniobra que habría permitido perder el rastro del origen de las mercancías.
La investigación señala que ese segundo grupo empresarial mantenía relaciones comerciales con cuatro compañías registradas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC. En conjunto, dichas empresas habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares, monto que el documento identifica como el beneficio económico generado por la presunta red entre 2019 y 2024.
Tiene relación con empresas sospechosas en Estados Unidos
Uno de los casos que destaca el expediente es el de Smart Logistics Commerce LLC. De acuerdo con la revisión descrita en el documento, el domicilio registrado corresponde a un pequeño inmueble ubicado dentro de una zona habitacional de San Antonio, Texas, sin características propias de una empresa dedicada a actividades industriales o de comercio internacional, lo que es presentado como un indicio de una posible empresa fachada.
El reporte también sostiene que las compañías estadounidenses compartirían características con las denominadas empresas fantasma y formarían parte de una estructura diseñada para facilitar operaciones de lavado de dinero y ocultamiento del origen de los recursos, mediante la emisión de facturación entre sociedades relacionadas.
Además, el documento plantea que la red logística no solo habría servido para movilizar supuestos productos químicos, sino que también podría estar vinculada con esquemas de contrabando de hidrocarburos y "huachicol fiscal", apoyándose en una infraestructura de transporte terrestre y almacenamiento que habría permitido el traslado de energéticos entre el sur de México y la frontera con Estados Unidos.
Gerardo Sánchez Zumaya busca gubernatura; Morena lo rechaza
El camino político de Gerardo Sánchez Zumaya hacia la gubernatura de San Luis Potosí tuvo un tropiezo luego de que Morena le negara el registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, cargo que antecede a la definición de la candidatura para las elecciones de 2027. Horas después, el empresario encontró respaldo en el Partido del Trabajo (PT), que lo incorporó a su proceso interno.
Durante la jornada de registros organizada por Morena, únicamente los aspirantes avalados por la dirigencia nacional recibieron su documentación de manos de la presidenta del partido, Ariadna Montiel, y de la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández. Sánchez Zumaya no fue incluido en esa etapa y, tras el retiro de los representantes morenistas, dirigentes del PT instalaron su propia mesa para recibir su registro como aspirante.
Sánchez Zumaya vio trastocada su breve trayectoria política luego de que Morena le cerrara la puerta. El PT lo registró como coordinador.
El episodio fue interpretado en el ámbito político potosino como un mensaje de distanciamiento por parte de Morena para evitar que el empresario participara en su proceso interno debido a la controversia generada por los señalamientos públicos que ha enfrentado en los últimos años por presuntos vínculos con empresas factureras y esquemas de "huachicol fiscal", acusaciones que él ha rechazado.
Sánchez Zumaya ha sostenido que existe una campaña política en su contra y también ha defendido la legalidad de sus actividades y ha negado cualquier participación en operaciones ilícitas relacionadas con Pemex.
Con su incorporación al PT, el panorama rumbo a la sucesión estatal comenzó a reconfigurarse.
Antecedentes sin consecuencias
Las denuncias que en 2024 vincularon al empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya con un presunto esquema de saqueo de hidrocarburos a Pemex hasta ahora no han tenido consecuencias penales. La Fiscalía General de la República determinó, en este año, el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados.
Los señalamientos surgieron tras darse a conocer una presunta red de extracción y comercialización ilícita de combustibles, además de posibles operaciones de lavado de dinero y facturación simulada. Incluso, empresarios del sector energético solicitaron públicamente a la FGR profundizar las investigaciones.
Una segunda investigación, radicada en Tabasco e integrada por presuntos delitos como lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, también concluyó con la determinación de no ejercer acción penal por insuficiencia probatoria.
Aunque ambas resoluciones cerraron esos expedientes, el nombre de Sánchez Zumaya ha vuelto a aparecer en nuevos documentos que lo vinculan con una presunta red de extracción y comercialización ilícita de hidrocarburos, señalamientos que hasta ahora no cuentan con una resolución judicial definitiva.
