06/08/2025
Impunidad, acoso y corrupción en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Despiden a una trabajadora por denunciar a funcionarios protegidos.
A un mes de haber denunciado públicamente acoso laboral dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Érika Tapia, ex trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, fue despedida. En lugar de recibir apoyo, como prometen las autoridades, se encontró con represalias. Su denuncia apunta directamente al alcalde Enrique Galindo, a la directora de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta, y a una red de funcionarios que gozan de impunidad.
“La política de ‘cero tolerancia’ es una mentira. Solo es un discurso para tapar la corrupción y el abuso que se vive en esta administración”, asegura Érika.
Érika denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a Liliana Armentina Zavala López, funcionaria municipal, y a Jesús Becerra Rodríguez, su jefe directo. Ambos la acosaban constantemente, pero en lugar de investigar el caso, el Ayuntamiento la despidió con el pretexto de “ineficiencia”. Un argumento que, según la denunciante, solo busca encubrir el machismo y la violencia laboral que enfrentó.
Lo más preocupante: Liliana Zavala es hermana del regidor Jorge Alberto Zavala López, del PRD. Este parentesco la hace intocable, según varios testimonios. Todo indica que el regidor ordenó terminar el contrato de Érika, y tanto Jesús Becerra como Liliana Zavala ejecutaron la orden. Se trata de una red de poder que calla a quien se atreve a denunciar.
El mismo día en que Érika publicó su video de denuncia, Martha Orta, responsable de la Instancia de las Mujeres, se comunicó con ella. Le prometió resolver el caso en una semana. A un mes, no ha hecho absolutamente nada.
Mientras tanto, el miedo crece entre los trabajadores de la Unidad de Gestión del Centro Histórico. Nadie quiere hablar. Tienen miedo de perder su empleo. Señalan que Liliana Zavala no firma documentos, pero da órdenes verbales que luego son grabadas o grabadas en video. Si alguien se queja, usan esas grabaciones en su contra. Así operan: con chantaje, intimidación y amenazas.
Érika nos presentó varias pruebas que muestran un esquema de corrupción dentro del Ayuntamiento:
•Mensajes donde el regidor Jorge Zavala, a través de su asistente y pareja, exigía a trabajadores del PRD entregar el 5% de su sueldo como “agradecimiento” por tener empleo en el gobierno.
•Documentos que prueban que su hija fue obligada a firmar un contrato y una declaración patrimonial sin haber trabajado nunca. El sueldo nunca llegó a sus manos: la tarjeta donde se depositaba fue controlada por el regidor.
•Una carta al alcalde sobre un problema grave de higiene en los baños del área de trabajo fue bloqueada por Jesús Becerra. Él mismo dijo que no se enviaría porque la persona señalada estaba protegida por el alcalde.
A pesar de estas pruebas, nadie ha investigado nada. Ni la CEDH ni la Contraloría municipal que encabeza Gabriela Torres han dado una sola respuesta.
“Cero tolerancia” es solo propaganda.
El Ayuntamiento presume tener políticas para proteger a mujeres y erradicar la violencia laboral: el sistema municipal contra la violencia, el lema “No tolerancia” y la Instancia de las Mujeres. Pero todo eso, dice Érika, es una farsa.
“Estas iniciativas no sirven. Son pura propaganda. Mientras tanto, adentro del Ayuntamiento, las mujeres seguimos siendo acosadas, humilladas y despedidas por alzar la voz”.
¿Qué más tiene que pasar pregunta la afectada?
¿Qué más hace falta para que el Ayuntamiento de San Luis Potosí actúe? ¿Cuántas denuncias, pruebas, despidos y abusos se necesitan para que alguien haga su trabajo?
Este no es un caso aislado. Es uestán las cosas en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde el poder protege a unos pocos, mientras aplasta a quienes se atreven a decir la verdad.
