05/09/2025
Fiscalía de Tlaxcala, con culpables visibles, pero no reales: cinco personas liberadas por fabricación y falta de pruebas marcan su actuar
Investigación de Ezequiel GONZÁLEZ// Tv Red Tlaxcala
Como Procuraduría realizó cinco aprehensiones; como Fiscalía, todas fueron desestimadas por fabricación y falta de pruebas, además de tortura.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se encuentra bajo el ojo del huracán tras una constante de sus ministerios públicos y su propio actuar: cuatro casos con personas aprehendidas que después de años fueron puestas en libertad luego que juzgadores comprobaran la fabricación de prueba y la falta de las mismas, además que organismos y las propias víctimas relataron actos de tortura.
Se trata de los casos de Pedro Francisco N., Keren N., Edson N., y el caso Tlalcuapan, en el que hubo dos personas aprehendidas: Raymundo N., y Saúl N.
KEREN N.
Fue detenida el 11 de diciembre de 2015 en pocos días después de haber dado a luz, su detención se realizó sin una orden de aprehensión y con lujo de armas de fuego, según la propia víctima, el operativo estuvo a cargo de policías de Investigación de Tlaxcala y la en ese entonces llamada Policía Federal.
Según Keren N., por 11 horas no fue enterada sobre el motivo de su arresto y al momento del mismo, estaba acompañada de su hija de apenas días de edad. Fue hasta que empezó a ser torturada tanto física como mentalmente, cuando se le hizo de su conocimiento que su detención estaría vinculada a un secuestro ocurrido en Tlaxcala.
La tortura de la que fue víctima, de acuerdo con Keren N., fue para que se admitiera su participación en tal secuestro, su defensa pública fue de poca ayuda, pues le solicitó a la joven reservarse su derecho a declaración, hasta que fue sentenciada a 50 años de prisión, el 20 de noviembre de 2019.
Al conocerse su caso, organizaciones civiles en pro de los Derechos humanos se sumaron a la familia de Keren N., entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red SOS - Tortura a través del Centro PRODH, dichas instituciones alegaron que no existió interés superior de la niñez para brindar protección a la bebé, además que la víctima fue sometida a varios martirios para que admitiera su culpabilidad.
Tras nueve años recluida y luego de varias movilizaciones civiles a su favor, un proyecto presentado por la ahora exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, ante la Sala Penal del Poder Judicial de Tlaxcala, resultó en el fallo absolutorio para Keren N., resultando en su liberación el 16 de abril de 2025.
PEDRO FRANCISCO N.
Pedro Francisco N., era trabajador en una funeraria de Guanajuato, cuando un 05 de septiembre de 2022 fue aprehendido sin contar con una orden librada por un juez, al ser vinculado con un homicidio calificado que tuvo lugar en el 08 de noviembre de 2021.
Con 24 años de edad, Pedro Francisco fue trasladado a Tlaxcala para enfrentar un proceso penal en su contra únicamente por llamarse Pedro Francisco, pues según las investigaciones, ese sería el nombre del responsable del homicidio calificado.
Mientras se desahogaba su proceso penal, fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de ; con el inicio de su juicio, familiares y conocidos a través de su defensa legal presentaron diferentes pruebas con las cuales acreditaban que Pedro Francisco N., en la fecha y hora del homicidio, se encontraba trabajando en una funeraria en la zona de León, .
Fue hasta una revisión del caso como se obtuvo una declaratoria de juicio nulo con fecha del 12 de junio de 2024 a causa de inconsistencias detectadas en todo el proceso.
Así, Pedro Francisco N., apodado como “El inocente de Guanajuato” obtuvo su libertad el 11 de septiembre de 2024 luego que un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Tlaxcala dictó sentencia absolutoria, el sujeto permaneció dos años en prisión.
EDSON N.
Fue vinculado con el homicidio del exdiputado local, Omar Milton N., ocurrido el 24 de diciembre de 2021, el cuerpo del exlegislador fue localizado en San Esteban , municipio de .
El 12 de enero de 2022, derivado de investigaciones a cargo de la en ese entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y con Ernestina Carro Roldán como su titular. Edson N., fue aprehendido y mantenido en prisión preventiva desde el 13 de enero del mismo año.
Edson N., fue ingresado al CERESO de Tlaxcala capital mientras transcurría el proceso legal en su contra; en enero de 2024, la familia del recluido externó ante la opinión pública que su familiar había sido víctima de un intento de apuñalamiento en el estómago, consecuencia de no haber firmado un documento en el que admitía su culpabilidad, según declararon los quejosos.
Al presentar varias pruebas periciales y testimoniales a su favor, los juzgadores a cargo del caso determinaron absolver a Edson N., al no encontrar participación directa o indirecta en el homicidio; el acusado fue puesto en libertad el 24 de septiembre de 2024.
Sin embargo, el 14 de mayo de 2024, tres exmagistrados del TSJE por proyecto de Pedro Sánchez Ortega, anularon la absolución de Edson N., y ordenaron restituir el caso, a cargo de tres jueces, al momento, no hay información sobre una posible reaprehensión o de avances en el proceso penal.
CASO TLALCUAPAN: RAYMUNDO N., Y SAÚL N.,
Raymundo N., y Saúl N., ambos originarios de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, comunidad de Chiautempan, fueron aprehendidos el 14 de julio de 2022 en diferentes trabajos realizados por la extinta PGJE al encontrarlos supuestamente culpables por el linchamiento de un presunto ladrón ocurrido el 15 de abril de 2022, en pleno Viernes Santo.
Saúl N., era presidente de comunidad y fue el primer aprehendido por la PGJE, tal detención generó la movilización de la comuna en las instalaciones de la Procuraduría, misma que tuvo que ser resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
En tal movilización, la PGJE permitió el ingreso de una comisión de San Pedro Tlalcuapan en la cual se encontraba Raymundo N; poco más de media hora después, el sujeto fue aprehendido por ministerios públicos quienes lo intervinieron cuando estaba a punto de salir de la Procuraduría.
Ambos sujetos fueron representados por el abogado Carlos David Robles FIgueroa, quien primero consiguió la libertad de Raymundo N., el 01 de marzo de 2024 después de un año y siete meses recluido; la víctima, relató ante medios de comunicación que el día de su aprehensión fue golpeado, además, que el día del linchamiento se encontraba en labores propias de la Mayordomía de la Semana Santa en , es decir, que ni siquiera estaba presente cerca de donde ocurrió el homicidio.
En tanto, Saúl N., presidente de comunidad de Tlalcuapan, fue aprehendido al salir de una sesión de Cabildo en el 14 de julio de 2022, de inmediato fue trasladado a las instalaciones de la extinta Procuraduría, por ser autoridad de comuna y presuntamente no haber actuado para evitar el linchamiento.
La aprehensión de Saúl N., marcó un antes y un después en la procuración y administración de justicia, pues pese a pruebas de su inocencia, fue recluido en el CERESO de Tlaxcala capital, mientras pobladores y organizaciones afines acusaron se trataría de un preso político.
Varias audiencias y recursos legales promovidos en favor de Saúl N., resultaron en que, este 04 de septiembre de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado del 28 Circuito Judicial en sesión de tres magistrados decretaron sentencia absolutoria a favor del tiaxca de Tlalcuapan.
En todos los años en que Saúl N., fue privado de su libertad, la comunidad, su familia y organizaciones estuvieron en constante movilización para exigir su libertad bajo un juicio intercultural en el que se priorizaran los derechos humanos e interculturales.
En estos cuatro casos, las aprehensiones ocurrieron bajo el perfil de Procuraduría, empero, las liberaciones ocurrieron cuando, la dependencia gubernamental fue transformada en Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) con Ernestina Carro Roldán todavía como su titular, sin que haya posicionamientos reales y severos contra quienes cometieron las detenciones arbitrarias, las torturas y los aplazamientos de los juicios para impedir la salida de las personas antes mencionadas.