13/10/2025
Funcionarios de la FGR en Veracruz extorsionan a empresarios
Los funcionarios federales tienen vínculos con el Juan Miguel Cervantes Álvarez, alias “El Momo”, líder regional del CJNG e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, operador e integrante del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz enfrenta una ola de denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción, extorsión y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la entidad, de acuerdo con testimonios de empresarios y fuentes cercanas a las investigaciones federales.
Las denuncias, presentadas ante instancias de la Ciudad de México, señalan al delegado Gonzalo Medina Palacios, César Sandoval y Jaime “N” y varios agentes del Ministerio Público Federal y policías de investigación, como posibles responsables de una red que exige “cuotas” económicas a cambio de permitir la operación de diversos negocios en el estado.
Los funcionarios federales tienen vínculos con el Juan Miguel Cervantes Álvarez, alias “El Momo”, líder regional del CJNG e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, operador e integrante del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Entre los nombres que sobresalen, está César Sandoval quien funge como Ministerio Público Federal, quien da protección a los integrantes del CJNG y recibe órdenes directas de “El Momo” o “El Tanque”, quienes gozan de impunidad bajo el manto protector de los funcionarios federales.
De acuerdo con los testimonios recabados, los presuntos cobros van de los 50 a los 500 mil pesos, y en algunos casos, las víctimas aseguran haber sido amenazadas con la fabricación de delitos o cateos si no accedían a las exigencias.
Fuentes federales consultadas dijeron que los nombres de algunos de los funcionarios mencionados figuran en una investigación interna que examina su posible participación con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Golfo (CDG), grupos que se disputan el control de rutas estratégicas para el tráfico de dr**as y el robo de combustibles en la región
Las pesquisas apuntan nexos de los funcionarios en activo con Juan Miguel Cervantes Álvarez, alias “El Momo”, y Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, este último identificado por autoridades estadounidenses como operador clave en el robo y comercialización de hidrocarburos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., “El Tanque” utiliza una red de gasolineras y empresas fachada para el lavado de dinero y la venta de combustible robado.
Entre los nombres señalados en estas operaciones aparecen Alicia “N”, alias “La Conta”, y Héctor Jaime Veloz Ortiz, conocido como “El Lic”, propietario de la empresa Grúas Veloz Ortiz, presunto administrador de los recursos de la organización criminal.
Los informes también mencionan la posible utilización de empresas locales como Grupo Riande Espectáculos, Casino Flamingos Palace, Cervecería Zapata y Asociados Veloz Ortiz para el movimiento de capital ilícito y el blanqueo de activos producto de la extorsión.
Por otra parte, autoridades estadounidenses y mexicanas entre ellas la DEA, la OFAC, la FGR y la Secretaría de Marina, mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre la presencia simultánea del Cártel del Golfo y el CJNG en territorio veracruzano, particularmente a través de sus brazos armados, el Grupo Sombra y la llamada “Mafia Veracruzana”.
A su vez, empresarios y transportistas han denunciado que estas organizaciones en coordinación con el delegado de la FGR en Veracruz y algunos de sus funcionarios que incluyen ministerios públicos federales, policías de investigación exigen “derecho de piso” y realizan actos de intimidación que incluyen incendios de vehículos y agresiones físicas.
En los municipios de Jáltipan y Acayucan, operadores de minas de arena sílica aseguran haber recibido amenazas y cobros iniciales de hasta un millón de pesos, además de cuotas mensuales de 70 mil pesos en efectivo.
De acuerdo con la Coparmex Veracruz, dos de cada tres empresarios locales han sido víctimas de algún tipo de extorsión, ya sea por parte del crimen organizado o de autoridades de la FGR en activo, lo que refleja una crisis de confianza institucional en el estado.
Una de las investigaciones en curso, clasificada como confidencial, involucra al delegado de la FGR, Gonzalo Medina Palacios, y está relacionada con la muerte de un agente federal y las lesiones de otros dos, quienes fueron sorprendidos por una banda de secuestradores en la colonia Rigo, en Boca del Río.
El incidente ocurrió durante un operativo en el que participaron nueve elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Policía Federal Ministerial (PFM) y a la Unidad de Secuestros de la Ciudad de México, bajo el mando de la oficial Marilú Maldonado. El objetivo de la acción era detener a los secuestradores y rescatar a una víctima.
El operativo fue coordinado desde la Ciudad de México, sin notificar a ninguna otra corporación, incluida la delegación de la FGR en Veracruz. Sin embargo, existen indicios de que la alerta a los delincuentes salió directamente de la oficina de Medina Palacios.
