13/09/2026
PRIVATIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EL GRAN NEGOCIO.
DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
La frase “tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario” atribuida a Manuel J. Clouthier, sintetiza la visión panista que ha permitido saquear las arcas públicas mediante la privatización de los servicios públicos bajo la denominación de “concesiones”.
Para la concesión de bienes y servicios públicos la figura favorita de los gobiernos panistas fueron los contratos de Asociación Pública Privada.
Los contratos de las APP’s por lo general establecen que el gobierno entrega la explotación de un bien o un servicio público (por ejemplo una carretera) a una empresa privada con el compromiso de que si la empresa no recupera la inversión más su ganancia, el Estado pagará la inversión y ganancia proyectada.
Dos de las concesiones más controvertidas de los gobiernos panistas fueron las otorgadas para una planta desalinizadora en Playas de Rosarito a la empresa Aguas de Rosarito S.A.P.I DE C.V. por 37 años y otra otorgada a una empresa española, socia de un empresario panista, para construir el primer viaducto elevado de Tijuana que al final construyó López Obrador sin costo por su uso.
El primer gobierno estatal morenista revocó ambas concesiones, pero las cantidades pagadas por las revocaciones a los concesionarios debieron ser cuantiosas.
Los panistas también otorgaron la concesión para el Sistema Integral Hídrico de San Quintín, la Planta Potabilizadora la Nopalera en la ciudad de Tecate, el Programa de construcción de tubería troncal de drenajes pluviales en la ciudad de Mexicali y la vía ferroviaria de Tijuana a Tecate.
En la ciudad de Tijuana la lista de concesiones otorgadas por diversas administraciones prianistas es muy larga.
Entre las significativas están; el relleno sanitario de la ciudad, el estacionamiento público contiguo al edificio de palacio municipal, miles de metros cuadrados de espacios de estacionamiento en las calles, el sistema de transporte del SITT y la red de fibra óptica en la ruta troncal del mismo, cientos de áreas verdes para espectaculares, un edificio en el parque Morelos, la plaza cívica para el proyecto 11 de julio, cientos de cámaras de video vigilancia, fotomultas y el cobro del rezago del impuesto predial.
Con la llegada de Andres Manuel López Obrador a la presidencia de México, se inició la revocación de concesiones para restituir al Estado su responsabilidad social, entre las que destacan está la recuperación de la atribución para producir electricidad, la red ferroviaria del país y los servicios e infraestructura de muchos hospitales públicos.
En el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, se continuó con la política de recuperación de la rectoría del Estado reformando la Constitución para crear las empresas públicas del Estado y la expedición del Plan México para promover la inversión productiva.
La estrategia de la Presidenta Sheinbaum elimina la figura de las APP’s al tiempo que promueve la inversión mixta en dónde el Estado Mexicano invita a la inversión privada a participar en los proyectos públicos, sin perder la prevalencia sobre los mismos.
En el caso de Baja California, el modelo del panismo no se ha modificado en gran medida, los dos gobiernos morenistas estatales han continuado otorgando en concesión servicios públicos.
Tal es el caso de la concesión para un tren elevado de Tijuana a Rosarito y otra para una planta fotovoltaica en Mexicali, ambas concesiones fueron un fracaso y no se sabe si le costaron al erario estatal.
En Tijuana, el Estado entregó en concesión dos grandes obras de infraestructura; el carril confinado sobre el boulevard 2000 y el segundo viaducto elevado del nodo Morelos a Otay, obras de movilidad que los ciudadanos podrán utilizar mediante el pago de una cuota.
Existen otros proyectos para la movilidad que están diseñados para que los usuarios paguen mediante la entrega a empresas privadas en concesión.
La primera administración de morenistas en Tijuana entregó en concesión más cámaras de videovigilancia y el suministro del servicio de internet a 200 oficinas públicas, dejando en manos de empresas particulares dos áreas estratégicas de seguridad para la ciudad.
Las administraciones morenistas se han distinguido por seguir la tradicional política prianista, aunado al pago de contratos incumplidos y por darle la vuelta a la prohibición de concesionar el servicio de seguridad pública mediante el arrendamiento de patrullas.
La política neoliberal de entregar mediante concesiones los bienes y servicios públicos ha continuado en nuestro Estado, esperemos que las próximas administraciones públicas morenistas pongan en práctica un modelo acordé con la estrategia de la Presidenta Sheinbaum y con la ideología que dicen profesar.
NOMAS POR JODER:
Radio-pasillo dice que después de un regaño presidencial, Morena dará a conocer los coordinadores estatales que faltan y que en BC será coordinadora una mujer con larga trayectoria de izquierda.
Los caballeros tendrán que esperar los premios de consolación.
