02/08/2026
📰✖️ | La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) manifiesta su rechazo firme y categórico a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y puestos a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
UNIÓN DE PERIODISTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Postura pública ante los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) manifiesta su rechazo firme y categórico a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y puestos a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
Consideramos que, lejos de proteger a la ciudadanía, este instrumento abre la puerta a la censura indirecta, la discrecionalidad estatal y una peligrosa cacería de brujas contra las voces críticas.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los concesionarios de radio, televisión abierta y sistemas de paga a contar con códigos de ética y a designar “defensores de las audiencias”.
Los lineamientos precisan que los medios no deben difundir información “falsa o descontextualizada”, deben distinguir entre noticia y opinión, y entre publicidad y contenido.
Si las quejas no se atienden en un plazo máximo de 20 días, la CRT —órgano desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— puede intervenir e imponer sanciones que, según ha señalado la propia Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), pueden alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales del concesionario.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la CRT insisten en que “no hay censura ni la habrá”, que se trata de un proceso de “autorregulación” porque cada medio nombra a su propio defensor, y que “nunca ha habido más libertad de expresión que ahora”.
Afirman que los lineamientos aún están en consulta y pueden modificarse. Sin embargo, la CIRT —que participó en las discusiones de la ley— ha advertido con claridad los riesgos reales: los lineamientos son ambiguos y dan lugar a discrecionalidad del gobierno; permiten a la autoridad definir qué es “información falsa o descontextualizada”; subordinan al defensor de las audiencias a la CRT a través de un recurso de inconformidad que habilita al Estado a revisar y revertir resoluciones editoriales; y contemplan sanciones excesivas que van mucho más allá de lo previsto en la legislación anterior.
No desconocemos la necesidad de distinguir entre información, opinión y publicidad. Tampoco ignoramos los abusos que existen en algunos medios. Pero cuando el poder que concentra el Ejecutivo, el Legislativo y el órgano regulador se erige en juez de lo que es “verdad”, “manipulación” o “desinformación”, el resultado no es mayor transparencia: es control.
Este instrumento no servirá para callar las mentiras de quienes las respiran como parte de su práctica política cotidiana. En cambio, sí puede convertirse en herramienta para acallar a periodistas, medios locales y redacciones independientes que ejercen su labor desde las entidades.
Los aparatos estatales y municipales se verán obligados a adecuarse a esta nueva lógica, y las defensorías y códigos de ética terminarán interpretados a conveniencia del poder en turno. En Tlaxcala conocemos de cerca lo que significa trabajar en un entorno de presión.
Sabemos que la libertad de expresión no se defiende solo con discursos desde el podio presidencial, sino garantizando que ningún gobierno tenga la facultad de decidir qué se puede decir y qué debe callarse bajo el pretexto de “proteger a las audiencias”.
Rechazamos además la asimetría. Se imponen reglas estrictas a los medios privados mientras la conferencia mañanera —el espacio informativo más poderoso del país— opera sin código de ética externo, sin defensoría independiente y sin mecanismos reales de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Cuando se propone que los mismos criterios se apliquen al podio oficial, la respuesta ha sido desdeñosa: “que no la vean”.
Exigimos que cualquier regulación en esta materia garantice plena autonomía de las defensorías, criterios objetivos y no discrecionales, la imposibilidad de que la autoridad revise o revierta resoluciones editoriales, y sanciones proporcionales que no se conviertan en arma de presión económica.
Mientras eso no ocurra, estos lineamientos representan un riesgo inaceptable para el ejercicio periodístico libre y para el derecho de la sociedad a informarse sin filtros del poder.
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala no se quedará callada. Defenderemos el derecho a informar y a disentir, porque sin periodismo libre no hay democracia posible.
Hacemos un llamado a las organizaciones gremiales, a los medios locales y a la ciudadanía a participar de manera crítica en la consulta pública y a no permitir que, bajo el discurso de los “derechos de las audiencias”, se consolide un nuevo mecanismo de control editorial.
Tlaxcala, a 30 de julio de 2026.
Martín Rodríguez Hernández
Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala
