02/03/2026
EN TULUM, LA JUSTICIA DA LA ESPALDA A UNA VÍCTIMA DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO
En pleno Mes de la Mujer, cuando las instituciones deberían reforzar la protección de los derechos y la vida de las mujeres, en Tulum ocurre lo contrario: un caso documentado como tentativa de feminicidio enfrenta decisiones judiciales y ministeriales que, en los hechos, lo han desdibujado, mientras la víctima vive en el exilio por razones de supervivencia.
Megan A. R. y su hija abandonaron México no por elección, sino por miedo. Desde el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado abrió la Carpeta de Investigación FGE/QROO/AMPTUL/FEF/05/1/2023 por tentativa de feminicidio contra José Fernando J. S., con dictámenes médicos, periciales psicológicas, imágenes y audios que acreditan agresiones, estrangulamiento y amenazas.
Pese a ello, la Fiscal Especializada en Feminicidio, Mariana Gutiérrez Pérez, reclasificó el delito a violencia familiar y omitió ordenar una pericial clave en audio donde se escucha a la víctima ser asfixiada mientras sostenía a su hija. La decisión frenó la judicialización por tentativa de feminicidio y dejó al señalado sin vinculación a proceso por ese delito.
El caso llegó al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tulum bajo la Carpeta Administrativa 77/2023. El 3 de febrero de 2026, el juez Luis Ernesto Gabourel García anuló la imputación por tentativa de feminicidio, negó medidas de protección y rechazó turnar el asunto a un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Días antes, el 22 de enero de 2026, también negó la admisión de un recurso de revisión, desestimando el contexto de violencia acreditado en el expediente.
Lejos de limitarse a una reclasificación, hoy se señala que la propia Fiscalía de Tulum habría abierto nuevas carpetas con hechos que la víctima califica como falsos en su contra, invirtiendo la calidad de víctima para convertirla en imputada. Para la defensa, esto configura un patrón de violencia institucional: el uso del aparato ministerial para desacreditar y presionar.
El historial del señalado tampoco es menor. De acuerdo con antecedentes ministeriales, en 2012 fue consignado por privación ilegal de la libertad en agravio de un menor de edad, quien denunció haber sido golpeado con la cacha de una pi***la. Aun así, en el caso actual la gravedad fue minimizada.
Ante la falta de protección y el riesgo real para su vida y la de su hija, Megan salió del país el 15 de agosto de 2025 y se refugió en Vermont, Estados Unidos. Incluso en ausencia, el 21 de octubre de 2025 le fueron negadas medidas de protección, pese a lesiones documentadas, amenazas y dictámenes psicológicos que acreditan el daño.
Desde el exilio, la víctima hace un llamado directo a la gobernadora Mara Lezama para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise la actuación ministerial y judicial y garantice que el caso sea analizado con perspectiva de género y apego estricto a derecho.
Cuando una mujer debe huir del país para no ser asesinada y, además, enfrenta investigaciones en su contra basadas en hechos que denuncia como falsos, ya no se trata de un expediente aislado. Es un síntoma de violencia institucional y una responsabilidad que el Estado no puede seguir evadiendo.
