01/09/2026
*Presuntas irregularidades en Farmacia ponen bajo la lupa a la administración del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz*
*Veracruz, Ver.—* La administración del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se encuentra nuevamente bajo cuestionamientos luego de que trabajadores del nosocomio denunciaran presuntos movimientos irregulares de medicamentos, incluidos productos de alta especialidad y tratamientos oncológicos que, de acuerdo con los señalamientos, estarían saliendo del área de Farmacia bajo el argumento de ser destinados a donaciones, pero que presuntamente terminarían siendo comercializados.
Los señalamientos apuntan directamente al funcionamiento del área de Farmacia, donde trabajadores identifican al químico Mario José Sierra Sánchez, así como a Edwin Manuel Cruz Torres y José Guadalupe Vázquez Pérez, como personas relacionadas con el manejo de medicamentos y cuya actuación, según las versiones recabadas, debería ser revisada exhaustivamente por las autoridades.
De acuerdo con los testimonios, vehículos particulares acudirían a las inmediaciones de Farmacia para retirar productos farmacéuticos. Una de las principales líneas que los trabajadores piden investigar es si medicamentos registrados como donaciones realmente llegan a pacientes o instituciones beneficiarias, o si, por el contrario, algunos productos terminan fuera del circuito institucional y posteriormente son comercializados.
La gravedad de estos señalamientos aumenta cuando se habla de medicamentos de alta especialidad y tratamientos oncológicos, pues se trata de productos destinados a pacientes que dependen de ellos para continuar sus tratamientos.
Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿quién está supervisando que los medicamentos que entran y salen del hospital lleguen realmente a quienes están destinados?
La interrogante coloca bajo la lupa a la actual administración del hospital y, particularmente, a Rubén Armando Barona Alba, cuyo perfil profesional ha generado cuestionamientos desde que comenzó a mencionarse su llegada al cargo.
Barona Alba proviene principalmente del ámbito financiero y administrativo. Entre sus antecedentes aparece su desempeño como auditor interno de una empresa dedicada al ramo de las papelerías y posteriormente como gerente de Recursos Financieros de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa.
Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado públicamente una trayectoria que permita identificar experiencia previa equivalente en la administración de un hospital de alta especialidad.
Por ello, además de esclarecer qué ocurre en Farmacia, las autoridades deberían explicar qué mecanismos de supervisión implementó la actual administración desde su llegada, cuántas auditorías o revisiones de inventario se han realizado y quién autoriza las salidas de medicamentos bajo el concepto de donación.
También resulta necesario determinar si existen bitácoras, vales, recetas, actas de entrega, inventarios, registros de donación y grabaciones de videovigilancia que permitan reconstruir el destino de los medicamentos señalados por los trabajadores.
La situación cobra mayor relevancia porque la llegada de Barona Alba ha sido acompañada de versiones sobre un supuesto respaldo o padrinazgo político dentro de la estructura de IMSS-Bienestar Veracruz. Hasta ahora, esas versiones no han sido acreditadas oficialmente, pero han alimentado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para su designación.
Y es precisamente ahí donde las autoridades tienen la obligación de despejar cualquier duda.
No basta con designar a un administrador; también debe existir capacidad de supervisión, controles internos y rendición de cuentas.
Si las denuncias de los trabajadores carecen de fundamento, corresponde a las autoridades demostrarlo mediante inventarios y documentación. Pero si existe alguna irregularidad en la salida, donación o comercialización de medicamentos, ésta debe ser investigada y, en su caso, sancionada sin importar quién esté involucrado.
Porque mientras en el hospital existen pacientes que esperan medicamentos y familias que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos especializados, cualquier medicamento que salga de una institución pública debe tener un destino plenamente comprobable.
La pregunta está sobre la mesa: ¿qué está haciendo la administración del Hospital de Alta Especialidad para garantizar que ningún medicamento sea sustraído, desviado o comercializado indebidamente dentro del propio nosocomio?
La respuesta debe darse con documentos, no con declaraciones.
La salud de los pacientes no puede quedar subordinada a recomendaciones, relaciones políticas ni a una administración sin controles efectivos.
