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SOSPECHOSISMO EN EL GOBIERNO DE BACA: Opacidad, contratos a modo y “confidencialidad” selectiva: así gastó más de 91 m...
10/02/2026

SOSPECHOSISMO EN EL GOBIERNO DE BACA: Opacidad, contratos a modo y “confidencialidad” selectiva: así gastó más de 91 millones en 2025

El Ayuntamiento de Paraíso, encabezado por Alfonso Baca Sevilla, cerró 2025 con un patrón que ya es marca registrada en muchos gobiernos municipales: millones repartidos sin competencia real, contratistas ocultos y transparencia solo de fachada.

De acuerdo con información publicada en su propio portal de transparencia, el gobierno municipal firmó 70 contratos por más de 91 millones de pesos. Sin embargo, apenas 5 millones de pesos —menos del seis por ciento del total— fueron asignados mediante licitación pública abierta. El resto se repartió a discreción, vía adjudicación directa o invitación restringida.

En números claros:
• 42 contratos se entregaron por adjudicación directa, por un monto de 38 millones 315 mil pesos.
• 22 contratos se asignaron por invitación a cuando menos tres personas, sumando 48 millones 295 mil pesos.

Es decir, 86 millones 610 mil pesos se repartieron sin un proceso abierto y competitivo, mientras la licitación pública fue reducida a un trámite simbólico.

Entre los contratos directos destacan obras como la rehabilitación con grava de caminos en la ranchería Potreritos, por 2 millones 931 mil pesos, y la rehabilitación con concreto asfáltico del camino Palestina–El Chivero, por 2 millones 288 mil pesos, ambas asignadas sin competencia abierta.

En el esquema de invitación restringida sobresalen proyectos millonarios como la rehabilitación con concreto asfáltico en caliente en la ranchería Moctezuma Segunda Sección, por 4 millones 778 mil pesos, otorgada a Constructora AI del Sureste, S.A. de C.V., así como la rehabilitación de entradas del ejido Libertad Primera Sección–El Chivero, por 4 millones 207 mil pesos.

Pero el dato más grave no es solo el método de asignación, sino la opacidad deliberada: 38 contratos —más de la mitad— no incluyen el nombre de los contratistas beneficiados, a quienes se les entregaron 50 millones 739 mil pesos. El Ayuntamiento decidió clasificar esta información como “confidencial”, sin ofrecer explicación alguna ni sustento público.

¿CONFIDENCIAL PARA QUIÉN Y POR QUÉ?

¿Desde cuándo el nombre de empresas que reciben recursos públicos se convierte en un “secreto”?

Como si no bastara, el portal de transparencia del municipio exhibe un error grotesco: el registro de un contrato por 174 millones de pesos para una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública, una cifra evidentemente absurda que pone en duda la veracidad, el cuidado y la seriedad de la información oficial.

En Paraíso, la transparencia parece un trámite incómodo: se publica lo mínimo, se ocultan nombres clave y se reparten millones sin explicar a quién ni por qué. Mientras tanto, el discurso oficial habla de rendición de cuentas, pero los números cuentan otra historia: la del dinero público administrado en la penumbra.

Con información de El Heraldo de Tabasco.

Orden en el papel, oscuridad en los hechos: el Ayuntamiento de Centro simula transparencia con reconocimientos oficiales...
13/01/2026

Orden en el papel, oscuridad en los hechos: el Ayuntamiento de Centro simula transparencia con reconocimientos oficiales

El Ayuntamiento de Centro, encabezado por Yolanda Osuna Huerta, convirtió un trámite administrativo en un acto de propaganda política, al presentar el refrendo del Registro Nacional de Archivos como sinónimo de transparencia, cuando en los hechos persisten la opacidad, el desorden y las trabas para acceder a información pública.

El documento otorgado por el Archivo General de la Nación no acredita una rendición de cuentas efectiva ni garantiza que los archivos municipales estén completos, actualizados o libres de omisiones. Se trata, en realidad, de una validación formal que el gobierno municipal ha usado para construir una narrativa de eficiencia que no se refleja en la experiencia cotidiana de ciudadanos y periodistas.

Bajo la administración de Yolanda Osuna, el acceso a contratos, convenios, nóminas y decisiones administrativas continúa marcado por retrasos sistemáticos, respuestas parciales y reservas discrecionales, prácticas que contradicen el discurso oficial de “orden documental”.

El reconocimiento fue entregado por el propio titular del Archivo General Municipal, sin que mediara una auditoría independiente o una revisión de fondo sobre posibles vacíos documentales heredados o generados durante la actual administración. Aun así, el gobierno de Centro lo difundió como si se tratara de una certificación plena de transparencia.

Lejos de fortalecer la confianza ciudadana, el uso propagandístico de este refrendo evidencia una estrategia de simulación institucional: se cumple con el expediente, se obtiene el sello y se presume el logro, mientras la información sensible sigue siendo inaccesible o fragmentada.

En un municipio donde la transparencia debería ser una obligación y no un acto ceremonial, el orden de los archivos parece servir más para blindar políticamente a la administración que para garantizar el derecho ciudadano a saber.

El presupuesto del cinismo: menos recursos para la gente, más fiestas y un alcalde de 275 mil al mesEl Presupuesto de Eg...
12/01/2026

El presupuesto del cinismo: menos recursos para la gente, más fiestas y un alcalde de 275 mil al mes

El Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de Paraíso confirma una tendencia cada vez más clara: menos dinero para los servicios básicos y más recursos para la fiesta, el escaparate político y el sueldo del presidente municipal, Alfonso Baca Sevilla. En el reparto, los perdedores son los ciudadanos; los ganadores, el alcalde y su agenda de celebraciones.

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2025, múltiples programas y áreas estratégicas del municipio costero arrancan el año con recortes severos, mientras que el gasto en festividades se multiplica sin pudor.

El golpe más evidente lo recibe el programa de Recolección de basura y mejoramiento urbano, que pasa de 42.2 millones de pesos en 2025 a 32.1 millones en 2026. Es decir, menos recursos para calles limpias en un municipio turístico. A la par, los recursos para Laudos laborales caen de 36 millones a 24.8 millones, un recorte que anticipa más conflictos legales y pasivos heredados.

La tijera también alcanza a la atención de emergencias. La renta de camiones p**a para abastecimiento de agua —clave en incendios y comunidades sin suministro— se desploma de 3.1 millones a apenas un millón 136 pesos. El programa de Playa Semana Santa sufre una poda similar: de 3.18 millones a poco más de un millón de pesos.

Incluso los apoyos sociales básicos quedan relegados. El programa de análisis clínicos baja de 772 mil a 400 mil pesos, mientras que la entrega de ataúdes a personas de escasos recursos se reduce de 412 mil a 300 mil pesos. Austeridad selectiva: cuando se trata de necesidades, el dinero “no alcanza”.

Las áreas operativas tampoco se salvan. La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales pierde casi 6 millones de pesos; el DIF municipal sufre un recorte brutal al pasar de 29.2 millones a 18.3 millones. Catastro, Desarrollo y Registro Civil arrancan el año haciendo lo mismo que antes, pero con menos recursos y más presión.

En contraste, el Presupuesto 2026 abre la llave para la fiesta. El Día de las Madres pasa de 315 mil pesos a 2.7 millones. El Carnaval de Paraíso sube de 1.08 a 1.5 millones y el Día del Niño triplica su presupuesto, de 215 mil a 651 mil pesos.

Las celebraciones decembrinas crecen de 200 mil a 350 mil pesos; el Día de Mu***os se duplica y el Festival del choco-tamal recibe 100 mil pesos, casi el doble que el año pasado. Además, el Ayuntamiento incorpora nuevas fiestas: Día del Maestro, con 1.57 millones de pesos, y Día del Padre, con 1.05 millones, rubros que en 2025 simplemente no existían.

Pero el verdadero premio del presupuesto no está en las fiestas, sino en el despacho del alcalde. Pese al decreto estatal de 2024 que establece que ningún funcionario debe ganar más que el gobernador, Alfonso Baca Sevilla se autoimpuso para 2026 un tope salarial mensual de 274 mil 964 pesos.

El incremento es escandaloso: en 2025 su límite era de 175 mil pesos, y ahora se eleva en casi 100 mil pesos más, lo que equivale a casi tres veces el salario del gobernador Javier May Rodríguez, estimado en poco más de 92 mil pesos mensuales.

En Paraíso, el mensaje es claro: menos basura recolectada, menos agua, menos apoyos sociales y menos obra pública, pero más fiestas y un alcalde mejor pagado. El presupuesto no prioriza a la gente; prioriza el aplauso y el bolsillo del poder.

Con información de El Heraldo de Tabasco.

10/01/2026

Tabasco bajo extorsión: el crimen empobrece y el Estado abandona a los más pobres

La criminalidad en Tabasco no solo asesina personas: despoja, arruina y expulsa a familias enteras ante la mirada cómplice —por omisión— del gobierno. En el ejido La Chonita, una familia trabajadora que sobrevivía vendiendo empanadas y tacos fue forzada a vender su propia casa para pagar el llamado “derecho de piso” a extorsionadores. El crimen no solo les cobró dinero: les cobró su patrimonio.

No fue una elección. Fue una sentencia. O entregaban su hogar, o enfrentaban amenazas que el Estado fue incapaz —o indiferente— de contener. Eligieron quedarse vivos, aun a costa de quedarse sin nada. Hoy esa familia duerme en la calle, sin casa, sin ahorros y sin una sola autoridad que haya aparecido para responder.

Este caso desnuda una verdad incómoda que el discurso oficial intenta sepultar: en amplias regiones de Tabasco, el gobierno no manda. Manda el crimen. Los pequeños comerciantes están completamente solos, atrapados entre la extorsión criminal y un aparato institucional ausente que no protege, no investiga y no acompaña.

Mientras las autoridades presumen operativos, estadísticas optimistas y discursos huecos, la realidad se cuenta en hogares vendidos bajo amenaza, negocios destruidos por el miedo y familias arrojadas a la miseria. En La Chonita no hubo patrullas, no hubo fiscales, no hubo Estado. Solo hubo cobro, intimidación y silencio oficial.

Tabasco no se hunde por falta de trabajo, sino por la normalización del terror y la impunidad. Y cada familia despojada de su casa es una evidencia más de que el abandono gubernamental también mata: lentamente, pero sin consecuencias para quienes deberían impedirlo.

Video cortesía de José Raúl Reyes

08/01/2026

“No es extorsión, es corrupción”: Sheinbaum minimiza cobros oficiales en

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que en Macuspana, Tabasco, exista un caso de extorsión y lo redujo a un problema de “corrupción”, luego de que funcionarios municipales solicitaran una “cooperacha” de regalos a comercios y proveedores locales durante el pasado fin de año.

Aunque la mandataria pidió que se realice una investigación, en el ámbito local ya se dictó sentencia absolutoria. El alcalde Gaspar Díaz Falcón y José Ramiro López Obrador, propietario del rancho vinculado al caso, cerraron filas y aseguraron que no hay ilícito alguno que perseguir.

El episodio exhibe una vez más la normalización del abuso desde el poder, donde la línea entre cooperación voluntaria y presión institucional se diluye convenientemente. En Macuspana, la “cooperacha” no escandaliza; se justifica. Y mientras el discurso federal habla de indagar, en el terreno la impunidad ya fue decretada.

, tierra sin ley: policías encapuchados detienen, amenazan y desaparecen vehículos de una familia en TacotalpaUna fam...
08/01/2026

, tierra sin ley: policías encapuchados detienen, amenazan y desaparecen vehículos de una familia en Tacotalpa

Una familia de Tacotalpa rompió el silencio tras semanas de miedo. Lo hizo a través de una denuncia que circula en WhatsApp y que expone un presunto abuso de autoridad, amenazas y la desaparición de un vehículo a manos de policías estatales encapuchados.

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron la noche del 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 7:30 de la noche, en el centro de Tacotalpa, Tabasco. La pareja acudió al mercadito de don Miguel, ubicado a un costado de Súper Sánchez, para comprar insumos para la cena. Minutos después, su hija les llamó para advertirles que policías buscaban hablar con el esposo.

Según la denuncia, los agentes le informaron que el vehículo familiar supuestamente contaba con reporte de robo, afirmación que —aseguran— es falsa, pues el automóvil y su documentación están en regla. A pesar de ello, los policías insistieron en su versión.

El hombre fue esposado, jaloneado y subido a una patrulla, sin oponer resistencia en ningún momento. A la mujer la obligaron a subir al vehículo particular, amenazándola para que no grabara, exigiéndole guardar su teléfono celular entre insultos y gritos. “Si no, iba a valer madre”, le habrían dicho los agentes, según el relato.

Tras aproximadamente 15 minutos, los policías informaron que, por instrucciones de un superior, el esposo sería liberado, pero el automóvil sería asegurado. El hombre fue bajado de la patrulla, le retiraron las esposas y lo dejaron ir. El vehículo, en cambio, fue llevado por los agentes.

Desde entonces, el automóvil no aparece registrado en ninguna institución, corralón o dependencia oficial. Simplemente desapareció.

La familia señala que el vehículo fue adquirido con años de esfuerzo y sacrificio, y que además es herramienta indispensable para el trabajo del afectado. “No es justo que quienes dicen cuidar a la ciudadanía vengan a quitarnos lo poco que tenemos”, expresan.

Ante la falta de respuestas, la denuncia incluye un llamado directo al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, para que intervenga, se investigue a los responsables y se esclarezca este presunto abuso de autoridad cometido por elementos de la fuerza estatal, quienes además —subrayan— actuaban encapuchados.

La familia advierte que decidió hablar públicamente por temor a represalias, y responsabiliza desde ahora a quien o quienes resulten responsables de cualquier daño que puedan sufrir ellos o sus hijas.

El caso expone, una vez más, el clima de miedo, impunidad y desconfianza que enfrentan ciudadanos comunes ante corporaciones que deberían protegerlos, no despojarlos. Mientras tanto, el vehículo sigue perdido y las explicaciones oficiales brillan por su ausencia.

17/12/2025

Gobernar no les basta: Javier May y José Ramiro López Obrador buscan quedarse con los aretes y archivos del ganado

En Tabasco, el poder no sólo gobierna: también quiere ranchar. El gobernador Javier May y su secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, encabezan hoy una ofensiva política para apoderarse de la Unión Ganadera Regional (UGR), un gremio debilitado, dividido y en crisis, convertido ahora en botín de la llamada Cuarta Transformación.

La estrategia es clara: desplazar a la dirigencia actual que encabeza Carlos Frías García y colocar al frente a Eulalio Isidro, líder ganadero de Cárdenas y aliado del proyecto político de la 4T. No se trata de sanear al sector ni de combatir irregularidades, sino de tomar el control de una institución clave para el manejo del ganado en el estado.

El fin de semana pasado, personal de la Fiscalía General de la República cateó las oficinas de la Ganadera estatal bajo el argumento de una investigación por la presunta venta ilegal de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), el mecanismo que certifica el origen legal del ganado. El gobernador May no tardó en fijar narrativa: acusó tráfico ilegal de reses provenientes de Centroamérica y encubrimiento del robo de ganado.

Sin embargo, la mayoría de las asociaciones ganaderas municipales cerraron filas con su dirigencia y rechazaron de manera tajante que exista un uso ilícito del sistema de identificación. Lo que sí reconocen, aunque en voz baja, es la verdadera presión: el gobierno quiere que la directiva, cuyo periodo concluye hasta abril de 2028, se vaya antes.

¿La razón? El control de los aretes y, sobre todo, de los archivos donde se registra el número real de cabezas de ganado en el estado. Información, poder y dinero. La ecuación es simple y conocida.

El mensaje desde Palacio es el mismo que se ha repetido en otras instituciones incómodas para la 4T: esto se arregla con una renuncia “voluntaria” y la entrega de la organización. No importa la legalidad, los estatutos o los tiempos. Importa la obediencia.

No es la primera vez que un gobernador intenta someter al gremio ganadero. A mediados de los años ochenta, Enrique González Pedrero abrió un frente similar y terminó cediendo ante la fuerza económica y política de la UGR. Pero hoy la historia es distinta: la Unión Ganadera es apenas la sombra de lo que fue, y el gobierno lo sabe.

Con una oposición gremial debilitada y un aparato estatal alineado, Javier May avanza como rinoceronte —su animal favorito— convencido de que nada lo detiene. En Tabasco, la 4T no sólo quiere gobernar: quiere las llaves del rancho, los registros y el control total. Y si para eso hay que catear, presionar y desplazar, que así sea.

15/12/2025

Ductos podridos, silencio oficial y muerte: la tragedia que PEMEX permitió en Centla

La tragedia volvió a imponerse sobre la negligencia. En la comunidad de Villa Ignacio Allende, municipio de Centla, una fuga de gas —denunciada durante meses y sistemáticamente ignorada— habría provocado la muerte de un padre y su hijo, presuntamente por intoxicación tras la inhalación de gases provenientes de tuberías de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Desde hace tiempo, habitantes de la zona alertaron sobre olores persistentes, contaminación y riesgo latente, consecuencia del deterioro de ductos de gas e hidrocarburos que cruzan la comunidad. Los reportes fueron enviados en repetidas ocasiones a PEMEX. No hubo respuesta. No hubo revisión. No hubo prevención.

Hoy, esa cadena de omisiones tiene nombre y apellido: dos vidas perdidas.

Para los pobladores, la fuga no es un hecho aislado, sino el reflejo de una infraestructura abandonada, obsoleta y peligrosa, operada bajo la lógica del descuido institucional. En Centla, como en muchas regiones del sureste, los ductos envejecen, los riesgos aumentan y la autoridad llega tarde… cuando llega.

La muerte del padre y su hijo ha encendido la alarma entre las comunidades cercanas, donde el miedo se mezcla con la indignación. ¿Cuántas denuncias más se necesitan para que PEMEX actúe? ¿Cuántas muertes hacen falta para que la empresa productiva del Estado asuma su responsabilidad?

Los habitantes exigen una revisión inmediata y exhaustiva de la infraestructura, así como la atención urgente de la fuga, antes de que la negligencia cobre nuevas víctimas. Pero también demandan respuestas claras, porque en Villa Ignacio Allende no solo se respiran gases: se respira abandono.

Mientras PEMEX guarda silencio, en Centla el costo de la omisión ya se mide en vidas.

24/10/2025

, ex alcalde de , se ahoga en lágrimas y millones: Congreso confirma desfalco de 40 mdp y vínculos criminales

El show de la victimización no le sirvió de escudo a Abraham Cano, alcalde de Cunduacán, quien este jueves rompió en llanto ante los micrófonos de la XEVT, justo cuando el Congreso del Estado confirmaba la reprobación de su cuenta pública por irregularidades que superan los 40 millones de pesos.

Entre sollozos, el edil se declaró “perseguido político” de la “omnipotente María Chonita”, mientras el aparato legislativo y las auditorías destapan lo que podría ser uno de los desfalcos más descarados de la administración municipal reciente.

Pero más allá del drama, las cifras y los lujos hablan por sí solos. Con un salario quincenal de 34 mil pesos, Cano logró hacerse de una propiedad valuada en más de 7 millones de pesos, ubicada frente al parque Manuel Sánchez Mármol, una zona exclusiva de la cabecera municipal. Y no solo eso: se transporta en vehículos blindados y cuenta con escoltas presuntamente vinculados al grupo criminal “La Barredora”, mientras el pueblo que dice gobernar se hunde en el rezago, la violencia y la desconfianza.

El historial del alcalde no es nuevo ni limpio. Su síndica de Hacienda lo denunció por abuso de poder, misoginia y desvío de recursos, y diversas fuentes apuntan a una red de complicidades que conecta con políticos cercanos a Adán Augusto López Hernández y Adrián Hernández Balboa, señalados por beneficiarse del saqueo sistemático del erario cunduacanense.

Hoy, la Fiscalía estatal y la federal tienen la palabra. El guion del “edil mártir” se desmorona mientras avanza la investigación. Detrás de las lágrimas televisadas y los discursos de persecución, se asoma lo que por años se disfrazó de gobierno: una maquinaria de corrupción, poder y cinismo.

Porque, al final, la función terminó, las cámaras se apagan y el llanto ya no limpia las manos sucias del dinero público.

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