29/11/2025
Columna: Políticas, traiciones y algo más
Título: “El reacomodo del poder político y judicial a la salida de Gertz.”
Por: Marco González Kuri
La renuncia de Alejandro Gertz Manero abre un proceso de reordenamiento institucional, relaciones políticas y equilibrio interno entre los poderes federales. Su salida no solo implica el término de una gestión controvertida; revela tensiones acumuladas con actores del propio gobierno anterior, incluida una posible ruptura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante años lo sostuvo políticamente. El país entra en una nueva etapa en la que cada carpeta investigación que dejo abierta, se convierta en un indicador del rumbo que tomará la fiscalía general de la República bajo la administración de Claudia Sheinbaum.
El primer grupo de carpetas es el relacionado con huachicol en la cuarta transformación, la Fiscalía integró investigaciones sobre tomas clandestinas y redes vinculadas a mandos de Pemex, policías estatales y operadores regionales. Resaltan dos líneas: una de mandos de Seguridad en Hidalgo y otra en el corredor Cuyoaco–Libres–Oriental, en Puebla. Con la salida de Gertz, quienes lograban mantener esos casos inmóviles pierden margen, y el próximo fiscal tendrá capacidad de reactivar estas investigaciones.
En segundo lugar están los expedientes que involucran a Adán Augusto López Hernández. Desde 2021 existen dos investigaciones por presunto desvío de recursos una en Tabasco y otra durante su gestión en la Secretaría de Gobernación. Ninguno se judicializó, pero generaron tensiones y fricciones políticas.
Un tercer caso relevante es La Barredora, organización criminal asentada en Acapulco que protagonizó homicidios, desapariciones y presiones sobre autoridades municipales. La FGR mantenía abiertas dos líneas de investigación que derivan con infiltración en gobiernos locales y personajes del estado.
Durante el sexenio anterior, Gertz se mantuvo en el cargo con el respaldo del presidente López Obrador, quien lo defendió públicamente incluso en medio de controversias internas y presiones de Norteamérica. Ese respaldo comenzó a erosionarse hacia 2022, tras la filtración de audios en los que el fiscal mencionaba gestiones ante la Suprema Corte, y en paralelo al conflicto con Julio Scherer Ibarra.
Diversas señales apuntan a un distanciamiento con Palacio Nacional y la presión por el desgaste institucional de la FGR, lo que derivó en costos políticos que Morena ya no podía absorber, además del impacto negativo en la relación con la Corte, que había entrado en un punto de quiebre.
La salida de Gertz cierra una etapa de tensiones en la Fiscalía y abre otra en la que se fortalece a Omar García Harfuch por quien además pasara la aprobación de nuevo fiscal y se consolida como el eje del nuevo modelo de seguridad. Cuya coordinación operativa será determinante para el funcionamiento real de la procuración de justicia.
Para la presidenta, este cambio abre un espacio de recomposición institucional. Su administración puede definir un nuevo perfil de fiscal: técnico, con trayectoria jurídica sólida y sin vínculos con los conflictos internos heredados. Se abre la posibilidad de nombrar a una gente muy cercana a ella y su secretario de seguridad o en coordinación con el expresidente. Intentará recuperar capacidad operativa y fortalecer su relación con los aparatos de seguridad y coordinación con la Corte.
El riesgo está en que el relevo sea interpretado como un triunfo de una facción sobre otra —particularmente en torno al conflicto Scherer-Gertz— o como una intervención política directa en la institución. La presidenta deberá conducir el proceso con cautela sin que este órgano prioritario para el país quede capturado por nuevos grupos.
La transición en la Fiscalía se concentrará, desde mi óptica en tres tareas: primero revisión de expedientes detenidos: huachicol, La Barredora, casos Tabasco y procesos por corrupción estatal, segundo, recomposición de relaciones institucionales, especialmente con la Suprema Corte y tercero la selección de un perfil de fiscal que garantice independencia operativa.
La renuncia del fiscal no resuelve la situación de la FGR. El futuro inmediato dependerá de cómo se gestionen los casos que quedaron pendientes y del equilibrio político que la presidenta construya para evitar que la Fiscalía vuelva a convertirse en un espacio de confrontación o uso personal.
