23/09/2025
Hugo Aguilar Ortiz recorta su salario en la SCJN, pero infla su equipo a 75 asesores
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025. – (redacción) Hugo Aguilar Ortiz, nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha anunciado un salario mensual de 137 mil 582 pesos netos, una reducción notable frente a los 206 mil pesos que percibía su antecesora, Norma Lucía Piña Hernández. Sin embargo, este gesto de austeridad se ve opacado por un dato: mientras Piña operaba con solo 6 asesores, Aguilar ha incorporado a 75 personas a su equipo personal, desatando sospechas sobre posibles prácticas clientelares en el Poder Judicial.
Tras asumir el cargo el 1 de septiembre, tras las históricas elecciones judiciales de junio, Aguilar prometió una SCJN cercana al pueblo, con recortes a privilegios como seguros privados y jubilaciones anticipadas, alineando su sueldo al tope constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum (unos 128 mil pesos netos). No obstante, la nómina de 75 asesores –entre ellos figuras como Vidulfo Rosales Sierra, con un salario de 118 mil pesos mensuales– plantea dudas sobre la autenticidad de este ahorro.
En el contexto político mexicano, el aumento de personal evoca prácticas como el “diezmo”, donde empleados devuelven parte de su salario en efectivo al superior, a menudo para fines partidistas. Un caso emblemático es el de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, quien entre 2013 y 2015 retuvo el 10% de los sueldos de 435 trabajadores en Texcoco, desviando unos 14 millones de pesos a Morena, según el INE y el TEPJF. Este esquema, operado por su entonces secretaria privada, resultó en multas al partido en 2022.
Aunque no hay denuncias formales contra Aguilar, el costo de sus 75 asesores, asumiendo un salario promedio conservador de 50 mil pesos mensuales, ascendería a 3.75 millones de pesos al mes, sin contar prestaciones. Un “diezmo” hipotético del 10% generaría 375 mil pesos mensuales, superando con creces el recorte de 68 mil 418 pesos en su salario respecto a Piña. La inclusión de perfiles como Alejandra Loya, exsecretaria de Tribunal, como jefa de asesores, alimenta especulaciones sobre favores políticos.
El portal de transparencia de la SCJN publica estas cifras, pero sin auditorías independientes, como sugiere el IMCO, el ahorro parece más teatral que real. La ciudadanía, que votó por una justicia renovada, se pregunta: ¿es el recorte salarial de Aguilar un paso hacia la austeridad o una cortina para prácticas que convierten el servicio público en un negocio privado? La respuesta está pendiente en el máximo tribunal.
