05/02/2026
En Estados Unidos, la crisis migratoria ya no es solo un tema de frontera: también es una disputa de “quién manda” dentro de las ciudades. El gobierno federal usa a ICE para detener y deportar, pero varios gobiernos estatales y municipales han acusado a las autoridades federales de operar con tácticas agresivas y sin coordinación. Un ejemplo reciente es Minnesota, donde tras una gran operación en el área de Minneapolis–St. Paul, el “zar fronterizo” Tom Homan anunció que 700 agentes federales (ICE y CBP) se retirarían, aunque miles seguirían en la zona, después de protestas, críticas de autoridades locales y una presión pública que escaló por muertes durante el operativo.
El choque ocurre por algo muy concreto: la migración es competencia federal, pero los gobiernos locales deciden hasta dónde cooperan. En ciudades con políticas tipo “santuario”, la policía o las cárceles locales suelen negarse a retener personas solo para entregarlas a ICE (por ejemplo, si no hay orden judicial), porque dicen que eso rompe la confianza comunitaria y puede ser ilegal en ciertos casos. Cuando esa cooperación se limita, ICE tiende a hacer más detenciones “en calle”, y ahí sube la fricción política y social.
En paralelo, hay lugares que hacen lo contrario: sí se coordinan con ICE mediante acuerdos como el 287(g), que permite a policías locales cumplir funciones migratorias específicas bajo supervisión federal. Y en el otro extremo, algunos estados buscan ir “por su cuenta”: Texas empujó su ley SB4, pero el propio Congreso ha señalado que sigue frenada en tribunales por el debate de si un estado puede asumir facultades migratorias que históricamente son federales
