21/12/2025
❗ Declaración patrimonial de funcionaria municipal genera dudas por ingresos reportados
Zihuatanejo, Gro.– La reciente declaración patrimonial presentada por Ana Lilia Jiménez Rumbo, actual funcionaria del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, ha llamado la atención debido al monto de ingresos mensuales netos que reporta en un documento oficial.
De acuerdo con la declaración de situación patrimonial y de intereses, la funcionaria señala percibir una remuneración mensual neta de $433,000 pesos, derivada exclusivamente de su cargo público municipal, sin registrar otros ingresos por actividades empresariales, profesionales o financieras.
En el mismo documento se detalla una trayectoria continua dentro del servicio público, entre los que destacan los siguientes cargos:
• Regidora del Ayuntamiento de Zihuatanejo en los periodos 2008–2012 y 2015–2018.
• Diputada local en el Congreso del Estado de Guerrero durante el periodo 2012–2015.
• Directora de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Zihuatanejo a partir de octubre de 2018.
• Coordinadora de Planeación Municipal desde octubre de 2021.
• Actualmente adscrita a la Unidad de Normatividad Municipal, como Jefa de Unidad.
El documento, presentado bajo protesta de decir verdad, señala que el ingreso reportado corresponde únicamente a su función como servidora pública municipal, lo cual ha generado cuestionamientos entre ciudadanos, debido a que la cifra resulta considerablemente superior a los tabuladores salariales conocidos para cargos de nivel municipal.
Asimismo, la declaración establece que la funcionaria no cuenta con inversiones, cuentas bancarias, adeudos ni actividades privadas, y que los bienes inmuebles y vehículos registrados fueron adquiridos de contado en años anteriores.
Cabe recordar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a presentar información veraz, clara y verificable, con el objetivo de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Hasta el momento, no existe un posicionamiento público que aclare si el monto reportado corresponde a un error administrativo, a compensaciones extraordinarias, o a un registro incorrecto del ingreso, lo que ha incrementado el interés público sobre el caso.
