14/07/2025
SINOPSIS POLÍTICA
Por: J. Salatiel Arroyo Zamora
TORPES PARA GOBERNAR, PERO HÁBILES PARA CONTROLAR
Un buen gobierno se caracteriza por los resultados tangibles que brinda a la población, generando bienestar en todas las áreas de la función pública, particularmente en salud, educación, empleo y seguridad. En lugar de discursos cargados de mentiras y generadores de esperanzas superficiales. Resultando obvio que, a los gobernantes actuales, ha dejado de interesarles llevar a la población a planos superiores de desarrollo, paz y seguridad. Mucho menos les preocupa entregarse a la realización de mandatos eficientes, honrados y transparentes. Ellos van por el poder y más poder, especialmente financiero, que les permita prostituir a los avariciosos y ponerlos a sus pies, para seguir arrebatando elecciones y tener contentos a los otros poderes (fácticos), con los que se cogobierna.
El caso de Michoacán es emblemático, respecto a la ineficacia para gobernar, hundiendo nuestros mandatarios en la anarquía, la devastación y el terror a los michoacanos. Sin embargo, esos mismos gobernantes, pésimos en el desempeño del servicio público, resultaron habilidosos para controlar a los “opositores” y mantener sometida a la población. Lo que sólo es posible cuando se tiene políticos avariciosos y un pueblo manipulable.
Demasiado se ha criticado y hasta condenado -por propios morenista y supuestos adversarios partidistas- la conducción del gobierno de Michoacán por parte de Alfredo Ramírez Bedolla y su principal aliado, Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno. No obstante, el centralismo y fortaleza del poder de ambos actores crece. Lo que podría parecer incongruente o incomprensible, como es posible que malos gobernantes pueden avanzar en el control popular y fortalecimiento electoral. Destacándose prioritariamente tres elementos que contribuyen a ello:
Una sociedad desinformada, carente de pensamiento crítico y reacia a salir de su zona de falso confort. Ausencia de oposición partidista real, o prostituida, corrompida y sometida. Y, un gobierno insaciable, bajo las siglas de un partido alcahuete, una militancia servil, en busca de la “prosperidad” personal y renuente a la autocrítica. Pero, especialmente, con un ejército de funcionarios públicos dedicados completamente a la operación política, en lugar de trabajar a favor del bienestar colectivo, y lo peor: financiados con recursos del erario público.
Lo anterior ha dado como resultado que, en Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla tenga el control absoluto de la política partidista, centralizada y monopolizada la estructura gubernamental y avasallados los tres poderes del Estado.
Insisto, aun con la enorme inconformidad ciudadana, no existe grupo social organizado que realice contra peso al poderío monopólico, mucho menos se percibe oposición partidista. Estando ciertos que a los dirigentes los empinan a billetazos en “pago por evento”. Una vez cumplido el acuerdo simulan ser críticos y rebeldes, pero cuando se ocupa los vuelven a someter, para ser usados en fracturar al adversario, además de satisfacer caprichos y ocurrencias. Se llegó a especular que Movimiento Ciudadano podría ser quien representara a la oposición electoral, pero su rendición frente a la reciente reforma Constitucional, echa por los suelos esa esperanza.
Ya sólo resta que el freno a los excesos del gobierno del estado se geste al interior del propio partido-movimiento (Morena), por así convenir a los intereses personales del aspirante considerado más fuerte a la gubernatura del estado, el Senador Raúl Morón. Pero también él se ha dejado “comer el mandado”, evidenciando carecer de operadore políticos competitivos, los que, no sólo permitieron -con tímida resignación- se les despojara vilmente de la candidatura al gobierno de Michoacán, sino que ahora les han arrebatado todo, quedándoles solamente la simpatía de la presidenta de la república.
Es cierto que las candidaturas a los gobiernos de los estados del partido en el poder, así como de los integrantes del legislativo federal, las decide el representante del poder central en turno; pero, también lo es que los contendientes deben contribuir, aportando elementos para facilitar dicha disposición. Sin embargo, a Raúl Morón en Michoacán lo han dejado sin nada:
El consejo político del partido en el poder corresponde mayoritariamente a la facción del gobernador. Quien, así mismo, controla al poder legislativo. Además, la lista o “acordeón” que sus operadores distribuyeron y cuyo contenido impusieron, fue el gran ganador de jueces y magistrados del poder judicial estatal. Es decir, el poder judicial de Michoacán estará a disposición y al servicio del gobernador y su partido. Lo mismo que a nivel nacional, con la representante del ejecutivo federal.
El Senador Raúl Morón Orozco no tiene mayoría en ninguna estructura, ni en el consejo político del partido, ni en el Congreso del Estado y menos en el Poder Judicial. Solamente le han estado cediendo algunas delegaciones federales para sus inoperantes activistas “sociales” o grillos de cabecera, que sirven nada más para cobrar y alardear, caracterizándose por su arrogancia, petulancia y facilidad para alejar a posibles simpatizantes del proyecto.
Pero si hablamos de insolencia e incongruencia, el gobernador y su secretario de gobierno, metido a operador pre electoral, son campeones. Adelante descifrará por qué.
FISCALÍA, BOMBA DE TIEMPO
Conozco a Adrián López Solís desde que fuimos alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, debiendo reconocer -sin tapujos- que era de los estudiantes más destacados por su gran capacidad intelectual, que le permitió ganarse el respeto y admiración de varios catedráticos de nuestra insigne institución, particularmente de los estrictos y exigentes, a pesar de tratarse de un discípulo se origen humilde, en una escuela en la que abundaban los juniors influyentes, hijos de poderosos políticos y funcionarios.
Años después coincidimos en Zitácuaro, él como agente del Ministerio Público y yo como aprendiz de periodismo. Posteriormente saldría de la entonces Sub Procuraduría Regional de Justicia para ejercer la abogacía, en el despacho de un amigo en común, quien lo acercó a la campaña de Silvano Aureoles como candidato a la presidencia municipal. Dando desde un principio muestras claras de su capacidad, que lo llevaron a convertirse (en corto tiempo) en secretario del ayuntamiento y en elemento indispensable en la toma de decisiones al interior del equipo político, desplazando a los aduladores y “simpáticos”, a pesar de su gesto adusto.
Adrián se convertiría en el consejero personal del futuro Senador de la República, quién, tiempo después -siendo presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-, contribuyera para que fuera nombrado Coordinador General de Asesores de la Cámara. De ahí, Silvano Aureoles Conejo se convirtió por segunda ocasión en candidato a gobernador de Michoacán y al obtener la victoria nombró a López Solís Secretario de Gobierno. De la SEGOB se le encomendó presidir el Congreso de Michoacán, como diputado local, hasta convertirse en el primer Fiscal General del Estado designado por el Congreso.
Donde ha dado magníficos resultados, en materia de investigación, persecución, aprehensión, vinculación a proceso y sentencias condenatorias en contra de infractores del fuero común, que es lo que compete a la Fiscalía General del Estado. Entendiendo que el combate a la inseguridad y violencia, generados por el crimen organizado, es responsabilidad de la federación y la prevención compete a las Secretarías de Seguridad Pública (federal, estatal y municipal).
Siendo la Fiscalía de Michoacán la institución que más resultados positivos ha dado a la población y, aunque López Solís se ha conducido con institucionalidad, no ha logrado permear y ser aceptado en el equipo gobernante (integrado por Torres Piña y Ramírez Bedolla) que, además tiene el control absoluto del Congreso del Estado, organismo que puede quitar y poner a capricho (obedeciendo órdenes del gobernador) al Fiscal que quieran y de ser necesario, imputando lo que a sus retorcidas mentes se les antoje, sea cierto o falso.
Por lo antes descrito, no resulta difícil deducir que la FGEM es codiciosamente ambicionada por el par de individuos señalados, especialmente por tratarse del único reducto de poder que no mantienen sometido a su arbitrio. Tampoco se duda de las acciones de presión ejercidas en contra de dicho objetivo, forzando la dimisión tres años antes del término legal instituido.
SIN PERFIL COMPETITIVO PARA LA FISCALÍA
Obviamente Adrián no es torpe y se acordará una salida pactada (sólo falta que los otros respeten lo convenido). El gran problema que se aproxima es encontrar el perfil idóneo para evitar que la Fiscalía se hunda, cuando se había superado el estigma de tratarse de la institución más corrompida en la estructura del gobierno.
Resulta claro que la seriedad y congruencia no son parte de la personalidad de los gobernantes, en el tratamiento de los delicados problemas que azotan al estado. Nada más revisemos las reacciones que han tenido cuando se les ha exhibo de ineptos e incompetentes para resolver los flagelos de la inseguridad y violencia.
Recordemos que recientemente el alcalde de Uruapan denunció la existencia de un campo de concentración y adiestramiento de sicarios extranjeros en su municipio y la reacción del Secretario de Gobierno fue de simulada incredulidad, exigiendo pruebas, acusando a Carlos Manzo de realizar dichas declaraciones en busca de proyección política. Pero el munícipe respondió con pruebas contundentes ante la prensa nación (en la CDMX), evidenciando la frivolidad del responsable de la política interna del Estado.
Días después, cuando Carlos Manzo solicitó apoyo federal para enfrentar al crimen organizado en su municipio, Torres Piña volvió a contestar con ironía, imputando tratarse de un “show político” del alcalde, el intento de establecer la seguridad y la paz en su municipio.
Luego el gobernador prometió en el discurso que “es tiempo de mujeres”, pero en la realidad pretende imponer en ese espacio (de la Fiscalía) a su principal operador político, acometiendo contaminar con la intromisión partidaria y politiquería electoral a la institución.
Esos son los perfiles, del que decide y del más fuerte proyecto gubernamental para apoderarse de la Fiscalía General del Estado. Espacio demasiado grande para la estatura jurídica, de estadista, académica, cultural y de valores, como la pulcritud. Resultando complicado encontrar en el equipo afín al gobernador y su socio a alguien con esas cualidades, salvo Juan Antonio Magaña de la Mora, quien, además de pertenecer a dicha facción, cuenta con la experiencia de haber sido Procurador de Justicia, Magistrado y presidente del Poder Judicial del Estado, además de conducirse con cierta seriedad y responsabilidad en la función pública.
