28/05/2025
🚨 | Durante tres años, Fabio Vidal Pacori López firmó contratos con la Municipalidad Distrital de Arapa, en la provincia de Azángaro, por servicios profesionales como ingeniero. Pero según la Ley de Contrataciones del Estado, no debió hacerlo: su hermano, Samuel Pacori López, era en ese momento consejero regional de Puno, y la norma prohíbe expresamente que familiares hasta el segundo grado de consanguinidad —como hermanos— contraten con el Estado dentro de la misma jurisdicción.
Un informe de la Contraloría General de la República, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Azángaro y fechado el 16 de mayo de 2025, confirmó lo que hasta ahora había pasado inadvertido: se cometió una infracción a la Ley N.º 30225, y las contrataciones se hicieron a pesar del impedimento legal vigente.
Según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidos de contratar con el Estado los hermanos de consejeros regionales durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de finalizado. Samuel Pacori López fue consejero regional por Melgar durante el periodo 2019-2022, y su hermano Fabio Pacori firmó contratos entre 2019 y 2021 con la Municipalidad de Arapa, es decir, dentro del periodo de prohibición.
Lo hizo en distintos roles: residente de obra, jefe de infraestructura, supervisor de proyectos. Por estos servicios, recibió pagos que sumaron S/ 27,871.99.
La vinculación entre ambos no solo es un hecho público: el propio Samuel Pacori lo declaró en su Declaración Jurada de Intereses, entregada a la Contraloría durante su gestión como consejero.
Además de la ilegalidad del vínculo, el informe de la Contraloría revela que las contrataciones se dieron bajo modalidades menores a 8 UIT, lo que permitió a la municipalidad evitar licitaciones públicas y mayores niveles de fiscalización. No se encontraron requerimientos técnicos, términos de referencia, ni cotizaciones que sustentaran el pago.
Incluso, el ingeniero firmó declaraciones juradas falsas, en las que aseguró —bajo juramento— no tener impedimentos legales para contratar con el Estado.
Para los auditores, el caso configura una posible infracción administrativa sancionable por el Tribunal de Contrataciones del Estado, además de representar una falta grave al principio de integridad y legalidad que rige la función pública.
Durante el periodo en el que ocurrieron los hechos, Rogger Gregorio Torres Palli era el alcalde distrital de Arapa. Si bien el informe no menciona si autorizó directamente las contrataciones, su gestión fue la que firmó los contratos y autorizó los pagos. La Contraloría recomendó al actual alcalde, Sixto Condori Vilca, tomar acciones inmediatas para determinar responsabilidades.
