14/01/2021
La misión de La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que investigó las protestas de noviembre de 2020 en Perú, publicó un informe en el que concluye que las fuerzas de seguridad hicieron un “uso innecesario y excesivo de la fuerza” contra los manifestantes. Las movilizaciones se desarrollaron en rechazo al nombramiento de Manuel Merino como presidente interino tras la destitución de Martín Vizcarra.
Las protestas ciudadanas de noviembre de 2020 en Perú terminaron con el fugaz mandato de cinco días del entonces considerado "ilegítimo" presidente interino Manuel Merino, pero también revelaron fallas en los estándares internacionales de derechos humanos, según la Organización de Naciones Unidas.
Entre los principales hallazgos de la misión de la ONU enviada al país para investigar los hechos, está que la Policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógenos a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de forma “indiscriminada y a corta distancia”; así como la no distinción de los uniformados entre los manifestantes pacíficos y aquellos que actuaron de manera violenta, los cuales fueron una minoría, de acuerdo con el informe.
Como resultado, dos manifestantes murieron por disparos en su torso y más de 200 personas resultaron heridas, entre ellos varios peatones.
La evaluación de los hechos también destaca que hubo detenciones arbitrarias, debido a que los agentes de policía se camuflaron como civiles y no se identificaron en el momento de arrestar a los activistas.
Al menos ocho de los detenidos durante las protestas sufrieron abusos sexuales
Algunos capturados no tuvieron acceso a asistencia legal y fueron obligados a firmar documentos en los que se declaraban culpables. Muchos de ellos permanecieron “en condiciones degradantes e insalubres” y los sitios de detención no contaban con medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de la pandemia del Covid-19.
Incluso, ocho de los detenidos señalaron violencia sexual, diez aseguraron que sufrieron abusos físicos y otros ocho argumentaron abusos sicológicos, actos que según la ONU la constituyen formas de tortura.
Otra de las faltas que concluyeron los investigadores es “un menoscabo al derecho a la libertad de expresión”, pues indican que hay evidencia de “restricciones, amenazas y ataques” contra periodistas, otros trabajadores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos que cubrían las protestas.
Las investigaciones se basaron en entrevistas a víctimas, testigos, análisis de registros médicos y revisiones de imágenes y audios de los acontecimientos.
La ONU pide al Gobierno peruano reconocer las violaciones a los derechos humanos
Tras las investigaciones, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dirigió a las autoridades peruanas y les pidió admitir de forma pública que se cometieron los abusos.
Asimismo, Bachelet instó a más investigaciones en el país de forma “rápida, independiente y exhaustiva” que determinen culpables y evite que esos actos se repitan.
“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El Gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, declaró Bachelet.
La alta funcionaria de la ONU agregó que el Estado peruano debe defender el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y la reparación y que se anule la exención de responsabilidad de los policías que causen muertes o lesiones.
“Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del Gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, dijo.
Hasta el momento el Ejecutivo peruano, ahora a cargo de Francisco Sagasti, no se ha pronunciado frente a las denuncias de la ONU, aunque ha indicado que mantiene investigaciones en marcha sobre los abusos durante las protestas.
