07/06/2026
🔴 . || Congreso recuperó privilegios con bicameralidad e inmunidad del fujimorismo.
El Congreso dejó aprobado el nuevo diseño del Parlamento peruano que entrará en vigencia desde 2026: retorno a la bicameralidad, reelección parlamentaria y restitución de la inmunidad para los futuros legisladores. Las reformas modifican el equilibrio del poder político y devuelven al Legislativo facultades y protecciones que habían sido cuestionadas por la ciudadanía en los últimos años.
La bicameralidad marcará el cambio más visible. El Congreso dejará de funcionar con una sola cámara y pasará a estar integrado por una Cámara de Diputados y un Senado. Según sus defensores, este modelo permitirá revisar mejor las leyes, elevar la calidad del debate y reducir decisiones legislativas improvisadas. Sin embargo, su retorno se produce en medio de una profunda desconfianza ciudadana hacia el Parlamento.
El nuevo esquema contempla 130 diputados y 60 senadores. Con ello, el Legislativo no solo tendrá una nueva estructura, sino también una mayor capacidad de negociación, control político y producción normativa. La pregunta de fondo es si esa ampliación servirá para mejorar la representación o si terminará fortaleciendo a las mismas fuerzas políticas que impulsaron el cambio desde dentro del Congreso.
Junto con la bicameralidad, el Parlamento abrió nuevamente la puerta a la reelección legislativa. La medida fue presentada como una forma de profesionalizar la carrera parlamentaria y permitir que congresistas con experiencia continúen en funciones. Pero, para sus críticos, también significa devolver estabilidad a una clase política que no logró responder con eficacia a demandas urgentes como seguridad ciudadana, empleo, salud, educación y lucha contra la corrupción.
El punto más controversial fue la restitución de la inmunidad parlamentaria. Esta figura, que había sido recortada tras años de cuestionamientos por blindajes y dilaciones judiciales, volverá a proteger a los legisladores frente a determinados procesos. Sus promotores sostienen que evitará persecuciones políticas; sus detractores advierten que puede convertirse nuevamente en una barrera frente a investigaciones fiscales y judiciales.
La controversia se agrava porque estas reformas no nacieron de una presión ciudadana mayoritaria, sino de una decisión adoptada por el propio Congreso sobre su futura estructura, permanencia y protección. Mientras amplios sectores de la población reclamaban respuestas contra la inseguridad, la crisis de servicios públicos y la falta de justicia, el Legislativo priorizó reglas que reorganizan su propio poder.
El antecedente político también pesa. En 2018, la ciudadanía rechazó en referéndum el retorno a la bicameralidad bajo las condiciones planteadas entonces. Aunque el modelo aprobado después tiene diferencias, la decisión de reinstalarlo desde el Parlamento dejó una sensación de distancia entre el mandato ciudadano y la voluntad de las bancadas que controlan la agenda legislativa.
Para sus defensores, el nuevo Congreso bicameral podría corregir excesos del unicameralismo, mejorar el filtro de las leyes y dar mayor estabilidad al sistema político. Para sus críticos, el problema no está únicamente en tener una o dos cámaras, sino en quiénes ocuparán esos espacios, bajo qué intereses legislarán y qué controles reales existirán para evitar nuevos blindajes.
Desde 2026, el Parlamento tendrá la oportunidad de demostrar si estas reformas responden a una necesidad institucional o si fueron diseñadas para proteger carreras políticas. La bicameralidad, por sí sola, no garantiza mejores leyes; la reelección no asegura mejores representantes; y la inmunidad, mal usada, puede volver a convertirse en sinónimo de impunidad.
El debate de fondo es claro: mientras el ciudadano exige seguridad, justicia y servicios que funcionen, el Congreso recuperó privilegios, amplió su estructura y reforzó su margen de protección. El nuevo Parlamento bicameral nacerá con una obligación superior: demostrar que no fue construido para blindar políticos, sino para servir a un país que ya no tolera más poder sin rendición de cuentas.
