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El Huamanguino.pe, Ayacucho (2025)

11/01/2025

RED DE SOMBRAS: EL ESCÁNDALO QUE ENVUELVE A QALI WARMA Y A LA PRESIDENCIA DE DINA BOLUARTE"
En los pasillos del poder, los negocios oscuros parecen encontrar siempre una rendija por donde colarse. El programa de alimentación escolar Qali Warma, ahora rebautizado como Wasi Mikuna, es el escenario de un explosivo escándalo de corrupción que involucra millones de soles, influencias políticas y una red de amistades cuestionables con vínculos directos a la presidenta Dina Boluarte.

UN SISTEMA DE FAVORES DISFRAZADO DE CONTRATOS
Proveedores del programa han destapado un esquema turbio de corrupción que apunta directamente a personajes cercanos al círculo de la presidenta Boluarte. Entre ellos, Víctor Torres Merino, autodenominado amigo de Dina y Nicanor Boluarte, y Eler Boado Valderrama, empresario que, en sociedad con Nilo Burga Malca, ganó ocho contratos en 2024 por la escandalosa suma de S/24.8 millones bajo el nombre del Consorcio NTPUMASAC.
“Eler Boado nos ofreció solucionar problemas a cambio de dinero”, afirmaron proveedores entrevistados por La República. Según los denunciantes, Boado presumía de su cercanía con Víctor Torres Merino, a quien describía como el “hombre de confianza” de la presidenta, capaz de mover influencias en Qali Warma y el Midis.

UN PRECIO POR LOS FAVORES
El testimonio de los proveedores es contundente. Durante una controversia en 2021, Boado supuestamente ofreció a sus colegas “resolver la retención de garantías” a través de Torres, a cambio de un pago de 5,000 dólares por empresa. “¿Por qué íbamos a pagar por algo que era nuestro derecho?”, cuestionaron indignados los empresarios, quienes se negaron a participar en el esquema.
Esta no sería la única vez que Boado ofreció los servicios de Torres. Según los testimonios, cuando Qali Warma enfrentaba problemas de abastecimiento, Boado aseguraba que Torres podía “ajustar las fichas técnicas” para favorecer sustituciones de productos en las licitaciones.

NEGACIONES SOSPECHOSAS Y LA RED DE PODER
Eler Boado niega cualquier vínculo con Torres. “No lo conozco ni he recurrido a él para solucionar problemas con Qali Warma”, afirmó en un cuestionario enviado al diario. Sin embargo, los registros y testimonios pintan un panorama diferente. Torres ha confesado ante la fiscalía que fue contratado en Qali Warma gracias a la intervención directa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
Por su parte, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha tratado de minimizar las acusaciones, indicando que estas forman parte de otras investigaciones fiscales y no de las que involucran a la presidenta como exministra del Midis. Sin embargo, las piezas encajan de forma inquietante: un “amigo” con influencias, contratos millonarios y un esquema que favorece a empresarios cercanos.

LOS WAYKIS EN LA SOMBRA
El caso ha sido bautizado como “Los Waykis en la Sombra”, un nombre que evoca la red de favores y amistades que parecen operar detrás de bambalinas en el gobierno de Boluarte. Torres, ahora colaborador eficaz, es una figura clave para desenredar el caso, y su testimonio podría hundir a más de un alto funcionario.
Noemí Alvarado Llanos, excolaboradora de Nilo Burga y testigo en el caso, denunció haber sido presionada para ofrecer información falsa. Según la fiscalía, esta presión habría sido coordinada por actores cercanos al gobierno, lo que plantea preguntas aún más preocupantes sobre el alcance de la red.

UN SISTEMA BAJO LA LUPA
El escándalo no se limita a los contratos. También revela un sistema plagado de prácticas corruptas que incluyen influencias políticas, obstrucción a la justicia y tráfico de favores. La participación de Torres en Qali Warma y los vínculos de Boado y Burga con el programa han colocado a Dina Boluarte en el centro de un huracán político.

¿Y LA PRESIDENTA?
Mientras tanto, Boluarte guarda silencio. Su abogado insiste en que las acusaciones son infundadas y que ella no tiene conexión directa con las irregularidades. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿cómo es posible que un programa nacional de alimentación, diseñado para ayudar a los escolares más vulnerables, se haya convertido en un semillero de corrupción y favores políticos?

LA CIUDADANÍA EXIGE RESPUESTAS
El caso “Los Waykis en la Sombra” es más que un escándalo; es un reflejo de un sistema político que parece estar más interesado en el lucro personal que en el bienestar colectivo. Los ojos están puestos en la fiscalía y en las autoridades competentes para que se investigue a fondo y se sancione a los responsables, sin importar cuán alto lleguen las conexiones.
El Perú merece un gobierno transparente, y los niños de Qali Warma merecen algo más que un sistema manchado por la corrupción. ¿Habrá justicia o seguirá reinando la sombra de los Waykis?
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11/01/2025

CRISIS EN LA UNSCH: ACUSACIONES DE ABUSO DE AUTORIDAD Y DESPIDOS ARBITRARIOS SACUDEN LA UNIVERSIDAD
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), una de las instituciones más emblemáticas de Ayacucho, enfrenta una tormenta interna. El rector Antonio Jerí y el administrador general Juan de Dios Canchari Quispe han sido denunciados por abuso de autoridad tras el despido masivo e intempestivo de 27 trabajadores, lo que ha generado indignación y un llamado urgente a la transparencia y justicia dentro de la universidad.

DESPEDIDOS SIN PREVIO AVISO: LOS TESTIMONIOS DE LOS AFECTADOS
El 31 de diciembre de 2024 marcó el fin de los contratos de 27 profesionales de la UNSCH. Según los trabajadores afectados, estos despidos se realizaron de forma arbitraria y sin respetar los requerimientos de las áreas usuarias para su continuidad. “Nos enviaron una carta de agradecimiento de un día para otro. Esto es una clara vulneración de nuestros derechos. Lo más grave es que nuestra propia secretaria general del sindicato está en nuestra contra”, afirmó una trabajadora.
Los afectados denuncian que la medida responde a una política interna para evitar que el personal supere el año de trabajo, una maniobra que, según señalan, busca impedir que puedan consolidar derechos laborales como la permanencia o beneficios propios de una contratación prolongada.

UNA ADMINISTRACIÓN EN EL OJO DEL HURACÁN
El administrador general, Juan de Dios Canchari Quispe, es señalado como la figura clave detrás de estas decisiones. Según los trabajadores, Canchari Quispe estaría pasando por encima de la autoridad de los decanos de las facultades, quienes en muchos casos habían solicitado la renovación de los contratos de los trabajadores cesados.
Este no es el primer señalamiento en contra del administrador. Canchari Quispe ya ha sido acusado en varias ocasiones por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de funciones. Sin embargo, este último episodio ha encendido las alarmas sobre el manejo interno de la universidad y ha puesto en entredicho su capacidad para garantizar un entorno laboral justo y transparente.

¿ABUSO DE PODER O MANIOBRAS SINDICALES?
Uno de los aspectos más polémicos del caso es el papel de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, quien, según los denunciantes, habría presionado para que se ejecuten los despidos, a pesar de que los afectados son miembros activos del sindicato. Este aparente conflicto interno ha despertado sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de estas decisiones y sobre la representatividad del sindicato en la defensa de los derechos de sus afiliados.
“La misma persona que debería estar defendiendo nuestros derechos nos está perjudicando. Esto no solo es un abuso de autoridad, sino una traición a los principios básicos de un sindicato”, señaló otro de los trabajadores despedidos.
LOS DERECHOS LABORALES EN JAQUE
El conflicto en la UNSCH pone en evidencia un problema estructural que afecta a muchas instituciones públicas en el país: la precarización laboral. Los trabajadores denuncian que el temor a no superar el año de trabajo es una herramienta utilizada por las administraciones para evitar responsabilidades legales y mantener al personal en una constante incertidumbre laboral.
Además, los cesados argumentan que la falta de claridad en los procesos de ascenso y cambio de grupo dentro de la institución ha creado un ambiente de desconfianza y frustración entre los trabajadores. “Estamos siendo castigados por un sistema que no garantiza transparencia ni justicia. ¿Cómo es posible que aún no se aprueben los resultados del proceso de ascenso que tanto se ha postergado?”, cuestionó un afectado.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN: ¿INTERVENDRÁ EL MINISTERIO DE TRABAJO?
Ante esta situación, los trabajadores exigen una investigación exhaustiva y medidas contundentes que garanticen la justicia y la transparencia en las decisiones de la universidad. También han pedido que el Ministerio de Trabajo intervenga para fiscalizar las acciones de la administración de la UNSCH y garantizar el respeto de los derechos laborales.
“No pedimos favores, pedimos lo que nos corresponde por derecho. Es inaceptable que en una institución educativa, que debería ser un ejemplo de ética y justicia, se cometan estos atropellos”, señaló una trabajadora.

CRISIS DE CONFIANZA INSTITUCIONAL
El caso de la UNSCH refleja una crisis de confianza en las instituciones públicas, donde los trabajadores, muchas veces, se sienten desprotegidos y a merced de decisiones arbitrarias. La comunidad universitaria, que debería ser un espacio de formación y crecimiento, se ve ensombrecida por conflictos internos y denuncias de abuso de autoridad que afectan no solo a los trabajadores, sino también a su reputación.
El rector Antonio Jerí y el administrador general Juan de Dios Canchari Quispe tienen ahora la responsabilidad de responder ante estas graves acusaciones. ¿Tomarán medidas para remediar esta crisis o intentarán minimizar el impacto de las denuncias?

¿UN PUNTO DE INFLEXIÓN?
La lucha de estos 27 trabajadores no solo es un reclamo por sus derechos, sino un llamado de atención a todos los actores involucrados en la administración pública. El respeto a los derechos laborales y la transparencia en la gestión no deben ser una opción, sino un pilar fundamental de cualquier institución.
La comunidad ayacuchana y el país entero estarán atentos a las acciones que se tomen en las próximas semanas. La pregunta es: ¿se hará justicia o este será otro caso que quedará en el olvido?

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15/07/2024

ERRORES QUE AMENAZAN LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA

Irregularidades en Registros Públicos de Ayacucho: Un Sistema Bajo Sospecha

Ayacucho, Perú. Los Registros Públicos de Ayacucho, una entidad vital para la seguridad jurídica de la región, se encuentran en el centro de un escándalo que ha sacudido a la comunidad campesina de Buena Vista. Bajo la dirección de Tania M. Ramírez Quispe, se han detectado una serie de omisiones y errores que comprometen la integridad del sistema de propiedad.

Denuncias y Omisiones Graves
Diógenes Tenorio Galindo, presidente de la junta directiva de la Comunidad Campesina de Buena Vista, reconocida en la partida registral N°11001372, ha denunciado públicamente la falta de notificación de la Resolución N° 001-2024-SUNARP/ZRXIV/UREG por parte de las autoridades registrales. Esta omisión crucial impide a la comunidad ejercer su derecho a la defensa y contradicción, vulnerando así sus derechos fundamentales.

Errores Materiales que Desacreditan el Sistema
El 18 de junio de 2024, mediante el Escrito 03-2024, la comunidad solicitó la rectificación de errores materiales en la Resolución N° 001-2024-SUNARP/ZRXIV/UREG y en los asientos 01 y 02 de la partida 40031611. Estos errores, lejos de ser simples detalles técnicos, contradicen resoluciones judiciales firmes y afectan gravemente los derechos de propiedad de la comunidad, reconocidos desde 1977.

Entre los errores detectados en el Asiento 0001, se encuentran:
• "Uumchi" en lugar de "Llumchi"
• "Chiallanasacc" en lugar de "Manallasacc"
• "Escriba de su majestad" en lugar de "Escribano de su majestad"
• "La periferia está marcado por las siguientes mejoras" en lugar de "La periferia está marcado por los siguientes mojones"
• "Tincocc a rumichaca" en lugar de "Tincocc a rumichaca"
Estos fallos indican un alarmante descuido en la transcripción de los títulos. Curiosamente, el mismo registro, bajo la dirección de G. Altamirano G., se promocionaba como completamente libre de errores, una afirmación respaldada por los archivos de registros públicos. Sin embargo, durante el traslado de estos documentos, surgieron treinta errores materiales que ahora comprometen la veracidad del registro.

Consecuencias de los Errores en Documentos Cruciales
Los documentos afectados incluyen un fallo crucial relacionado con la comunidad de Llumchicamcha Ccehuarpuquio y Viscachayocc. La acción acumulativa de reivindicación fue fundada, y el pago de frutos fue declarado improcedente. Además, se anuló un documento del Monasterio de Santa Clara de fojas cien. Este fallo debía ser trasladado al Registro de la Propiedad Inmueble de Ayacucho, pero durante el proceso, la información no fue debidamente registrada, creando un vacío legal y administrativo.

Inscripciones Nulas y Desinformación Registral
El escándalo no se limita a omisiones y errores; también se han inscrito títulos de dominio declarados nulos por la Sentencia N° 57-74 del 12 de julio de 1974. A pesar de la nulidad, el título fue inscrito en el asiento 1 de la partida 40031516, contraviniendo el principio de legalidad registral. Este acto de inscripción ilegal burla los principios de seguridad jurídica y veracidad que deben regir los registros públicos.
Acciones Urgentes para Restaurar la Integridad del Registro
Es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para corregir estos errores y restaurar la integridad del registro. La cancelación del asiento 01 de la inscripción del título número 698 del tomo 5 del diario de fecha 9 de abril de 1915 en la partida número 40031516 es una acción urgente y necesaria. Además, debe realizarse una auditoría exhaustiva para identificar y rectificar todas las inscripciones irregulares, garantizando que solo se inscriban actos jurídicos conformes a la ley.
Impacto en la Seguridad Jurídica y Confianza Pública
La indebida inscripción de un título declarado nulo afecta gravemente los principios de publicidad material, legitimación registral e inoponibilidad. Los terceros, confiando en la información registrada, podrían realizar transacciones basadas en derechos inexistentes, generando conflictos legales y pérdidas económicas. La seguridad jurídica, que debería ser garantizada por los registros públicos, se ve seriamente comprometida, poniendo en riesgo el sistema de propiedad y las inversiones en la región.
Violaciones al Principio de Legalidad
Las irregularidades bajo la dirección de Tania M. Ramírez Quispe incluyen la omisión de una sentencia judicial firme del Juzgado de Tierras de Cangallo y la ejecutoria suprema del Tribunal Agrario de Lima, que confirmaron la propiedad de la Comunidad Campesina de Buena Vista. Esta omisión es una grave violación del principio de legalidad y del deber de respetar las resoluciones judiciales firmes, establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las graves irregularidades detectadas en los Registros Públicos de Ayacucho no solo afectan a la Comunidad Campesina de Buena Vista, sino que representan una amenaza para la seguridad jurídica de toda la región. Las autoridades deben actuar con urgencia para corregir estos errores y restaurar la confianza en el sistema registral. La comunidad de Ayacucho merece un registro público que garantice la veracidad, legalidad y seguridad en todas sus inscripciones.
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15/07/2024

LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA: RECTOR DE LA UNI ALFONSO LÓPEZ CHAU SE LANZA A LA PRESIDENCIA CON EL RESPALDO JUVENIL

En un movimiento que promete sacudir los cimientos de la política peruana, Alfonso López Chau, actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ha anunciado su candidatura presidencial para las próximas elecciones. López Chau se postula bajo la bandera del partido juvenil "Ahora Nación", una agrupación política nacida de la unión de estudiantes universitarios de diversas regiones del país. Este anuncio ha encendido la esperanza de muchos y ha puesto en alerta a los sectores tradicionales de la política peruana.

López Chau no es un rostro desconocido en la lucha social y estudiantil. Durante las protestas del 2023, el consejo universitario de la UNI, bajo su liderazgo, decidió abrir las puertas de la institución para acoger a estudiantes de provincias que no tenían dónde hospedarse mientras participaban en las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. Esta acción solidaria y valiente lo convirtió en un símbolo de resistencia y apoyo a la juventud.

"Ahora Nación" surge como un nuevo actor en la escena política, prometiendo una clase política diferente, alejada de la corrupción y de los vicios del poder que han plagado a Perú durante décadas. Esta iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes que buscan un cambio real y significativo en la conducción del país.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos la candidatura de López Chau. Los políticos tradicionales, aquellos que han hecho de la corrupción una forma de vida, perciben esta nueva propuesta como una amenaza directa a sus intereses. Se espera que desde el Congreso y otros bastiones del poder tradicional se desplieguen esfuerzos para obstaculizar el avance de López Chau y su equipo.

"Sabemos que no será fácil, que intentarán frenar nuestra marcha, pero estamos convencidos de que el Perú necesita un cambio profundo y real," declaró López Chau en su discurso de anuncio. "Este es el momento de la juventud, el momento de construir un país más justo y solidario."

El respaldo a López Chau no solo proviene de los universitarios. Diversos colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes han expresado su apoyo a esta candidatura, viendo en ella una oportunidad de renovación y esperanza.
La carrera hacia la presidencia está en marcha, y con ella, la promesa de un Perú diferente. La candidatura de Alfonso López Chau es, sin duda, un hito en la historia política del país, marcando el inicio de una nueva era donde la voz de la juventud y los principios de transparencia y justicia social podrían redefinir el futuro de la nación.

El camino será arduo, pero la revolución universitaria ha comenzado, y el Perú, expectante, observa cómo se desarrollarán los acontecimientos. ¿Será López Chau el líder que lleve al país hacia un nuevo amanecer? Solo el tiempo lo dirá.

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15/07/2024

ALBERTO FUJIMORI BUSCA LA PRESIDENCIA A PESAR DE IMPEDIMENTOS LEGALES: KEIKO FUJIMORI LO CONFIRMA
En un giro inesperado y polémico en la política peruana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado oficialmente que su padre, el exdictador Alberto Fujimori, será el candidato presidencial de su partido para las elecciones generales de 2026. La confirmación, hecha a través de un breve mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), ha generado un intenso debate sobre la legalidad y ética de su candidatura.

"Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", afirmó Keiko Fujimori, desatando una tormenta mediática. La noticia llega en un momento crítico, dado que Alberto Fujimori, de 85 años, enfrenta serias acusaciones legales y de salud. Su candidatura es vista como un desafío directo a la justicia peruana, ya que en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, pena que fue interrumpida por un indulto controvertido otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y confirmado por el Tribunal Constitucional el año pasado.

La decisión ha sido recibida con entusiasmo por la base fujimorista, que ve en Alberto Fujimori una figura de fortaleza y liderazgo, a pesar de sus múltiples problemas de salud. "Él va a hacer política hasta el último día de su vida. Si este es su plan, a mí me corresponde apoyarlo", declaró Keiko en una entrevista para Canal N, subrayando la lucidez y la voluntad de su padre para continuar en la arena política.

No obstante, la candidatura de Fujimori ha sido fuertemente criticada por juristas y analistas políticos. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, señaló que el indulto no rehabilita plenamente a Fujimori para postular a un cargo público. "El indulto no convierte a ese condenado en inocente ni borra sus antecedentes", afirmó Blume, calificando la postulación como incongruente dado el estado de salud del exdictador.

A su vez, el anuncio se produce en medio de un panorama judicial complicado para los Fujimori. Keiko enfrenta un juicio por lavado de activos relacionado con los millonarios aportes ilegales en sus campañas electorales de 2011 y 2016, en el cual el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez solicita una pena de 30 años y 10 meses de cárcel. Por su parte, Alberto Fujimori también enfrenta un proceso judicial por el caso Pativilca y otros graves delitos de lesa humanidad, además de la reciente ampliación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Chile.

Desde la clínica donde se encuentra internado tras una reciente cirugía, Alberto Fujimori emitió un mensaje asegurando su "voluntad" de "volver a trabajar por todos los peruanos". Este anuncio ha reavivado viejas heridas y debates sobre la memoria histórica y la justicia en el Perú, polarizando aún más a una sociedad ya profundamente dividida.

Con la inscripción oficial de Fujimori como candidato, el escenario político peruano se prepara para una contienda electoral cargada de tensión y controversia, donde el pasado y presente de los Fujimori volverán a ser el epicentro del debate nacional.
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15/07/2024

EL II FESTIVAL DE TORIL Y LA XXVII FERIA AGRARIA SUCRE 2024: UN VISTAZO A LA CULTURA Y ECONOMÍA LOCAL

Querobamba, Sucre — En un esfuerzo por celebrar y promover las ricas tradiciones culturales y económicas de la Provincia de Sucre, se lanzó oficialmente el II Festival de Toril y la XXVII Feria Agraria Sucre 2024. Este evento, que promete ser un hito en la vida local, se desarrollará del 26 de julio al 6 de agosto en el pintoresco distrito de Querobamba.

La ceremonia de lanzamiento, que contó con la participación de destacadas autoridades regionales y locales, subrayó la importancia de esta celebración tanto para la preservación de las costumbres como para la dinamización de la economía provincial. "Este festival no solo es una oportunidad para disfrutar de nuestras tradiciones, sino también un motor económico que impulsa a nuestros productores, artesanos y empresarios locales", señaló uno de los organizadores durante el evento.

Una Feria para Todos los Gustos
El II Festival de Toril y la XXVII Feria Agraria Sucre 2024 no solo es una vitrina para la tradición taurina de la región, sino también un espacio para la exposición de lo mejor de la agroindustria, la artesanía, la gastronomía, el folclore y el turismo de Sucre. Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta que incluye desde productos agrícolas y artesanales hasta una muestra gastronómica que promete deleitar los paladares más exigentes.

Dinamización Económica y Promoción Cultural
Este evento se presenta como una plataforma vital para los emprendedores locales. La feria agraria permitirá a los agricultores y productores de la región exhibir y comercializar sus productos, fomentando el comercio local y fortaleciendo la economía de Sucre. Además, los artesanos tendrán la oportunidad de mostrar su talento y creatividad, mientras que los chefs locales destacarán la riqueza de la cocina sucrense con platos típicos que reflejan la diversidad y la historia de la región.

Un Festival de Tradiciones y Diversión
El festival de Toril, por su parte, es una celebración vibrante que honra las tradiciones taurinas locales. Con eventos que van desde corridas de toros hasta exhibiciones folclóricas, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia cultural única que celebra la identidad de Sucre. "Este festival es un reflejo de nuestra historia y nuestras tradiciones, y estamos orgullosos de compartirlo con el mundo", afirmó un representante de la comunidad local.

Un Llamado a la Participación
Las autoridades y organizadores han extendido una cordial invitación a todos los residentes y visitantes a participar en estas celebraciones. "Queremos que todos sean parte de esta gran fiesta, que vengan y disfruten, y que apoyen a nuestros productores y artesanos. Este es un evento para todos", concluyó uno de los líderes comunitarios.

El II Festival de Toril y la XXVII Feria Agraria Sucre 2024 prometen ser más que un evento, una verdadera celebración de la cultura, la tradición y la economía local, uniendo a la comunidad y destacando lo mejor de Sucre ante el mundo.
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15/07/2024

VRAEM: CLAMOR POR JUSTICIA EN EL CASO DE FEMINICIDIO DE MARTHA INÉS VENEGAS CALLE

El distrito de Unión asiática ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), un grito silencioso de auxilio se convierte en el eco de un pedido de justicia. La Fiscalía Provincial Mixta de Pichari, encabezada por la Fiscal Adjunta Provincial Rosío Milagros Bárcena Najarro y la Asistente en Función Fiscal Ruciana Sánchez Miguel, logró la disposición de prisión preventiva por nueve meses para Clever Edivin L. M. (27), acusado del feminicidio de Martha Inés Venegas Calle (28).

Martha, una mujer llena de vida y esperanza, convivía con el ahora imputado en su hogar en el distrito de Unión Asháninka, provincia de La Convención, región de Cusco. Los detalles que emergen del caso pintan un cuadro perturbador de violencia y desesperación, marcado por los celos, el desprecio y la opresión que culminaron en una tragedia anunciada.

El preludio del horror se remonta a dos días antes del fatídico desenlace. Clever, invadido por celos y resentimiento, habría amenazado de muerte a Martha, mencionando a su anterior pareja y sus tres hijos. El 9 de julio, la hija menor de Martha fue testigo de un intento fallido de estrangulación, un acto brutal que presagió lo inevitable.

La noche del 10 de julio, entre el bullicio de una reunión familiar y el consumo de alcohol, Martha intentó poner fin a una relación plagada de maltratos físicos y psicológicos. Sin embargo, sus intentos fueron descubiertos en la madrugada del 11 de julio, cuando el presunto agresor, bajo el manto de la oscuridad, intentó acabar con su vida. Los gritos de Martha alertaron a su hija, pero la calma aparente fue solo una tregua efímera.

A las 05:00 horas, en la quietud de la madrugada, el desenlace fatal se consumó. La puerta cerrada con llave, el cuerpo de Martha hallado sin vida por su hija, envuelto en una colcha marrón y con sangre en la boca, marcaron el fin de su lucha. Desesperada, la menor intentó reanimar a su madre, pero el destino ya había sellado su cruel sentencia. El aviso a su tío y la posterior confirmación del deceso por las autoridades locales sumaron una nueva página al trágico expediente de la violencia de género.

Horas después, Clever Edivin L. M. fue capturado por la policía, poniendo fin a su intento de huida. Ahora, enfrentará un proceso judicial que busca no solo justicia para Martha Inés Venegas Calle, sino también un mensaje contundente contra la violencia que amenaza la vida y la dignidad de tantas mujeres en nuestro país.
Este caso, más que una historia de crimen, es un llamado a la reflexión y a la acción. En memoria de Martha y de todas las víctimas de feminicidio, la sociedad debe unirse en un clamor inquebrantable por justicia, protección y equidad. La voz de Martha no se apaga; resuena en cada rincón del VRAEM, en cada corazón que exige un mundo sin violencia, donde las mujeres puedan vivir libres y seguras.

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29/05/2024

MINISTERIO PUBLICO ALLANA NUEVE VIVIENDAS DE FUNCIONARIOS ACUSADOS DE DESVIAR MÁS DE TRES MILLONES DE SOLES DEL PRESUPUESTO REGIONAL Y CUATRO OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
En un escandaloso giro,el Primer Despacho Especial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, ha lanzado un mega operativo que destapa una red de corrupción que compromete a altos funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho. Según los documentos recabados por el Ministerio Público, los investigados habrían destinado ilícitamente más de tres millones trescientos mil soles al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) entre los años 2019 y 2021, configurando el presunto delito de peculado doloso agravado.

El operativo, que incluyó el allanamiento de nueve viviendas y cuatro oficinas gubernamentales, revela una trama de corrupción que parece extraída de una novela de ficción, pero que tristemente refleja la realidad cotidiana de la gestión pública en Ayacucho. Los altos cargos involucrados incluyen desde el director de la Oficina Regional de Administración hasta el director de la Oficina de Asesoría Jurídica, pasando por otros puestos clave en la administración regional.

Asimismo, se supo que los investigados dueños de las viviendas allanadas ostentaban los siguientes cargos: Alixis Velasquez Cayampi (49), director de la Oficina Regional de Administración; Fernando Ataucusi Conga (69), director de la Oficina de Contabilidad; Luis Rivera Medina (64), director de la Oficina de Recursos Humanos; Juan Ruperto Muñoz Medina (70), apoyo en la elaboración de planillas del CAFAE perteneciente a la Oficina de Recursos Humanos; Elsa Vega Oré (53), directora de la Oficina de Contabilidad; Juan Estaban Janampa Janampa (65), director de la Oficina de Asesoría Jurídica; Flora Zenobia Janampa Gonzales (60) miembro titular del Comité de Administración del CAFAE; Fredy Richard Herrera Mendoza (51) director de la Oficina de Recursos Humanos hasta junio de 2019; y Porfirio Huamaní Navarro (46), director de la Oficina de Recursos Humanos hasta diciembre de 2019, todos pertenecientes al Gobierno Regional de Ayacucho.
Las oficinas de Administración, Contabilidad/Tesorería, CAFAE y el Archivo General del Gobierno Regional de Ayacucho, ubicadas estratégicamente en el jirón Callao y la urbanización José Ortiz Vergara, fueron objeto de una minuciosa inspección que arrojó un caudal de pruebas, incluyendo equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y documentos cruciales para la investigación fiscal.

Este despliegue sin precedentes de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional subraya la gravedad del caso y la firmeza con la que las autoridades buscan frenar la corrupción endémica en el Gobierno Regional de Ayacucho. La población, cansada de ver cómo sus recursos son saqueados por quienes deberían protegerlos, exige justicia y transparencia en el manejo de los fondos públicos.
El Ministerio Público, por su parte, reafirma su compromiso de luchar contra cualquier acto de corrupción, aunque esta batalla apenas comienza. El reto será mantener la integridad del proceso judicial y asegurar que los responsables reciban el castigo que merecen, en un país donde la corrupción ha demostrado ser una hidra de múltiples cabezas, que requiere de esfuerzos constantes y contundentes para ser derrotada.

La ciudadanía de Ayacucho y de todo el Perú espera con ansiedad los resultados de esta investigación, que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el ámbito regional. Las autoridades están bajo la lupa, y cualquier intento de encubrimiento o manipulación será severamente juzgado por una opinión pública cada vez más consciente y exigente.
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