24/10/2025
☝️ | El Congreso aprobó ocho leyes que, según especialistas, debilitan la lucha anticorrupción y benefician a redes criminales. Estas normas, impulsadas durante el gobierno de Dina Boluarte y respaldadas por José Jerí, reducen herramientas clave como la colaboración eficaz y la detención preliminar.
Juristas y fiscales advierten que el paquete legal busca blindar a políticos y empresarios investigados por corrupción. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional revisar las normas, por contravenir tratados internacionales contra el crimen organizado.
Ley N.º 31990: la contrarreforma que limita la colaboración eficaz y favorece la impunidad.
Aprobada por insistencia en marzo de 2024, reduce drásticamente los plazos del proceso de colaboración eficaz, limitando el tiempo de la Fiscalía para verificar información en casos de corrupción y crimen organizado. Pese a las advertencias del Ministerio Público, el Congreso la aprobó con amplio respaldo, lo que, según especialistas, favorece la impunidad y debilita una herramienta clave en la lucha anticorrupción.
Ley N.º 32130: Congreso entrega la investigación preliminar a la Policía y resta funciones al Ministerio Público.
Promulgada por insistencia en octubre de 2024, transfiere la conducción de la investigación preliminar a la Policía Nacional y reduce el rol del Ministerio Público a una función de supervisión jurídica. Especialistas y la Fiscalía alertaron que esta norma rompe el modelo acusatorio, vulnera la autonomía fiscal y abre la puerta a interferencias políticas y manipulación de pruebas, debilitando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Ley N.º 32108: la norma que redefine “organización criminal” y pone trabas a los allanamientos.
Aprobada por insistencia en agosto de 2024, redefine el concepto de “organización criminal” y exige la presencia del investigado y su abogado durante los allanamientos, lo que dificulta las intervenciones y favorece la destrucción de pruebas. Según juristas y la Fiscalía, esta norma debilita la persecución del crimen organizado y beneficia a redes dedicadas a la corrupción, minería ilegal y narcotráfico.
Leyes N.º 31751 y 32104: las “leyes Soto” que reducen los plazos de prescripción penal.
promulgada en mayo de 2023, reducen a un año el plazo máximo de suspensión de la prescripción penal, incluso en delitos graves como corrupción o lavado de activos. Impulsadas por el expresidente del Congreso Alejandro Soto y aprobadas con amplio respaldo parlamentario, estas normas facilitan que numerosos casos prescriban antes del juicio, lo que, según el Ministerio Público, abre la puerta a la impunidad y debilita la lucha anticorrupción.
Ley N.º 31989: la norma que desmonta facultades clave para combatir la minería ilegal.
Promulgada en marzo de 2024, limita las facultades de la Policía para intervenir contra la minería ilegal al impedir la incautación de maquinaria y explosivos de mineros con registro suspendido. Aunque se presentó como una medida para “facilitar la formalización”, expertos advierten que favorece la impunidad y ha incrementado la actividad minera ilegal en diversas regiones del país.
Ley N.º 32181: elimina la detención preliminar y limita las investigaciones del Ministerio Público.
Aprobada en diciembre de 2024, elimina la detención preliminar en casos sin flagrancia, lo que impide arrestar a sospechosos si no son sorprendidos cometiendo el delito. Impulsada por bancadas como Fuerza Popular y Perú Libre, la norma, según fiscales y juristas, debilita las investigaciones del Ministerio Público y facilita la fuga o destrucción de pruebas en casos de corrupción y crimen organizado.
Ley 32326: Eleva los requisitos para confiscar bienes a las organizaciones criminales.
Promulgada en agosto de 2025, eleva los requisitos para confiscar bienes vinculados al crimen organizado al exigir una resolución judicial firme incluso en etapas iniciales. Según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, esta medida retrasa el decomiso de activos ilícitos y debilita la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, beneficiando a redes criminales y funcionarios investigados.
Ley 32054: Impide procesar a los partidos políticos como organizaciones criminales.
Aprobada en abril de 2024, impide que los partidos políticos sean procesados como organizaciones criminales, incluso si participan en actos de corrupción o lavado de dinero. Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por otras bancadas, la norma blinda a las agrupaciones políticas de investigaciones fiscales, limitando la responsabilidad penal a individuos y debilitando la lucha contra la corrupción política.