07/11/2025
DESTRUYEN MINAS ILEGALES EN CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y la Policía Nacional ejecutaron una intervención simultánea contra la minería ilegal en Sorochuco y Chetilla.
En una de las operaciones más contundentes del año contra la minería ilegal, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque y Cajamarca informaron la destrucción de 157 bocaminas y 110 campamentos mineros ilegales, así como la incautación y eliminación de maquinaria, insumos y materiales empleados para la extracción ilícita de minerales.
La intervención —realizada del 20 al 24 de octubre— se ejecutó en los distritos de Sorochuco (Celendín) y Chetilla (Cajamarca), con la participación de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), Operaciones Especiales (Dinoes) y la División contra la Minería Ilegal (Divcomin) de la Policía Nacional del Perú, además de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca.
Acciones coordinadas y aplicación del Decreto Legislativo N.º 1100
Durante el operativo, se detonaron y destruyeron equipos eléctricos, carros mineros, grupos electrógenos, poleas y mangueras de presión, utilizados en la actividad minera ilegal. La intervención aplicó lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1100, que prohíbe el uso de maquinaria pesada en zonas no autorizadas y habilita su destrucción inmediata.
Los fiscales adjuntos provinciales José Cruzado Zavaleta y Lourdes Ayay Suárez, quienes lideraron la diligencia, destacaron que el trabajo conjunto busca erradicar estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal que afectan gravemente los ecosistemas y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades locales.
Compromiso del Estado contra la depredación ambiental
Las FEMA de Cajamarca y Lambayeque resaltaron que estas acciones coordinadas con las fuerzas del orden evidencian el compromiso del Estado peruano en la lucha contra la minería ilegal, una de las principales fuentes de deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad en la región norte del país.
“La destrucción de estas instalaciones representa un golpe directo a las economías ilegales que operan en zonas de alta vulnerabilidad ambiental. Nuestro objetivo es proteger los recursos naturales y garantizar un futuro sostenible para las comunidades”, precisaron los fiscales a cargo.