09/10/2025
EL FIN DE UN GOBIERNO MARCADO POR LA CRISIS Y LA SOLEDAD POLÍTICA
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la vacancia de Pedro Castillo, Dina Boluarte ha enfrentado una marcada crisis de legitimidad. Su gobierno ha sido criticado por los hechos de represión en protestas sociales, acusaciones de corrupción como el polémico “caso Rolex” y por una gestión percibida como débil frente al avance de la inseguridad ciudadana. La falta de respaldo político y social ha minado su autoridad, generando un ambiente de desgaste constante. En el Congreso se vienen gestando múltiples mociones de vacancia por “incapacidad moral permanente”, bajo el argumento de que el Ejecutivo ha perdido credibilidad y liderazgo para sostener la gobernabilidad del país.
La Constitución peruana contempla la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente (artículo 113.2), mecanismo que en los últimos años se ha convertido en un instrumento recurrente para destituir mandatarios. Para que una moción sea admitida, se requieren 52 firmas de congresistas, y su aprobación definitiva necesita del voto calificado de la mayoría del pleno. En el escenario actual, bancadas clave como Fuerza Popular ya han anunciado su apoyo a la vacancia, lo que altera el equilibrio político en el Parlamento. No obstante, subsisten resistencias y pactos de conveniencia que podrían frenar momentáneamente el proceso, aunque el desgaste del gobierno parece irreversible.
La eventual vacancia de Boluarte generaría un choque institucional de alto impacto. Su salida provocaría un vacío de poder que, conforme a la ley, debería ser asumido por el presidente del Congreso. Este relevo abrupto solo profundizaría la inestabilidad política en un contexto donde los tres poderes del Estado están enfrentados y desacreditados. La tensión social podría incrementarse si sectores afines a Boluarte perciben la destitución como una maniobra política. En medio de la inseguridad creciente, la protesta ciudadana y la desconfianza generalizada, el país podría ingresar en una nueva fase de incertidumbre y debilitamiento del aparato estatal.
Desde una mirada política y electoral, los costos son altos para todas las fuerzas involucradas. Las elecciones generales de 2026 se aproximan, y la vacancia se interpreta como un movimiento estratégico más que como un acto de responsabilidad institucional. Apoyar la salida de Boluarte podría ser leído como oportunismo, mientras que defenderla significaría cargar con el desgaste de un gobierno impopular. La eventual destitución reconfiguraría alianzas, abriría nuevas candidaturas y marcaría el tono de una campaña anticipada. Pero, sin un proyecto de transición sólido, el país corre el riesgo de seguir atrapado en su ciclo de crisis política permanente.
En términos prácticos, la vacancia podría tener consecuencias inmediatas, paralización de políticas públicas, pérdida de confianza de los inversionistas, deterioro institucional y mayor incertidumbre económica. Sin embargo, también podría representar una oportunidad si el proceso se maneja con madurez y responsabilidad. Un gobierno de transición, respaldado por consensos mínimos, podría encaminar reformas urgentes en materia de seguridad, justicia y lucha anticorrupción. El desafío será enorme: reconstruir la legitimidad del Estado y recuperar la fe ciudadana en la política. Pero, en el Perú actual, esa tarea parece más cuesta arriba que nunca.
