26/11/2023
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INTERVINO GORE LAMBAYEQUE POR PRESUNTA COIMA DE S/15.000 EN OBRA DE I.E. N° 10081 - DISTRITO DE INCAHUASI
🔴 El Ministerio Público realizó diligencias en la entidad regional tras la denuncia que presentó el exgerente regional de Infraestructura Elmer Rivas, por hechos de corrupción.
Tras el inicio de la investigación por la presunta coima de S/15.000 que habrían solicitado funcionarios a empresarios de la construcción, la Fiscalía Anticorrupción intervino este viernes, 24 de noviembre, el Gobierno Regional de Lambayeque, en cuyas instalaciones realizó diligencias a fin de recabar la documentación que permita obtener elementos probatorios e identifique a los presuntos responsables del delito de cohecho pasivo propio.
La fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe llegó a la sede de la entidad regional para solicitar la documentación, a fin de desarrollar el proceso investigativo por el plazo de 120 días, el cual se inició contra los que resulten responsables.
Ninaquispe informó a los medios de comunicación que requirió a la Gerencia Regional de Infraestructura los informes relacionados con la obra educativa en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe. “En mérito de la denuncia, se procedió a recabar información en el Gobierno Regional y saber qué funcionarios estaba en las áreas (relacionadas con la ejecución de la obra), así como el estado de la obra”, remarcó la fiscal.
La representante del Ministerio Público agregó: “La información será analizada, ya que estamos en la etapa inicial de la indagación”.
LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
El exgerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque Elmer Rivas reveló que en la administración del gobernador regional Jorge Pérez habría hechos de corrupción, relacionados con el mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la institución educativa N° 10081, ubicado en el centro poblado Canchachalá, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe.
Elmer Rivas indicó que funcionarios del GORE Lambayeque, supuestamente, solicitaron S/15.000 al representante de la empresa contratista y supervisor, a cambio de no aplicar una penalidad de S/30.000 por retraso en los trabajos.
Incluso manifestó que uno de los funcionarios regionales habría pedido montos mensuales a los empresarios a fin de no molestarlos con observaciones relacionadas con los trabajos. Incluso, entre los requerimientos figuraría un celular de alta gama.
