10/07/2025
ESCÁNDALO EN TAMBOGRANDE: ALCALDE A UN PASO DE SER VACADO POR CONTRATOS A SUS APORTANTES
Un nuevo terremoto político sacude al distrito de Tambogrande. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano Frank Martín Román Valdiviezo, quien acusa al alcalde la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2023 - 2026 de Segundo Gregorio Meléndez Zurita de graves actos de corrupción y favoritismo según el contenido del expediente: N.º JNE.2025000085 al que Noticias Piura tuvo acceso. Esta decisión pone al burgomaestre al borde de la vacancia (destitución) de su cargo, tras más de un año de batalla legal y dilaciones. Los tambograndinos mantienen la respiración a la espera de la resolución final, en la que el JNE podría ordenar una nueva votación municipal o incluso vacar al alcalde directamente. Las evidencias apuntan a un esquema de contratos irregulares otorgados a aportantes de campaña, familiares y amigos del alcalde, en aparente recompensa por sus apoyos políticos.
JNE DA LUZ VERDE A LA VACANCIA
En una sesión realizada el 9 de julio de 2025, el pleno del JNE decidió a favor del apelante, declarando nulo el acuerdo municipal que había bloqueado el pedido de vacancia contra Meléndez. Este acuerdo, tomado en noviembre de 2024 por el Concejo Distrital de Tambogrande, había rechazado la solicitud de destitución alegando una “excepción por falta de legitimidad para obrar” – en otras palabras, cuestionando la condición de “vecino” del solicitante Frank Román Valdiviezo. Tal maniobra, considerada irregular, permitió al alcalde ganar tiempo y permanecer en el cargo.
Sin embargo, el máximo tribunal electoral ha tumbado esa defensa formalista y respaldó las denuncias de fondo. ¿Qué sigue ahora? Formalmente, falta que el JNE notifique su resolución por escrito. Según fuentes cercanas al proceso, en dicha resolución se declararía nulo el controvertido acuerdo concejal que favoreció al alcalde. Esto abre dos escenarios: el JNE podría devolver el caso al concejo municipal para una nueva votación sobre la vacancia, o – como exige el apelante – resolver directamente la destitución del burgomaestre dada la contundencia de las pruebas y el principio de celeridad procesal. Organizaciones civiles de Tambogrande y ciudadanos atentos al caso cruzan los dedos esperando que se cierre el ciclo de impunidad. “No es posible que desde febrero de 2024 hasta hoy no se haya logrado justicia electoral. Cada retraso solo ha servido para que el alcalde se burle de la ley y casi termine su período sin sanción”, declaró Frank Román en su más reciente escrito al JNE.
DENUNCIAS DE CONTRATOS A APORTANTES Y ALLEGADOS
El origen del escándalo se remonta al 15 de febrero de 2024, cuando Frank Martín Román Valdiviezo – vecino tambograndino – presentó ante la municipalidad un pedido formal de vacancia del alcalde Meléndez. La causal invocada: infracción a las restricciones de contratación establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades (numeral 9 del art. 22, concordante con art. 63). En términos simples, se acusó al alcalde de aprovechar su posición para beneficiar indebidamente a terceros mediante contrataciones públicas.
Según la solicitud y los expedientes posteriores, Segundo Meléndez habría utilizado la municipalidad para “beneficiar, agradecer, recompensar, pagar y favorecer” a los aportantes de su campaña electoral 2022, a sus familiares y a empresas vinculadas, mediante diversas contrataciones de bienes y servicios. Un dato llamativo es que muchos de esos proveedores jamás antes habían contratado con el Estado; varios sacaron su RUC e inscripción de proveedores recién en 2023, cuando Meléndez asumió la alcaldía
Inmediatamente después de obtener esas credenciales, empezaron a ganar contratos únicamente con la Municipalidad de Tambogrande, pese a no tener experiencia previa ni incluso estar habilitados en los rubros contratados. La lista de presuntos favorecidos es extensa. Por ejemplo, César Augusto Valdiviezo Delgado, donante de la campaña de Meléndez, obtuvo 11 órdenes de servicio por S/ 39,800 y fue colocado como adjunto en la subgerencia de Maquinarias con sueldo de S/ 3,800 mensuales. Todo ello a pesar de que, según registros oficiales, no posee título profesional ni técnico alguno. Otro caso: Edilberto Carmen Temoche, aportante a la campaña, fue contratado para alquiler de camionetas por S/ 39,800, aunque su negocio ni siquiera contempla ese servicio en su RUC. La municipalidad emitió 8 órdenes de servicio por alquiler de vehículo con él, sumando S/ 68,000 – fragmentando el monto para evadir un proceso de licitación que era obligatorio al superar las 8 UIT.
Este mismo proveedor había apoyado la campaña de Meléndez prestando la camioneta que luego el municipio le alquiló, cerrando un círculo vicioso de favores. Casos similares abundan: Frank Rigoberto Ojeda Jiménez (donante de campaña) consiguió múltiples órdenes de compra y servicio sin tener experiencia en los rubros encargados. Su hermano, Alex Joel Ojeda, creó la empresa Inversiones Danna Tam E.I.R.L. justo cuando inició la gestión de Meléndez, y dicha empresa recibió contrataciones directas en venta de insumos pese a no estar registrada en esas actividades (por ejemplo, vendió plaguicidas sin tener giro veterinario o agropecuario).
Asimismo, Jhon Elvin Suárez Arroyo, otro pequeño aportante, inscribió una empresa (Servicios Generales Ardori S.A.C.) a los dos días de que Meléndez juró al cargo; en cuestión de semanas ya estaba obteniendo órdenes de servicio y compra de la municipalidad. Antes de eso, Suárez jamás había sido proveedor estatal pero, tras aportar S/200 a la campaña, pasó a ganar contratos incluso en áreas para las que no tenía experiencia ni objeto social (fertilizantes, mobiliario, etc.). Entre los más polémicos está Amidey Antonio Varona Panta, conocido por ser músico de la agrupación musical “MELZ” (la orquesta del propio alcalde Meléndez). Varona también aportó a la campaña y, apenas cinco días después de obtener su registro de proveedor, fue contratado como “coordinador de la oficina de alcaldía” con sueldo de S/ 3,500
Cabe señalar que dicho puesto ni siquiera figura en el organigrama oficial. La situación se agrava al considerar que el hermano de Amidey, Yván Varona Panta, ya había sido designado por Meléndez como subgerente de Contabilidad al inicio de la gestión. Es decir, el alcalde colocó a dos hermanos Varona en puestos clave. La Contraloría General posteriormente detectó irregularidades en la gestión financiera relacionadas a Yván Varona, determinando perjuicio económico al municipio; pese a ello, lejos de separarlo, Meléndez lo ascendió en octubre de 2024 a jefe de la Oficina General de Administración, acumulando también la subgerencia de Contabilidad. La influencia del músico Amidey –mano derecha del alcalde en tarima e, aparentemente, en el municipio– se extendió incluso a su entorno familiar: trascendió que el suegro de Amidey, Víctor Raúl Seminario Panta, también figura como proveedor municipal. Todo esto revela una red de amiguismo donde la línea entre lo público y lo privado se difumina.
PRUEBAS DE VÍNCULOS Y CONFLICTOS DE INTERÉS
Las evidencias recopiladas por el solicitante de la vacancia apuntan a vínculos personales directos entre el alcalde y los beneficiarios de contratos. Un caso emblemático es el de Ysrael Ysaac González Sánchez, un empresario de espectáculos de la zona. González fue en el pasado empleador y socio comercial de Segundo Meléndez en su faceta de cantante (Meléndez es conocido en Piura por presentaciones musicales). Ahora, ya como alcalde, Meléndez habría beneficiado con más de S/ 800,000 en contrataciones a empresas vinculadas a González y su familia. De hecho, tres empresas –Inversiones Gonzales Panta S.A.C., Centro Recreacional El Rosedal S.R.L. y Agro Exportaciones Don Eloy E.I.R.L.– se inscribieron como proveedoras del Estado en febrero de 2023, semanas después de iniciada la gestión, y terminaron contratando exclusivamente con la Municipalidad de Tambogrande. En todas esas empresas, Ysrael González figura como gerente general y socio mayoritario. La relación entre ambos va más allá del papel. El propio JNE destaca que Meléndez, artista musical, y González, promotor de eventos, compartían escenario: el alcalde se presentaba a cantar en el local El Rosedal de propiedad de González, antes de asumir el cargo
¿El resultado? Durante la gestión de Meléndez, las empresas de González ganaron licitaciones y órdenes de servicio, incluyendo contratos directos sin concurso. Por ejemplo, la empresa de la esposa de González, Rudy Elena Panta Ojeda (cónyuge comprobada mediante acta de nacimiento de su hijo en común) obtuvo su primer contrato municipal el 7 de septiembre de 2023, recién obtenidos su RUC y registro de proveedora. No tenía experiencia en el rubro, pero eso no impidió que se le adjudicara servicios, presumiblemente por la cercanía de su esposo con el alcalde...
Un episodio ilustrativo de esta connivencia es el aniversario de Tambogrande de 2023. Para celebrar el 96º aniversario distrital, la municipalidad organizó un gran concierto gratuito en el Estadio Fernando Arámbulo Santín (20 de noviembre de 2023) con la participación estelar de la cantante internacional Paulina Tamayo.
Lo llamativo es que, siendo un evento público municipal, se permitió que la empresa Centro Recreacional El Rosedal (de González) instalara palcos VIP o “boxes” dentro del estadio y los vendiera al mejor postor, además de expender cerveza. La propia página oficial de la Municipalidad de Tambogrande promocionó la venta de estos boxes privados, brindando el número de contacto de El Rosedal para reservas, mientras aclaraba que la entrada general era gratuita.
En los días previos, El Rosedal difundió publicidad del concierto destacándose como auspiciador y anunciando que Segundo Meléndez también cantaría esa noche. Efectivamente, videos del show confirman que el alcalde subió al escenario a cantar a dúo con Paulina Tamayo, quien incluso le agradeció públicamente la invitación. Todo esto deja en evidencia que la municipalidad, bajo órdenes de Meléndez, cedió espacio y facilidades a un negocio privado de su amigo – obteniendo este último un lucro significativo por la venta de palcos – a cambio de nada para las arcas públicas. Dicho de otro modo, el alcalde antepuso la ganancia de su socio comercial por encima del interés municipal, configurando un claro conflicto de interés.
Este hecho, documentado en videos y fotografías incorporados al expediente, constituye una prueba contundente de la intervención directa del alcalde en favorecer a González. Otra prueba reveladora surgió el 16 de mayo de 2024, cuando ocurrió un accidente vehicular que terminó de destapar la relación contractual con González incluso después de iniciado el proceso de vacancia.
Aquel día, una camioneta roja alquilada por la Municipalidad de Tambogrande sufrió un despiste y volcadura mientras transportaba personal municipal de turismo hacia un centro poblado. El parte policial identificó que el conductor era nada menos que Ysrael Ysaac González (dueño de El Rosedal), y que el vehículo era de propiedad de su esposa Rudy Panta, alquilado al municipio.
Tres trabajadores resultaron heridos leves. Este incidente, reportado por medios locales, confirmó que aún tras ser cuestionado por contratar a su amigo, el alcalde continuó usando sus servicios y hasta permitiéndole conducir vehículos municipales. Para muchos, fue la gota que colmó el vaso: un ejemplo palpable de cómo Meléndez se burlaba de la justicia electoral, prolongando los contratos cuestionados mientras el trámite legal se dilataba.
UN AÑO DE RETRASOS Y MANIOBRAS LEGALES
El proceso para concretar la vacancia ha sido tortuoso. Tras la solicitud inicial de febrero 2024, el Concejo Municipal (compuesto por el alcalde y 11 regidores) se reunió el 25 de marzo de 2024 para votar la destitución. Allí, 9 regidores votaron en contra y 2 a favor de la vacancia, desestimando el pedido de Frank Román – tal como lo anunció la propia municipalidad en su página de Facebook aquel día. Ante esa derrota, Román apeló la decisión al JNE. El 9 de septiembre de 2024, el JNE emitió la Resolución N.° 0261-2024-JNE, que fue un espaldarazo para el ciudadano denunciante. En esa resolución, el Supremo Tribunal Electoral declaró nulo el acuerdo del concejo que rechazó la vacancia, considerando que no se habían valorado correctamente las pruebas ni seguido el procedimiento debido.
El JNE ordenó al concejo de Tambogrande realizar una nueva sesión extraordinaria en un plazo de 15 días hábiles para volver a votar el pedido, esta vez subsanando las omisiones. Incluso advirtió que, de no cumplir, remitiría los antecedentes al Ministerio Público para que evaluara la conducta de los regidores, insinuando posibles sanciones por encubrimiento. No obstante, la reacción en Tambogrande fue de dilatación. Pese al mandato claro, la sesión extraordinaria se postergó. El Secretario General del JNE remitió los actuados de vuelta al municipio el 4 de octubre de 2024, instando al cumplimiento. Pero pasaban las semanas sin que el concejo agendara la votación. Ante esa inercia, Frank Román decidió tomar iniciativa: el 4 de noviembre de 2024 presentó por mesa de partes municipal un escrito con nuevos medios de prueba – justamente, toda la documentación (videos, fotos, noticias) sobre los vínculos del alcalde con proveedores, tal como el JNE había indicado que se incorporase. Sorprendentemente, cuando finalmente se realizó la sesión extraordinaria (a fines de noviembre de 2024), los regidores ni siquiera consideraron las nuevas pruebas enviadas por Román, a pesar de que fueron recibidas con anticipación.
En cambio, la mayoría del concejo aceptó discutir primero una cuestión previa presentada por el abogado del alcalde: la mencionada excepción de falta de legitimidad para obrar. Básicamente, alegaron que Frank Román no sería un ciudadano habilitado para solicitar la vacancia, supuestamente porque no residiría realmente en Tambogrande.
Con esa maniobra procedimental, el concejo evitó pronunciarse sobre el fondo (los hechos de corrupción) y votó por mayoría respaldar la excepción, cerrando nuevamente el caso a favor de Meléndez. Román calificó este acto como otra artimaña dilatoria y elevó el asunto de vuelta al JNE, esta vez mediante una queja por defectos de tramitación.
Y nuevamente, el órgano electoral le dio la razón: el 2 de abril de 2025, el JNE emitió un Auto N.° 2 declarando fundada la queja contra el alcalde Meléndez y los 10 regidores que votaron con él (incluyendo a Nora Sánchez, Gerson Alcas, Maritza Riofrío, Raúl Pulache, Mercedes Ortiz, Santos Jara, Kassandra Juárez, Óscar Morán, Madai Ruesta, José Castillo y Jimmy Wong, según consta en el expediente). Esta dura medida evidenció que el JNE veía irregularidades y mala fe en el manejo del proceso en Tambogrande.
De hecho, Román y sus asesores señalaron que la supuesta excepción por falta de legitimidad era improcedente por extemporánea: Meléndez ya había sido notificado de la solicitud de vacancia en febrero de 2024, luego entonces tenía un plazo muy breve para cuestionar formalidades. Presentar esa excepción en noviembre 2024 – nueve meses tarde – violaba el principio de preclusión (como lo han establecido anteriores jurisprudencias del JNE, citando las Resoluciones 3952-2022-JNE y 0316-2021-JNE). Por ende, correspondía rechazarla de plano.
Pero el concejo tambograndino la acogió, aparentemente con el fin de que el JNE otra vez tuviera que anular el acuerdo y regresar todo a foja cero. Este ciclo perverso, alegaba Román, buscaba ganar tiempo hasta que el alcalde acabara su periodo sin nunca responder por las acusaciones.
“Solo se busca que nuevamente el JNE declare nulo dicho acuerdo y vuelva a sede municipal; lo único que traerá es que el alcalde se perennice de manera ilegal y termine su gestión sin sanción”, advirtió en uno de sus escritos. Tras año y medio de idas y venidas, la frustración ciudadana creció. La sensación en Tambogrande era que el caso se llenó de “acciones dilatorias, manejo de adherentes (ciudadanos que apoyaban al alcalde), agresiones en la sesión de concejo, hasta negociaciones bajo la mesa” – todos ingredientes de una trama para impedir que la justicia alcance al alcalde. Recién con la reciente decisión de julio 2025 del JNE se vislumbra una recta final.
“MUNICIPALIDAD S.A.”: CORRUPCIÓN BAJO LA LUPA
El cúmulo de hechos revelados en este proceso dibuja lo que algunos llaman ya la “Municipalidad S.A.” de Tambogrande: una gestión pública manejada con criterios empresariales privados al servicio de un grupo cercano al alcalde. Según la resolución del JNE, “concurren los tres elementos” que configuran la causal de vacancia – es decir, hay beneficiario favorecido indebidamente, voluntad del alcalde de favorecerlo y un perjuicio económico al municipio.
Los contratos otorgados a aportantes y allegados no solo agradecieron lealtades políticas, sino que implicaron mal uso de recursos municipales (pagos de servicios sobrevalorados o innecesarios) en detrimento de las arcas públicas. Los órganos de control ya tenían el ojo en Tambogrande. La Contraloría General de la República publicó en 2024 un Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta (INCO), donde la Municipalidad Distrital de Tambogrande aparece en el octavo lugar a nivel nacional entre las más comprometidas con la corrupción.
Este índice reveló decenas de funcionarios con responsabilidad administrativa y proyectos abandonados o caducos que suman más de 422 millones de soles mal gestionados. Si bien el alcalde Meléndez intentó desvincularse de ese ranking alegando que corresponde a “gestiones anteriores”, lo cierto es que su administración destacó negativamente en la evaluación. El propio Contralor General, durante una visita a Piura, mencionó a Tambogrande como un foco rojo de presuntos actos irregulares. En ese contexto, las acusaciones de Frank Román encajan en un patrón mayor.
LA DEFENSA DEL ALCALDE Y LA EXPECTATIVA FINAL
Por su parte, el alcalde Segundo Meléndez y su entorno niegan las acusaciones y las atribuyen a motivaciones políticas. Su abogado ha esgrimido que el solicitante de la vacancia, Frank Román, “no vive en Tambogrande” realmente, insinuando que solo mantiene un domicilio formal para poder presentar estas denuncias mientras reside en otra ciudad. Esta línea de defensa busca desacreditar al denunciante presentándolo como un foráneo entrometido en la política local. No obstante, documentos del expediente muestran que Román figura con DNI domiciliado en Tambogrande y hasta habría suscrito contratos de alquiler de vivienda en el distrito para demostrar su vecindad.
Cabe señalar que la Ley permite a cualquier ciudadano inscrito en el padrón electoral del municipio solicitar la vacancia de una autoridad local, por lo que el argumento de la defensa podría no tener mayor recorrido legal. Meléndez también ha afirmado públicamente que varias de las observaciones corresponden a administraciones pasadas o son “errores subsanables”. Respecto a las contrataciones de proveedores cuestionados, el alcalde no niega su cercanía con algunos de ellos, pero alega que no incurrió en ilegalidad alguna, sosteniendo que “no se puede prohibir a alguien que trabaje si cumple los requisitos”.
Sin embargo, el cúmulo de irregularidades detectadas (proveedores sin experiencia, giros incompatibles, fraccionamiento de órdenes, etc.) dibuja un panorama difícil de justificar. La población de Tambogrande, que ha seguido el caso con creciente indignación, espera un desenlace ejemplar. De confirmarse la vacancia, Meléndez sería retirado del cargo y asumiría en su lugar el teniente alcalde (salvo que este también esté involucrado, en cuyo caso correspondería al JNE designar al sucesor según ley). Sería una señal de que, a pesar de las demoras, el sistema puede sancionar la corrupción en el poder local.
“La decisión la tienen ustedes”, imploró Frank Román en su alegato final al pleno del JNE, pidiendo que no solo se declare fundado su recurso, sino que de una vez se resuelva el fondo: es decir, se destituya al alcalde sin más dilación. De lo contrario – advirtió – sería otro caso de “justicia que no llega oportunamente” y un triunfo de las tácticas obstruccionistas.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene ahora la palabra final. En medio de un clima de desconfianza en las autoridades, no solo en Piura sino en todo el país, la resolución sobre Tambogrande sentará un precedente. ¿Prevalecerá la justicia y la sanción a la autoridad que traicionó la confianza de sus votantes? ¿O se permitirá que concluya su mandato sin rendir cuentas? En Tambogrande, un distrito históricamente golpeado por la corrupción, la esperanza de un verdadero “borrón y cuenta nueva” está en juego. Los próximos días serán decisivos para marcar el rumbo de la transparencia y la legalidad en esta localidad norteña.
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